Durante la última semana empezó a cobrar forma un proyecto inédito para la región: un protocolo para coordinar una política de investigación y persecución penal contra los actores del Plan Cóndor. Esta política que empieza a pensar la organización represiva de las dictaduras en términos regionales, y a la región en una sola plataforma para articular caminos y estrategias que, a la vez, impulsen los procesos de Justicia en cada uno de los países, tiene entre los impulsores al jurista español Baltasar Garzón. “Hemos estado pensando en fórmulas de cooperación en el ámbito del Plan Cóndor entre los países de la región”, explicó Garzón. “Quizá usando mecanismos que si bien no están expresamente establecidos aún, como ocurre en Europa, permitan que cada uno de los fiscales pueda establecer un mecanismo fluido de acción y de información para el avance de las causas.”

Garzón se reunió en una mesa de trabajo con el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, y tres fiscales de la región: María Tellechea Reck, de Uruguay, que puso sobre la mesa las dificultades para avanzar en las investigaciones sobre la dictadura en su país tras las últimas disposiciones de la Corte Suprema de Justicia; el brasileño Ivan Marx, a cargo de la unidad de coordinación fiscal de las causas de la dictadura en un país donde la ley de amnistía frena los avances de la mayor parte de las causas, a la par que por otra vía el trabajo de la Comisión por la Verdad mantiene abiertos algunos canales de investigación, y el argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la investigación principal del Plan Cóndor aquí, un proceso abierto a fines de los ’90 –cuando aún estaban en vigencia las leyes de impunidad–, que abarca a unas 350 víctimas, de las cuales hay 106 casos de personas asesinadas o desaparecidas que ahora atraviesan la instancia del juicio oral. La mesa convocó además a Pablo Vassel, encargado de derechos humanos del Consejo de la Magistratura.

Las causas de lesa humanidad impulsadas en España durante la vigencia de las leyes de impunidad en la Argentina no sólo permitieron el acceso a la justicia para las víctimas sino que se convirtieron en una herramienta estratégica para empujar fronteras adentro las investigaciones suspendidas. Bajo ese mismo esquema, Remo Carlotto consideró durante la reunión que es posible pensar que las investigaciones vigentes sobre el Plan Cóndor podrían potenciarse y permitirían activar procesos de Justicia en países de la región que tienen dificultades de avanzar en estas causas. “Nosotros hicimos ya cinco encuentros en la región, donde convocamos a los operadores de los sistemas de Justicia y los organismos de derechos humanos porque vemos que no estamos todos en el mismo cuadro de situación o de voluntad política con respecto al tema”, indicó.

“Vemos una situación de recelo de cada uno de los países, como nos pasó en Uruguay o sucede en Brasil. Nosotros creemos que una propuesta de articulación de políticas puede funcionar, como pasó con tu actuación de juez en España y los efectos que tuvo sobre la situación interna de la Argentina”, le dijo Carlotto a Garzón. “En ese momento encontramos fuera del ámbito nacional un lugar donde podíamos llevar adelante los reclamos de Justicia, con la estructura de impunidad que estaba vigente acá. Uno de los comienzos más simples, en ese sentido, podría ser la articulación de información, pero no hay que olvidar que la causa de Cóndor que ahora está en juicio oral también es un elemento que debería tener impacto en cada uno de los países, para que se produzca esta apertura.”

Las formas

El proyecto, que aún es eso, aparece como la contracara del plan de coordinación de acción represiva que llevaron adelante las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Eso que hasta ahora es investigado de forma aislada por algún fiscal, especialmente en nuestro país, podría reunir a la Argentina, Brasil, Uruguay y, tal como quedó dicho, también a Chile, Paraguay y Bolivia, en una articulación para investigar y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Hasta aquí tendría el carácter de un “protocolo” y, por los acuerdos que surgieron de la reunión, el primer borrador podría estar listo a mitad de año. Uno de los marcos posibles en los que podrá encuadrarse el protocolo es el paraguas del Mercosur, porque prevé mecanismos de articulación jurídica entre los Estados. Pero también se planea apelar a experiencias similares que se llevaron adelante en Europa, al comienzo como iniciativa personal de algunos jueces y fiscales, que luego lograron quedar reglamentadas por el Parlamento Europeo.

“En los ’90, cuando no existían todavía estos mecanismos en Europa, algunos jueces españoles y franceses establecimos –dijo Garzón– modos de generar una comisión rogatoria, por ejemplo. Pero en vez de ser que yo te mandaba a ti y tú la cumplías y listo, establecimos una comisión rogatoria abierta. Eso sirvió para establecer un puente continuo que quedó abierto sin necesidad de estar haciendo una comisión cada vez. A nosotros nos vino muy bien, le llamábamos una autopista de la información porque evitaba la burocracia.”

El modo en el que empieza a pensarse el proyecto tiene dos partes. Un marco en clave política que configure y explique la entidad del Plan Cóndor y, por ende, la pertinencia de pensarlo en función de una vinculación con cada país. Y un aspecto técnico, para el cual será necesario que cada integrante releve la legislación interna para entender cómo y hasta dónde puede pensarse la articulación. “Si tú tienes casos concretos, necesitas un contexto con el cual se pueda elaborar un marco”, dijo Garzón. “Un contexto en el que tal persona haya cometido ese hecho, que no es sólo ese hecho sino que era el contexto del Plan Cóndor, que a su vez era un mecanismo de coordinación delincuencial. Ese contexto puede unir a cada uno de los países para poder hacer fluir la documentación que necesitan. Uno puede decir: ‘Tengo estos datos, necesito tales otros’. O ‘de este testimonio se puede entender tal cuestión’. El mecanismo tendrá la formalidad que permitan los mecanismos de cooperación.”

La zona gris

A ninguno de los integrantes del encuentro se le escapa que este acuerdo, que empieza a ser pensado exclusivamente en términos jurídicos, se puede topar con cuestiones de política doméstica. Los eventuales pedidos de país a país, por ejemplo, deberán a lo mejor pasar por las cancillerías de cada Estado. La Cancillería argentina ya ha dicho que podría resolver ese tipo de pedidos en el mismo día, para que la autopista pueda funcionar. Nadie sabe, en cambio, qué sucederá con el resto de los países, pero quienes estuvieron en la mesa entienden que un protocolo así debería poder ir adelante, y generar ese efecto de vaso comunicante sobre el resto de las causas.

“A todos nosotros nos interesa que haya un contexto para interpretar qué es el Plan Cóndor, partiendo de cada una de las investigaciones de los diferentes países y de la documentación de los diferentes archivos”, dijo Garzón. “La idea es encontrar un mecanismo, seguramente habrá resistencias, Chile no es lo mismo que Uruguay o Brasil, pero si hay un mecanismo de cooperación jurídica interna en Latinoamérica y un marco mucho más avanzado, prácticamente tú estableces un espacio amplio de comunicación y de información, va llegar un momento en el que va a empujar a aquellos estamentos.”

Las otras miradas

Que exista un acuerdo regional fue visto como una necesidad por cada fiscal. En los hechos, a través de la causa Cóndor, el fiscal Osorio, por ejemplo, investigó el despliegue del Plan en Paraguay, Chile y Uruguay, pero en cada país se encontró con dificultades distintas. “Lo que yo veo son dificultades para articular una política de manera común de persecución criminal así como están las cosas en este momento”, dijo. “En un momento dado parece que podemos avanzar con alguna causa en uno de los países y en otro momento todo se diluye; uno se pregunta también cómo hacer con estas cuestiones que tienen que ver con nuestra Patria Grande y con algo que creo muy necesario, porque cuando estamos trabajando con Cóndor, estamos construyendo la Patria Grande sin declamarlo.”

Para la uruguaya Tellechea Reck, el posible protocolo sería extraordinario. “Nosotros no tenemos abierta una causa Cóndor, sabemos quiénes han participado, tenemos casos, entendemos qué se usó, pero no abrimos una causa. En Uruguay tenemos un proceso todavía inquisitorio. El fiscal pide procesamientos, pero no releva las pruebas; si bien tiene algún tipo de participación, no es la verdadera función que tiene que tener. Creo que una articulación como ésta sería extraordinaria y, de hecho, tengo cantidad de elementos del Plan Cóndor”, explicó. Entre otras causas, lleva adelante la de un grupo de fusilados que habían estado secuestrados en Automotores Orletti, los llevaron en avión a Uruguay y luego los asesinaron.

El brasileño Ivan Marx se mostró entusiasmado. “Hemos creado en la fiscalía general un grupo que yo coordino de fiscales que colaboran con los fiscales naturales para los casos de crímenes de lesa humanidad. En este momento está cambiando la Corte Suprema y eso trae alguna esperanza.”

En Brasil, en este momento hay cuatro causas abiertas a partir de la figura del crimen permanente, como la desaparición forzada, que sigue cometiéndose porque las víctimas continúan desaparecidas. Un resquicio similar permitió aquí, a fines de la década del ’90, la reapertura de la causa por el Plan Cóndor cuando aún estaban en vigencia las leyes de impunidad. “Con las causas así planteadas hemos podido avanzar sin necesidad de discutir la amnistía, pero aun así ponemos en los fundamentos que se trata de crímenes de lesa humanidad y los acusados deben ser procesados, citamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros ejemplos.” Luego de explicar además el rol de la Comisión por la Verdad, propuso hacer una red de información y un taller de trabajo en Brasil para mediados de año.