Los jueces del tribunal que realizará el juicio oral por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, ya fueron definidos. Jorge Luciano Gorini, Jorge Alberto Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu son los designados para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que determinará las responsabilidades de ex funcionarios públicos, empresarios de TBA, la concesionaria del ferrocarril Sarmiento, y el maquinista de la formación que se estrelló contra el retén del andén dos en la estación cabecera de la línea.

En un primer momento, fue el Tribunal Oral Federal Número 1 el que quedó a cargo del debate público. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal decidió trasladar la causa al número 2 debido a que el otro tribunal tiene el juicio por el Plan Cóndor, por delitos de lesa humanidad.

Dos días antes de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, el juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral el expediente con la investigación acerca de lo ocurrido. El proceso de instrucción fue rápido en comparación con los tiempos que la Justicia imprimió a casos similares, como el de el incendio del boliche República Cromañón.

Su dictamen llegó luego de apelaciones y de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal, que ordenó profundizar la investigación. Bonadío imputó al maquinista Marcos Antonio Córdoba, a los dueños de la empresa concesionaria, con los hermanos Cirigliano a la cabeza, y a los funcionarios públicos responsables de controlar la actividad ferroviaria, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Ocuparán el banquillo de los acusados junto a otros 24 imputados.

El accidente ocurrió a primera hora del 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento impactó contra el parachoques en la Estación Once, cabecera de esa línea.

En otro expediente, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, se investiga el uso de los subsidios que el Estado le dio a TBA para el Sarmiento. En esa causa, el abogado querellante Gregorio Dalbón sostiene que ex funcionarios y también actuales “han sido los organizadores de una asociación criminal perfectamente coordinada para permitir que las millonarias sumas que el Estado nacional asignó durante años a la empresa Trenes de Buenos Aires S. A. hayan tenido el triste destino de ser utilizadas para el enriquecimiento de quienes participaron en dicha maniobra delictiva”.