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Analizar el proceso de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado en la Argentina requiere enfocarse en las conexiones y sinergias con contextos regionales y globales. Los avances del derecho internacional de los derechos humanos en la región y en el mundo fueron el marco para que las organizaciones locales condujeran su lucha contra la impunidad y por la posibilidad de juzgar domésticamente a los responsables.

La importancia del contexto regional se evidencia también en la necesidad de investigar la coordinación de las distintas estructuras represivas de las dictaduras del Cono Sur en el Plan Cóndor para perpetrar secuestros, asesinatos y desapariciones sin que las fronteras nacionales fueran un obstáculo. Hoy podemos decir no sólo que la región experimenta uno de los juicios más significativos en el que se juzgan responsables argentinos y uruguayos por este plan, sino que existe una nueva coordinación entre actores, esta vez en materia de estrategia e intercambios para la resolución de los múltiples obstáculos que enfrentan las investigaciones.

Los datos relativos a los avances y retrocesos de este proceso de justicia regional que se presentan aquí son el producto de una red latinoamericana de actores que encararon un proyecto de monitoreo permanente del avance de los juicios penales. Se trata del CELS en Argentina, la Universidad Diego Portales en Chile, la Universidad George Mason, en conjunto con organizaciones locales en Perú, y el Observatorio Luz Ibarburu, que nuclea a los organismos de derechos humanos de Uruguay.

En este momento existen investigaciones activas en los cuatro países. En Argentina, Chile y Perú ya se obtuvo una importante cantidad de sentencias, mientras que en Uruguay sólo el 1 por ciento de los casos judicializados tiene sentencia. El total alcanzado en Argentina entre 2006 y 2013 es de 92; en ellas resultaron sentenciados 415 imputados (380 condenados y 35 absueltos). La proporción es inversa en Perú: en las 50 sentencias obtenidas a 2013, 133 imputados fueron absueltos y 66 condenados.

El análisis comparativo muestra que los procesos en Perú y Argentina son los más homologables: si bien no existen “megacausas” en el primero, sí hay un patrón de juzgamiento colectivo debido a los episodios represivos experimentados durante el conflicto armado (masacres de poblaciones enteras, por ejemplo). Esto hace que en muchos de los casos se juzgue a un número importante de imputados por asesinato y desaparición forzada de numerosas víctimas. La comparación en el caso chileno es más compleja: si bien a diciembre de 2012 eran más de 150 las sentencias obtenidas y en instancia final de apelación, lo cierto es que ha predominado el “juzgamiento por goteo”: incluso casos que llegaban acumulados como el conocido como “Caravana de la Muerte” fueron separados en expedientes individuales e investigados fragmentadamente.

No obstante, a diferencia de Perú y Argentina, en la mayoría de las sentencias condenatorias en Chile (93 por ciento), las penas aplicadas son notoriamente leves. Como consecuencia, menos de un tercio de los condenados cumple pena privativa de libertad; además, quienes se encuentran detenidos están en su mayoría en recintos militares. En Argentina, el 45 por ciento de los condenados lo ha sido a penas de prisión o reclusión perpetua y se encuentran en su mayoría en cárceles del servicio penitenciario.

La fragmentación y los beneficios que experimentan los imputados, junto con un bajo porcentaje de casos de sobrevivientes judicializados (2 por ciento) son los principales problemas en Chile. En Perú se enfrentan serias dificultades en términos de la valoración de la prueba: la mayoría de las sentencias son absolutorias pues existe un criterio restrictivo que descarta los testimonios de víctimas y familiares por considerarlos “parciales”. En Argentina, si bien los logros son importantes, lo cierto es que 856 procesados aún no han llegado a juicio, mientras las investigaciones continúan activas, sobre todo en relación con indagar la complicidad civil. Esto, sumado a la falta de confirmación de sentencias (15 firmes a marzo de 2013 de las 92 obtenidas), complica una perspectiva cercana de cierre del ciclo de la Justicia.

Finalmente, el caso de Uruguay es el más complejo. Sumado a que el 80 por ciento de las causas se encuentra en instancias muy incipientes del proceso, lo cierto es que ha evidenciado en los primeros meses del 2013 un giro hacia un escenario poco prometedor para su avance. En febrero, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos de la ley que anuló la Caducidad en octubre de 2011 (ley 18.831), que establecían que los crímenes de la dictadura eran de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

Sin embargo, más allá de los obstáculos enfrentados, si tenemos en cuenta cómo los juicios avanzan y cómo se desarrollan en los escenarios menos pensados (como el juicio al ex dictador José Ríos Montt y el resto de los procesos penales que están en curso en Guatemala, a pesar de las amenazas y el clima político adverso), la mirada latinoamericana de los procesos de justicia arroja resultados prometedores, mientras evidencia lo que sigue y lo que falta: instalar las capacidades necesarias para contribuir a una mejor justicia para estas y próximas víctimas, si los actores involucrados asumen el lugar en que los ha puesto la historia reciente en la región.

* Coordinadora del Area de Investigación del CELS. Este artículo es un adelanto del libro Derechos Humanos en Argentina. Informe 2013, del CELS.