En forma sorpresiva, un juez porteño le otorgó al Gobierno de la Ciudad una autorización para continuar con las obras del metrobús, avanzando sobre los espacios verdes de la avenida 9 de Julio hasta ahora protegidos por el fallo de otro juez. También le dio vía libre para continuar con la remoción de árboles. La medida se conoció en vísperas del fin de semana largo, de manera que los abogados, legisladores y vecinos que presentaron el recurso de amparo solicitando la protección no podrán apelar hasta el miércoles próximo. Los amparistas denunciaron ayer la “gravedad institucional” de la medida, ya que el juez modifica el fallo de un par, cuando esa atribución le corresponde a la Cámara de Apelaciones. “En el mejor de los casos, el juez ha demostrado falta de idoneidad. Lo vamos a recusar y, si corresponde, vamos a pedir que se le inicie juicio político”, anunció el abogado Pedro Kesselman, uno de los patrocinantes del amparo.

El fallo fue dictado por el juez Lisandro Ezequiel Fastman, flamante titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14. El magistrado está al frente del tribunal desde el 14 de marzo, cuando reemplazó a Guillermo Scheibler, que hasta ese momento actuaba como subrogante. El 6 de marzo último, Scheibler dictó una medida cautelar por la cual le ordenaba al gobierno porteño “abstenerse de reducir la superficie de espacios verdes parquizados con motivo de la ejecución de la obra”, aunque habilitaba continuar con los trabajos de pavimentación. De esa resolución se desprendía que el gobierno porteño debía reformular el proyecto, de manera de no reducir los espacios verdes por donde debería pasar el metrobús.

Ese fallo había sido celebrado por demandantes y demandados, quienes, sin embargo, lo apelaron ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Scheibler aceptó las apelaciones, pero nunca giró el expediente a la Cámara. Tampoco lo hizo el nuevo juez. En cambio, este magistrado modificó sin que nadie lo pidiera –al menos expresamente– la orden de “no reducir la superficie de espacios verdes parquizados”; dispuso que las obras pueden continuar y solo le pide al Gobierno de la Ciudad que “en un plazo de veinte días informe las medidas concretas que haya adoptado o fuese a adoptar para mitigar las reducciones proyectadas en la traza de la 9 de Julio”, al tiempo que avanzan las obras.

“Es decir que ya no se habla de abstenerse de reducir los espacios verdes, sino de mitigar los efectos de esa reducción, que de hecho se avala”, dijo a Página/12 Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, también partrocinante del amparo. “Cuando pasen los veinte días y el gobierno presente su informe, las plazoletas de la 9 de Julio ya pueden haber sido arrasadas”, agregó.

En efecto, “mitigar” significa “moderar, disminuir o suavizar algo riguroso”. Para los abogados, de esta manera se vulnera el artículo 27 de la Constitución porteña, que obliga a “la preservación e incremento de los espacios verdes”.

Las plazoletas que serían afectadas por la obra están ubicadas en el centro de la avenida, desde Belgrano hacia el Sur, hasta San Juan, y desde la avenida Córdoba hacia el Norte, hasta Santa Fe. “Calculamos que son unos 30 mil metros cuadrados de espacios verdes que se van a perder”, calculó Facundo Di Filippo, dirigente del Partido Social, ex legislador porteño y promotor del primer amparo en defensa de los árboles y el paisaje de la 9 de Julio.

Di Filippo advirtió sobre la coincidencia de este fallo con la promoción, desde las páginas de un diario, de un supuesto proyecto para construir “jardines verticales o colgantes” y “terrazas verdes” en edificios ubicados en el entorno del Obelisco. A propósito, las obras destinadas a reducir la superficie de la Plaza de la República, que rodea a ese monumento, ya se iniciaron.

Para los amparistas, la medida es “nula e ilegal” y la forma “unilateral” en que fue adoptada es de “gravedad institucional”. “El juez Fastman, un ‘hombre ligero’ según la traducción de su apellido, desconoce que el sistema judicial argentino tiene una doble instancia, y un fallo de primera instancia sólo puede ser revocado por la Cámara correspondiente”, explicó el abogado Kesselman en una conferencia de prensa, ayer, en la Legislatura porteña. “Esto demuestra su falta de idoneidad: lo vamos a recusar”, adelantó.

El juez además liberó el trabajo de remoción de árboles y rechazó la propuesta de los amparistas de designar un experto de la Universidad de Buenos Aires para supervisar el procedimiento del trasplante. Designó en cambio a los organismos propuestos por el Gobierno de la Ciudad: el Jardín Botánico, la Reserva Ecológica y la Agencia de Protección Ambiental, todos organismos dependientes del Estado porteño.

Junto a Di Filippo, Kesselman y Viale, estuvieron otros amparistas: el arquitecto Rodolfo Livingston, Mónica Capano, de la asociación Basta de Demoler; Nidia Marinaro, de Propamba, y la diputada María José Lubertino. Los acompañaron los legisladores Fabio Basteiro, Rafael Gentili, Alejandro Bodart, Adrián Camps, Claudia Neira y Pablo Bergel.

A los cuestionamientos por la reducción de espacios verdes se agregaron otras objeciones a la obra:

- La superposición de la traza con el recorrido de la Línea C de subterráneos.

- La falta de autorización de la Legislatura porteña para el nuevo recorrido, como ya hizo con el metrobús de Juan B. Justo, mediante una ley.

- La falta de autorización de la Secretaría de Transporte de la Nación para el cambio de recorrido de los colectivos.

- La necesidad de modificar la Ley de Tránsito para permitir la circulación inversa, “a la inglesa”, en los carriles del metrobús.

“Hemos pedido un amparo porque nos sentimos desamparados”, afirmó Livingston, quien pidió a la Justicia “sacarse la venda para ver quién está de cada lado: abogados, arquitectos y vecinos, de un lado, y del otro, un empresario disfrazado de jefe de la Ciudad.”

“Cada estación de metrobús costará 8 millones de pesos –denunció Di Filippo–. Se llamó a licitación a fines de diciembre y los sobres se abrieron el 11 de enero, el mismo día que se anunció el comienzo de las obras.” “El interés del macrismo es debilitar la línea C”, advirtió Bodart. “Es una obra faraónica que se lleva puestos monumentos emplazados por ley”, alertó Camps. “Y hasta una plaza de la cultura árabe, donada por esa comunidad”, completó Neira. “Es el producto de un modelo de gestión urbana autoritario”, definió Lubertino. “Arbitrario y falto de transparencia”, agregó Basteiro. “La ciudad es de todos, no del que gana las elecciones”, concluyó la titular de Basta de Demoler.