El espacio “Justicia legítima” salió ayer a respaldar los seis proyectos que la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso para introducir reformas en el Poder Judicial. Los proyectos “quiebran los sistemas corporativos” e implicarán “un cambio radical”, planteó una de las referentes del espacio que reúne a jueces, fiscales y abogados, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, durante un encuentro abierto realizado ayer en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Esto sucedió a pocas horas del anuncio presidencial sobre el envío de las iniciativas al Parlamento. Y el espíritu del encuentro fue manifestar un gesto de apoyo y adhesión al proyecto de reforma judicial, según dijo a Página/12 el fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad Especial de Coordinación de Causas de Lesa Humanidad.

Los integrantes de “Justicia legítima” habían acudido el lunes a la Casa Rosada para presenciar los anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A la salida se juntaron y emitieron un comunicado en el cual expresaron que celebraban el avance con estas iniciativas que están en línea con las motivaciones originarias de la agrupación, en las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional. Según explicó uno de sus miembros, se trata de una “coincidencia de agenda respecto de las asignaturas pendientes para la reforma judicial”. Y en ese momento surgió la idea de convocar al encuentro de ayer, al que invitaron no sólo a funcionarios, sino también a empleados del Poder Judicial.

Fue así que ayer a primera hora de la tarde tomó la palabra Carlos Cruz, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, un poco como dueño de casa, porque el encuentro se realizó en la sede de esa entidad. “La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura”, afirmó Gils Carbó, quien fue la segunda en hacer uso de la palabra, al referirse al proyecto por el cual el Poder Ejecutivo propone ampliar de 13 a 19 los miembros del organismo que elige y juzga a los magistrados de todo el país y que esos miembros sean elegidos por el voto popular. Para la procuradora, la votación implicaría mayor transparencia y más participación, al tiempo que se mostró a favor de que no sean las cámaras de cada fuero las que elijan a los jueces subrogantes porque “es una herramienta de la corporación no querer gente de afuera, sino de adentro”.

Sobre el paquete de medidas propuestas por el Gobierno, la jefa de los fiscales apuntó que “estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente”. Y también consideró importante la inclusión de académicos que no sean abogados: “Incorporar más académicos implica incorporar la visión del hombre común”. Gils Carbó volvió a criticar a parte de la Justicia por el “oscurantismo de los pasillos tribunalicios” y las “redes de corrupción y servilismo que garantizan impunidad”, y concluyó expresando la esperanza de que “estas reformas se aprueben”.

También hablaron Omar Palermo, juez de Corte Suprema de Mendoza, y Fernanda López Puleio, secretaria de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. Para Palermo, la publicidad de las causas –otro de los proyectos del Ejecutivo para que se haga un registro de expedientes– implica un “mayor control para el justiciable”. E hicieron intervenciones Martín Vázquez Acuña, juez de la Cámara Correccional, y Angel Bruno, ex diputado.

A su turno, el camarista de Casación Alejandro Slokar afirmó que la reforma judicial anunciada por la Presidenta “busca una Justicia más plural e independiente” y defendió la elección popular de los jueces porque “amplía la base de la democracia”. Además, el magistrado señaló que los seis proyectos de ley buscan “democratizar la Justicia” a través de “la soberanía popular mediante el sufragio universal”. Según su criterio, “no es ningún exotismo elegir jueces mediante el voto popular” y remarcó que “nadie democráticamente puede censurar el principio participativo y representativo” de la sociedad.

Slokar enfatizó que el proyecto de democratización de la Justicia aspira a “la máxima realización de todos los derechos y a la protección de los más débiles”. En cuanto a la creación de las nuevas Cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial, el juez afirmó que esto “va a agilizar el trámite de las causas definitivamente”. Y en relación con el límite de cautelares, aclaró que se aplicaría “sólo cuando son contra el Estado” y sostuvo que esto “pone un límite razonable a las medidas”.

El fiscal Auat cerró las alocuciones. Se refirió a los cuestionamientos sobre las subrogancias, dado que él viene criticando la de Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados y quien ocupa un cargo temporal en la Cámara de Casación. “Vemos con beneplácito la discusión y tenemos que pensar en jueces más cerca de la toga que de la cachiporra”, expresó. En diálogo con Página/12, Auat recordó que la agrupación “Justicia legítima” nació para colocarse “en las antípodas de la defensa corporativa del sistema judicial que un grupo de magistrados hizo en diciembre, pocos días después del fallo sobre la ley de medios, defensa de ese Poder Judicial encerrado y de espaldas a la sociedad que hizo crisis, y buscamos que se haga visible la patología del sistema judicial”. El fiscal explicó que la agrupación tiene “un verbo común” con el proyecto oficial en tanto poseen una misma mirada respecto de una “estructura que ya no está a la altura de los tiempos, que está atravesada por otro tipo de intereses, los que siempre fueron afines a esa corporación, que siempre estuvo mirando para otro lado, que no hace autocrítica y mantuvo por cien años los mismos paradigmas, el único poder que no fue atravesado por la democracia y fue funcional a los gobiernos dictatoriales”.