Viernes, 26 de abril de 2013 | Hoy
EL PAíS › LUEGO DE MAS DE VEINTE HORAS DE DEBATE, DIPUTADOS APROBO LOS PROYECTOS DE “DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA”
Con apoyo de aliados, el oficialismo consiguió los 130 votos necesarios para aprobar la reforma de la Magistratura. Además convirtió en ley la regulación de las cautelares contra el Estado y la creación de las nuevas Cámaras de Casación.
Por Miguel Jorquera
En una sesión extenuante y tras más de veinte horas de ásperas discusiones en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró convertir en leyes dos de los seis proyectos del Gobierno para “democratizar la justicia”: el que regula las medidas cautelares contra el Estado y el que crea tres nuevas Cámaras de Casación. Antes también había aprobado la ampliación del Consejo de la Magistratura y la elección de sus miembros a través del voto popular –que ahora deberá regresar al Senado–, con un ajustado número, 130 votos sobre los 129 necesarios. Decepcionada por no haber podido revertir la votación en particular, la oposición (UCR, PJ opositor, FAP, PRO, CC y Proyecto Sur) resolvió abandonar el recinto en medio de gritos de “fraude” cuando en la votación en particular del extenso articulado el tablero marcó 128 votos positivos, a pesar que los dos diputados que no habían sido identificados por el sistema electrónico –algo habitual en las votaciones– ratificaron de viva voz su voto favorable a la reforma.
A las cinco y media de la madrugada, luego de 17 horas de debate y más de un centenar de oradores, llegó el primer test de la maratónica sesión especial en la Cámara baja: la votación de la reforma del Consejo de la Magistratura, una de las iniciativas más controvertidas del paquete de leyes sobre la Justicia que el Ejecutivo envió al Parlamento. El oficialismo salió airoso en una votación por demás ajustada que además requería la mayoría agravada de la mitad absoluta de los miembros del cuerpo (129 votos). A pesar de la rebeldía de algunos miembros de su propio bloque (los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini, el riojano Jorge Yoma y la santacruceña Blanca Blanco de Peralta), el kirchnerismo sumó 130 votos con el respaldo de sus aliados más fieles (el Frente Cívico santiagueño, Nuevo Encuentro y los neuquinos del MPN), frente a 123 de la oposición. Había en el recinto 254 diputados y apenas cuatro ausentes (tres opositores y el oficialista Martín Sa-bbatella, de licencia desde que asumió en la Afsca).
Pero antes el clima de la sesión había comenzado a caldearse. Convencidos de que podían “voltear” algunos de los 28 artículos del proyecto, el macrista Federico Pinedo, Elisa Carrió, el radical Ricardo Gil Lavedra, los peronistas anti K Graciela Camaño y Enrique Thomas reclamaron la votación “artículo por artículo”. El jefe de la bancada kirchnerista Agustín Rossi –para evitar riesgos y apurar la interminable sesión– pidió que el articulado se aprobara como un mismo capítulo y en una sola votación. El oficialismo impuso entonces su mayoría en la interpretación reglamentaria, lo que generó una airada reacción opositora (ver página 2). Dispuesto a impedir que se deslegitime la votación y seguro de contar con las manos necesarias, Rossi aceptó el desafío de votar artículo por artículo. Pero la votación del segundo artículo desató el escándalo. El tablero marcó 128 votos positivos y a pesar de que los dos diputados que no habían sido identificados por el sistema electrónico (algo habitual en las votaciones) ratificaron de viva voz su voto favorable a la reforma, la oposición se retiró del recinto al grito de “fraude”, “tramposos” y “corruptos”. El peronista opositor pampeano Sergio Pansa revoleó una botellita de agua y Rossi reaccionó yendo a buscar a los agresores. Sus propios compañeros de bancada lo pararon. Luego pidió disculpas.
Sin el grueso de la oposición en el recinto, el oficialismo aprobó todos los artículos y ratificó el segundo con el mismo número de votos: 130 frente a los 9 negativos de los opositores que se mantuvieron en sus bancas.
El cierre del debate, antes de la votación, mostró la dureza de la extensa discusión. “No cree en la República ni en la Constitución porque piensan que la Constitución debe sujetarse al poder”, arrancó el radical Ricardo Gil Lavedra para luego afirmar que la “elección popular del Consejo es imposible porque termina con jueces adictos”. “Son modificaciones para el poder y quienes lo detentan, para el Estado y para la impunidad de los funcionarios”, agregó. “Asistimos azorados a una nueva falsa gesta con relato kirchnerista al que estamos acostumbrados” y que reproduce “la nueva ‘corpo’ oficial, que abarca el 80 por ciento de los medios”, soltó el peronista anti K y ex cobista Enrique Thomas, el primer diputado en presentar un amparo contra la ley de medios en Mendoza.
“No tengo dudas de que la Corte Suprema cuando le toque, si es que le toca, va a declarar la inconstitucionalidad de lo que estamos discutiendo”, sumó Alfonso Prat Gay por la CC. La macrista Gabriela Michetti acusó al kirchnerismo de “desvirtuar la política, el Parlamento y ahora el rol de la República con la barbaridades que estamos votando”. Aseguró que había hablado con diputados oficialistas que le confesaran que votaban estas leyes con “dolor de panza”, afirmación que le valió expresiones de rechazo desde la bancada kirchnerista.
En el cierre, Rossi fue el encargado de responder los argumentos de los opositores. Recordó a quienes planteaban el riesgo de “la partidización y la politización” del Consejo de la Magistratura, que su creación en la reforma constitucional del ’94 fue “un acuerdo político” entre los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Además de marcar que la elección de consejeros en representación de jueces y abogados se disputa en listas respaldadas abiertamente por distintos partidos políticos donde sólo votan 10 mil abogados de la matrícula federal y 600 magistrados. “Queremos que ahora los elijan 20 millones de argentinos a través del voto popular”, sentenció el jefe de la bancada oficialista.
“No podemos negar los rasgos corporativos que tiene el Poder Judicial”, remarcó Rossi para insistir en que “queremos seguir y profundizar ese camino que iniciamos en 2006, por eso hemos decidido que los consejeros abogados, jueces y académicos sean elegidos por voluntad popular”. Luego cargó contra la campaña, a la que calificó como “fascista”, que un grupo de ONG realizaron sobre doce diputados “presionándolos para que voten en contra” y le reprochó a la oposición que ninguno de ellos se haya pronunciado en contra. “¡Generan un clima tan horrible que son profetas del odio, correos de malas noticias! ¡Tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, el respeto y la paz! ¡Dejen de agredir, de insultar, de descalificar!”, exclamó y recogió la euforia del oficialismo.
Después de la votación que generó el escándalo opositor y su retirada del recinto, el oficialismo continuó camino a transformar en leyes las iniciativas que reglamentan las cautelares en contra del Estado –con las incorporaciones que el Senado introdujo a pedido de distintas ONG, especialmente del CELS– y la que crea tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros federales en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y de Seguridad Social.
Sólo un puñado de diputados opositores regresó al recinto. Graciela Ocaña, Patricia Bullrich, Alicia Terada y Carrió volvieron para sumarse a los nueve opositores que se quedaron en sus bancas para presentar sus argumentos contra los otros proyectos del Ejecutivo. En la votación de ambos proyectos, el oficialismo no contó con el apoyo de sus aliados del MPN. Pero igual logró imponerse por 126 votos a 10 en las cautelares y 126 votos a 8 en la creación de las nuevas instancias judiciales. Mientras el resto de los opositores ya expresaba sus quejas antes las cámaras de TV y dilapidaba la posibilidad de poder dar vuelta alguna votación.
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