Después de postergar su aprobación el año pasado, el Congreso retomó la actividad en torno a la reforma de los Códigos Civil y Comercial. En ese contexto, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo) presentó ayer en el Senado sus propuestas para modificar el proyecto elaborado por la comisión de juristas encabezada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La presentación del Enotpo, una de las entidades más representativas de los pueblos originarios, contó con la participación del jurista español Baltasar Garzón, quien respaldó el documento consensuado entre más de 40 organizaciones que representan a 27 pueblos y más de mil comunidades en todo el país. El texto se divide en ocho ejes y propone modificar una veintena de artículos del nuevo Código Civil y Comercial.

“Nuestro primer paso es decir sí a la reforma porque es un código de 140 años hecho a puertas cerradas, pensado desde la discriminación y con un pensamiento individualista, el pensamiento de los que gobernaban: Mitre, Sarmiento y Roca”, explica a Página/12 uno de los integrantes del Enotpo, que trabajará con los legisladores para convencerlos de sus modificaciones.

El edificio anexo de la Cámara Alta contaba ayer con la presencia de múltiples representantes de los pueblos originarios, el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, la senadora del peronismo disidente salteño Sonia Escudero y el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita. “Han manifestado sus reivindicaciones en un documento suscripto por 40 organizaciones donde establecen la reivindicación sobre la tierra y sus derechos colectivos y su desacuerdo con algunas decisiones judiciales y la queja de la falta de atención de un sector judicial a sus demandas”, aseguró Baltasar Garzón, que fue invitado en su calidad de miembro del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de la Unesco.

Los ejes de la presentación del Enotpo son el derecho indígena, el derecho colectivo, el derecho a la preexistencia, el carácter de la personalidad jurídica de los pueblos originarios, el territorio, la posesión y la propiedad comunitaria indígena y por último la consulta y participación. En diálogo con este diario, los referentes de la entidad hicieron particular énfasis en la necesidad de no considerar a los pueblos como sujetos de derecho privado. “La personería de las comunidades tiene reconocimiento de la Constitución de 1994, la cual le otorga carácter público no estatal, como estructura institucional propia, de carácter político económico, cultural y social”, explica el proyecto del Enotpo. Hasta ahora, la Iglesia Católica es la única institución reconocida como persona jurídica de carácter público no estatal, mientras que el resto son de carácter privado como las mutuales, cooperativas y asociaciones.

Otro punto central es el vinculado con la incorporación de un proceso de consulta libre, previo e informado sobre cuestiones territoriales, basado en el Derecho a la Consulta fijado en la Constitución Nacional, en las disposiciones de Naciones Unidas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El proyecto aclara que el consentimiento libre previo e informado consiste en “la manifestación colectiva de los pueblos originarios a decidir acerca de la utilización, administración y conservación de los bienes y recursos naturales en territorio indígena”. Desde esa óptica, plantean que el territorio sea contemplado en el Código como parte de la vida indígena, abarcando tanto la tierra como el agua y los recursos naturales, en una cosmovisión mucho más amplia que la actual.