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Hacia fines de 2012 se inicia una nueva escalada de la ofensiva desatada un año antes contra el gobierno de CFK. Esta ofensiva es liderada por los sectores económicos más poderosos: aquellos que controlan los principales medios de comunicación y los segmentos clave de la producción, distribución, acopio y comercialización de bienes y servicios. Un conjunto de sectores políticos y sindicales que pretenden rescatar al “verdadero” peronismo y convertirlo en el eje aglutinador de la oposición se suma a esta ofensiva, constituyendo una alianza espuria que incluye a distintos sectores de la derecha y de la izquierda. No es casual que esto ocurra cuando se avecinan elecciones legislativas que pueden dar lugar a cambios legislativos de importancia estratégica para el país. En este contexto, el poder de veto de los sectores con mayor poder económico se ejerce creando y recreando mercados y canales “informales”: espacios que –a nivel cambiario, financiero, impositivo, etc.– operan en abierta transgresión de las normas vigentes, eludiendo así el control del Estado sobre las transferencias de ingresos y provocando una sangría de recursos indispensables para concretar las políticas del gobierno. Este poder de veto también se ejerce tejiendo ininterrumpidamente una narrativa sobre nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro que se presenta como la única verdad posible. Construida a partir de un sistemático ocultamiento de los intereses que impulsan las acciones de los diversos actores sociales, esta narrativa utiliza todo tipo de recursos para vaciar de contenido los fenómenos sociales, volviendo invisible su vinculación con determinadas relaciones de poder.

Este doble ejercicio del poder de veto cristaliza instalando la inflación en el centro de la escena política. Una inflación que se presenta totalmente desvinculada de la existencia de mercados informales o “negros”, del desabastecimiento y de determinados intereses económicos. Así, la existencia de una relación íntima y simbiótica entre el mercado informal del dólar blue y las “expectativas” de ganancias de los grupos económicos formadores de precios desaparece totalmente. Como por arte de magia, un mercado cambiario ilegal y virtual –con un caudal ínfimo de operaciones comparado con las que ocurren en el mercado oficial– pasa a regir las actividades económicas del mundo real. Los grupos monopólicos con capacidad de formar precios en puntos estratégicos de la economía transfieren a sus precios sus “expectativas” de ganancias centradas en la evolución de un dólar virtual. Y al compás de esta música –alimentada también por la especulación de aquellos cuya actividad económica facilita la tenencia de dólares–, el dólar blue se contorsiona mientras los “especialistas” y los grandes medios de comunicación explican esta danza a partir de la necesidad de ahorro de un “chiquitaje” aterrorizado por la pérdida de valor del peso. Y así como se ignora el poder decisivo que tienen los monopolios y oligopolios sobre la economía real, también se desconoce la incidencia que la capacidad de formar precios y el desabastecimiento en puntos estratégicos de las cadenas de valor tienen sobre las peripecias y corridas del propio dólar blue. La inflación, en cambio, es siempre el “resultado lógico” de las malas políticas del Gobierno.

Desde nuestra perspectiva, la inflación es hoy día expresión de la intensidad alcanzada por el conflicto principal, es decir, por el enfrentamiento entre un proyecto de sociedad y de desarrollo económico que propugna la inclusión social y la democracia participativa, y otro que impulsa la concentración del poder económico y mediático y el derecho “natural” de los monopolios y oligopolios a controlar no sólo la realidad económica sino la vida del conjunto de la sociedad. Así, los formadores de precios provocan transferencias de ingresos a su favor, reproduciendo la exclusión social y ocultando al mismo tiempo las raíces de la estructura de poder al “instalar” en la percepción y en la acción colectiva el predominio del “mundo al revés”. En este mundo, los intereses económicos y políticos de los actores sociales y del conjunto de la población se vuelven invisibles. Predomina en cambio el interés individual: la defensa del bolsillo de cada uno, independientemente de lo que pueda ocurrir con el bolsillo de los demás, incluso con el bolsillo de aquellos que comparten los mismos niveles de pobreza. Esta búsqueda de un beneficio individual impide ver que más allá de los individuos hay un conjunto social, y que la solidaridad social trasciende los intereses individuales. Se ignora entonces que una lucha que tiene por objetivo principal y único el bolsillo propio, una lucha que se aísla de otras luchas que conciernen al conjunto de la sociedad y explican el tamaño de los distintos bolsillos, lleva necesariamente al “sálvese quien pueda”, al caos, a la anarquía y al canibalismo social.

La inflación reproduce entonces al infinito la confusión respecto de sus verdaderas causas enraizadas en una estructura de poder que impulsa el canibalismo social. En el pasado, el Gobierno minimizó el problema y usó una estrategia de negociación con algunos grupos económicos. Esta estrategia no dio los resultados esperados. Ahora, el Gobierno ha decretado un control de precios a ser aplicado en los supermercados y en algunas empresas de productos electrodomésticos, e intenta bajar el precio de los bienes de consumo, disminuyendo algunos costos de los supermercados. Estas medidas, si bien han expuesto la divergencia de intereses entre distintos sectores empresarios según su ubicación en la economía, no son suficientes, ni resuelven el problema central: la formación monopólica de precios en puntos estratégicos de las cadenas de valor. Mas recientemente el Gobierno ha anunciado la posibilidad de abrir las importaciones para impedir el desabastecimiento de ciertos productos. Esto es un avance en el reconocimiento del problema; pero para que las intervenciones del Estado tengan un efecto decisivo se requiere de otro ingrediente, hasta ahora ausente. En efecto, si bien conciliar intereses y negociar entre sectores es de fundamental importancia en la vida de un país, el Estado no es un instrumento inerte y neutro: es un ámbito donde se ejercen relaciones de fuerza. Los cambios esenciales en las relaciones de fuerza se producen a partir de la participación organizada de la ciudadanía en la vida política y en la toma de decisiones. De ahí la importancia de crear canales institucionales para la participación ciudadana en el control de precios en todas las instancias de las cadenas de valor. Esto implica plantearse algo nuevo: la creación de mecanismos que permitan ejercer una democracia participativa donde, “desde abajo hacia arriba”, se ejerza el derecho y el deber de los ciudadanos a participar en la elaboración de políticas, y en el control de su gestión. Esto legitimará las políticas que se apliquen.

Ahora bien, a pesar del canibalismo social, no todo es oscuridad en la coyuntura actual. El liderazgo carismático de CFK define hoy día la agenda política, y ha contribuido a poner de relieve los grandes obstáculos a la inclusión social y a la democracia participativa. Esto ha dado lugar a una definición cada vez más explícita del conflicto principal, abriéndose así nuevas grietas en el espeso velo que oculta la estructura de poder. Por esas grietas se cuela ahora la luz que ilumina los intereses económicos y políticos que guían las acciones de los distintos actores sociales, especialmente de los grandes grupos económicos. En los últimos tiempos hemos asistido al enfrentamiento sistemático entre el Poder Ejecutivo y los medios altamente concentrados. Estos medios constituyen el Cuarto Poder de las sociedades modernas, un poder resultante de la fusión entre la concentración de la riqueza y de la información, un poder que no es votado ni es controlado por los ciudadanos. Este enfrentamiento por hacer cumplir la ley de medios, votada hace tres años en el Congreso, ha desnudado no sólo la connivencia entre los grupos económicos y los grandes medios sino, también, la enorme influencia y poder que ambos ejercen sobre el propio Poder Judicial. Todo esto ha dado impulso a un movimiento de renovación y democratización de la Justicia que ilumina los recovecos más recónditos del propio Poder Judicial.

Pero hay algo más: en la medida en que el conflicto principal se vuelve más explícito y la luz empieza a iluminar la trama de intereses que articulan la estructura de poder, también comienza a cobrar visibilidad la espesa red de relaciones “mafiosas” que, como un tejido canceroso, corroe desde hace mucho tiempo a toda la sociedad. Estas relaciones son organizadas al margen de la ley en todos los ámbitos de la vida nacional, y persiguen cuotas de influencia y poder económico y político, recurriendo al ejercicio de distintas formas de violencia e intimidación. De este modo, a través del ejercicio abierto o solapado de la coerción, estas redes mafiosas reproducen el statu quo, desparramando el miedo, el descreimiento y la intolerancia por todos los intersticios de la sociedad, y recreando la fragmentación social y la desintegración nacional. Hoy día, estas redes son cada vez más visibles y su impunidad se desnuda en la escena política. Así por ejemplo, gracias al coraje de una madre, y a su largo trabajo “desde abajo hacia arriba”, la lucha por la aparición de Marita Verón encontró en la coyuntura actual las condiciones necesarias para llevar al primer plano de la vida nacional el fenómeno de la trata y la vinculación de la misma con ciudadanos, empresarios, jueces, políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades de gobierno esparcidos en todo el ámbito nacional. Estas redes mafiosas y sus ramificaciones en el espacio público y en el privado también empiezan a ser desnudadas en el caso del narcotráfico en Santa Fe y en otras regiones del país.

Este entramado de relaciones mafiosas es un factor de erosión constante de la legitimidad institucional. Juntamente con otras formas de corrupción –como, por ejemplo, el enriquecimiento a partir del uso de la función pública; la transformación de dirigentes sindicales en patrones de empresas; la utilización discrecional de los dineros de los afiliados a beneficio de los negocios de los dirigentes, etc.– reproducen la coerción y el abuso del poder, y contribuyen a sembrar el descreimiento y el miedo. La participación ciudadana en la elaboración de políticas y en el control de gestión, desde “abajo hacia arriba” y en todos los ámbitos de la vida nacional, es el camino que permitirá desnudar estas redes mafiosas y otras formas de corrupción, y lograr la transparencia y la legitimidad institucional necesarias para profundizar la inclusión social. Sin duda alguna, éste es un camino largo; pero empezar a recorrerlo es en sí mismo un cambio radical que contribuirá a superar el canibalismo social, el miedo, el descreimiento y la intolerancia, al posibilitar la creación de ámbitos propicios para la conciliación de intereses y para la movilización de las energías colectivas hacia el logro de la unidad nacional.

* Socióloga, autora de La economía política argentina. Poder y clases sociales.