Preocupado por la inminente caducidad de la medida cautelar que lo beneficiaba, el Grupo Clarín presentó, el 27 de noviembre pasado, otra medida cautelar en la Justicia Federal de Mar del Plata. Lo hizo a través de su empresa de cable, Cablevisión, y con el pomposo argumento de “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión de Cablevisión y el adecuado ejercicio del derecho de informar de todos los ciudadanos”. Desde entonces recibió respuestas adversas por parte del fiscal, el juez de primera instancia y el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata, quienes entendieron que no debía aceptarse la causa porque ya tramitaba, en paralelo, un caso similar en Capital Federal. Sin embargo, los jueces de esa Cámara decidieron aceptar la competencia, ignorando la conexidad con el caso pendiente de resolución en la Sala I de la Cámara Civil y Comercial. Esta semana, el tribunal marplatense deberá responder el requerimiento del fiscal general, Daniel Adler, quien adelantó su intención de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y solicitó que se le remita el expediente, algo que se hacía regularmente hasta que se modificó el procedimiento, justo a partir de este caso.

Aunque Clarín cuenta ahora con el amparo de la Justicia otorgado por los jueces Francisco de las Carreras, María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni, los abogados del multimedio vieron peligrar su situación hacia fines del año pasado y lanzaron su Plan B. La viabilidad de esa alternativa es lo que se disputa hoy en la Justicia de Mar del Plata, en manos de los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza. Desde el Gobierno aseguraron a Página/12 que se trata de un nuevo intento por conseguir “jueces amigos” que le prolonguen sus beneficios, más allá de los tres años que lleva sancionada la ley.

Esta causa paralela se abrió a fines de 2012, estuvo paralizada durante la feria de enero y volvió a reactivarse el viernes pasado, cuando Adler solicitó por escrito que se revierta la decisión de modificar la forma de notificación. Según la nota del fiscal general, cuando la Cámara resolvía un caso, enviaba el expediente junto con la resolución para que pudiera trabajar sobre él y, de considerarla oportuna, presentar una apelación. Ocurre que ahora la fiscalía quiere apelar ante la Corte, pero no cuenta con el expediente para hacerlo. En su dictamen, Adler sostiene que existe tanto “conexidad subjetiva” como “conexidad objetiva” entre las dos causas, ya que por un lado el Grupo Cablevisión es parte del Grupo Clarín y persigue el mismo objeto, evitar la aplicación del artículo 161.

“En las Cámaras federales del interior del país creen que tienen el poder para hacer lo que quieren y no ven que son temas federales, que importan a nivel nacional. El poder central está en estos temas y la Procuración está muy preocupada por esta situación”, aseguraron fuentes al tanto de la causa. Desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), también siguen con detenimiento el tema, que podría implicar un nuevo obstáculo para la aplicación integral de la ley de medios, en caso de no prosperar la causa principal. “Es una nueva irregularidad, que afecta a la Justicia Federal, y que nos muestra cómo el poderoso Grupo Clarín la condiciona y manipula”, sostuvieron fuentes kirchneristas.

Por el momento, el Grupo Clarín viene fracasando en su intento por declarar la insconstitucionalidad de la ley. La única sentencia de fondo hasta la fecha es del juez Horacio Alfonso, quien consideró constitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161 de la LdSCA. Fuentes kirchneristas descuentan que la Sala I de la Cámara fallará a favor de Clarín, como lo viene haciendo sistemáticamente, y que el caso irremediablemente terminará en la Corte. Sin embargo, posteriormente podría comenzar a tallar la causa de Mar del Plata, u otras que se hayan interpuesto y que aún se desconocen en otros tribunales. Clarín ya tuvo experiencias favorables en ese sentido desde 2009, cuando una jueza de Mendoza concedió un amparo presentado por el diputado Enrique Thomas.