En 134 y 69, una zona de cañaverales de la localidad de Los Hornos, en las afueras de La Plata, fue hallado ayer el cuerpo de una mujer. El subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, dijo que el hallazgo fue a las 10.30, en el marco de la búsqueda de Nilda Luján Godoy, de 65 años, cuya desaparición había sido denunciada el 2 de abril por sus familiares, que vieron cómo se la llevaba la correntada. Aunque todavía restan realizar los estudios pertinentes, Albarracín consideró que el cuerpo “podría ser compatible con las características de la persona (...) que estábamos buscando”. De todos modos, la confirmación la tienen que dar los peritos, una vez que se analicen las huellas dactilares y se haga el examen odontológico. Pedro y Rubén, marido y hermano de la mujer, dijeron que han reconocido el cadáver. De confirmarse que es Godoy, sería la muerte número 52 reconocida oficialmente. Por su parte, el juez Luis Arias, que el lunes dijo que debía sumarse un caso a la nómina de fallecidos, ayer sostuvo que son dos. Arias elevó a 54 la cifra, sumando a los 51 oficiales los dos señalados por él y el cuerpo hallado en Olmos.

La aparición del cuerpo redobló la polémica en torno del número total de muertes producidas por el temporal. El juez Luis Fernando Arias, que el lunes identificó como víctima fatal “número 52” a un hombre llamado Juan Carlos García –el gobierno provincial mantiene la cifra de 51 muertos–, difundió ayer el nombre Edgardo Roberto Reguera como una nueva víctima del desastre, no reconocida por el gobierno bonaerense.

Arias arremetió ayer contra el gobierno bonaerense: “Tiene un modus operandi que viene de la dictadura militar (...) ya que comete irregularidades para mantener la cifra de 51 fallecidos a causa del temporal”. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, refutó al juez Arias por considerar que “es lamentable que comparen al gobierno provincial con la dictadura militar”.

Al mismo tiempo, Carlotto aseguró que “no se está ocultando nada, no tiene ningún sentido”. El funcionario agregó que “quien haya hecho esas declaraciones tendrá que hacerse cargo”, porque consideró que es “grave” la comparación que hizo Arias cuando “hay mucho dolor en el medio y gente que sufrió y sigue sufriendo” por lo sucedido.

Carlotto aseguró que el gobernador Daniel Scioli será “el primero en informar si desgraciadamente aparece otra víctima, porque demostró que se ha puesto al hombro una desgracia (...) que es de todos los bonaerenses”. Insistió en que “la lista de muertos ha sido anunciada, no tiene por qué ocultar eso”, y opinó que “no hay política más cerca de los derechos humanos que la que tiene la provincia”. Concluyó que los presentes son “momentos en los que hay que ser cautos” porque “hay mucho dolor en el medio, y si encima vamos a agregar estos condimentos, me parece que no le estamos haciendo un favor a la gente”.

Además de las críticas, el juez Arias informó que debe sumarse a la lista de fallecidos por el temporal a un hombre que murió en la vía pública, identificado como Edgardo Roberto Reguera, DNI 4.634.218. Recalcó que esa persona “no estaba incluida en el listado oficial de fallecidos por el temporal del gobierno bonaerense”.

Arias afirma que investiga más muertes por el temporal luego de la presentación que hizo el defensor 16 del fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Plata, Julián Axat, a raíz de versiones y algunas denuncias concretas sobre la existencia de un mayor número de víctimas a las reconocidas oficialmente por el gobierno.

Ayer por la tarde, personal administrativo del cementerio de La Plata impidió el acceso a la Morgue al juez Arias. El magistrado denunció que “el responsable de la morgue del cementerio de La Plata negó el ingreso de los funcionarios judiciales asignados a las diligencias encomendadas en el marco de la presente causa, en la cual se investiga el fallecimiento y desaparición de víctimas del temporal” en La Plata. Axat hizo saber que los empleados les negaron el ingreso porque “no tenían una autorización del ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, y por ello no podían permitir el acceso de la Justicia, pero este hecho incurre en un delito penal, ya que se impidió el acceso al juez en el marco de una causa”.