Con el objetivo de garantizar la transparencia en las designaciones y la igualdad para todas las personas que deseen acceder a la función pública, la Defensoría General de la Nación se convirtió hace un mes en la primera institución del sistema de administración de la Justicia nacional en poner en marcha un mecanismo de selección del personal técnico para evaluar la idoneidad a la hora de ser designado en un cargo de ese organismo. El denominado Reglamento para el ingreso en el agrupamiento Técnico Administrativo de la institución que encabeza la defensora general Stella Maris Martínez responde a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional y a normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de todo ciudadano a acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Con la nueva reglamentación, la defensora realizará evaluaciones periódicas en plazos que no excederán los tres años, en los que se considerarán la capacidad para tipear, la ortografía y los conocimientos sobre el funcionamiento, la estructura y la misión del Ministerio Público de la Defensa.

La decisión que acaba de concretar el Ministerio Público de la Defensa, organismo encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de quienes no pueden o no quieren contratar abogados privados, apunta a poner fin al nepotismo o al simple amiguismo.

En 2010 la Defensoría aprobó el “Régimen Jurídico para los magistrados, funcionarios y empleados”, que exige “acreditar idoneidad” a los aspirantes. La novedad, que la defensora concretó por resolución 1544 del 29 de noviembre, es que fijó un procedimiento para evaluar la idoneidad, en particular de quienes vayan a ingresar como “personal permanente y no permanente en el agrupamiento ‘Técnico Administrativo’”. El objetivo, se explica en la resolución, es garantizar la transparencia en la selección de agentes y establecer un estándar de igualdad para los postulantes, tal como exige la Constitución y normas internacionales.

El flamante Reglamento para el ingreso en el agrupamiento Técnico Administrativo del Ministerio Público de la Defensa consta de siete capítulos y 27 artículos. El primero aclara que quedan exceptuados los abogados que en los últimos tres años hayan aprobado concursos para cubrir vacantes de magistrados o que rindieron exámenes para actuar como secretarios de primera instancia o como funcionarios letrados. Las convocatorias serán abiertas y públicas e incluirán información sobre la integración del Comité Permanente de Evaluación de los aspirantes. Este comité estará integrado por tres titulares y tres suplentes, a quienes elegirá la defensora entre sus magistrados y funcionarios. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en tanto, podrá designar a un veedor. Los miembros del Comité podrán ser recusados por los aspirantes, planteos que resolverá la defensora, cuya decisión no dará lugar a ningún recurso, es decir que será inapelable.

Los aspirantes a ingresar como técnicos administrativos deberán inscribirse por vía electrónica, presentando una serie de documentos, y el listado de inscritos se publicará en la web de la Defensoría. Luego deberán rendir un examen escrito que contemplará tres aspectos: tipeo en una computadora, ortografía y conocimientos sobre la Defensoría, la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el régimen jurídico que rige el funcionamiento del organismo. Una vez procesados los resultados, el Comité difundirá los puntajes de quienes hayan aprobado. Los postulantes tendrán un plazo para impugnar la calificación, que sólo podrá basarse en “arbitrariedad manifiesta, error material o vicio grave de procedimiento”. El Comité resolverá las impugnaciones y su decisión será inapelable. Luego emitirá su dictamen final, que publicará la Secretaría de Concursos.