Arsenales es un predio militar de varios cientos de hectáreas, sobre la Ruta 9, en las afueras de la capital tucumana.

El Arsenal Miguel de Azcuénaga fue el centro clandestino de detención y exterminio de seres humanos más grande del noroeste argentino. Y uno de los más brutales del país. Ubicado a la orilla de la Ruta Nacional 9, en Tucumán, los prisioneros eran sometidos al sistema de “enterramiento”, “pozo” o “arbolito”: enterrados desnudos en un pozo cavado en la tierra, con la tierra mojada para compactarla y sólo la cabeza afuera. El pozo provocaba pérdida absoluta de manejo del cuerpo, grandes dolores, calambres e infecciones en la piel y muchas veces muerte por tétanos. También se aplicó allí el “arrastre”, un método por el que ataban a los prisioneros a un tractor para arrastrarlos por el suelo irregular plagado de espinas. Los colgaron de ganchos. Algunos sobrevivientes lo llaman “un pedazo del infierno”. Los represores hicieron fusilamientos y enterramientos en fosas comunes de personas aún con vida. Mañana, ese “pedazo del infierno” empezará a ser relatado judicialmente por primera vez en esa provincia, en el marco del juicio oral con 41 acusados en el banquillo.

El juicio oral que empezó en noviembre del año pasado en Tucumán concluyó la etapa de revisión de los crímenes de la Jefatura de Policía, uno de los dos espacios represivos que componen las causas de este debate. A partir de mañana, 97 víctimas, entre ellas sobrevivientes y familiares de desaparecidos, empezarán a reingresar a ese espacio. “Hasta ahora los galpones en los que funcionaron los centros clandestinos están casi intactos”, dice el fiscal Pablo Camuña que con Pablo Agustín Rovira ejercen la acusación. “Hay una fuerte evidencia de lo que pasó, pero hasta ahora nada de esto fue rozado por los testimonios judiciales –explica–, esto sigue siendo una realidad que existe sólo en el plano de los papeles, en las reconstrucciones de los peritos, en los testimonios. Con Jefatura de Policía ya hicimos la reconstrucción en la primera etapa del juicio, ahora estamos ansiosos porque empiece a pasar acá.”

De acuerdo a los datos por momentos asfixiantes que surgen de la elevación de la causa, el lugar empezó a funcionar en los primeros meses de 1976 al ser trasladados hasta ahí masivamente los secuestrados en la Escuela Universitaria de Educación Física (Eudef), en el “Reformatorio” y en el “Motel”, y en otros centros clandestinos. El lugar es un predio militar de varios cientos de hectáreas, sobre Ruta 9, en la localidad de Las Talitas de Tafí Viejo, en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Para 1976, el predio estaba ocupado parcialmente: en el sector sur estaba la compañía de Arsenales 5, dependiente de la V Brigada de Infantería de Tucumán. El CCD llamado Galpón 9 estaba en cambio hacia el norte y hacia el este.

Una calle de tierra paralela a la ruta servía de acceso al Galpón 9. Detrás de una tranquera, se abría un camino de tierra que luego se abría en dos tramos: uno conducía a la Casa Vieja donde dormían suboficiales y oficiales. En la habitación de los oficiales había una heladera con el Pentotal para inyectar a los detenidos. El otro camino llegaba hasta el Galpón. El Galpón estaba dividido en dos partes y cada una a su vez en boxes de material y de madera: unos 40 en total alojaban a los detenidos-desaparecidos.

Pese a lo absurdo que resulta hablar de escalas y de “niveles de violencia”, la enumeración de las prácticas del centro plantean algo vinculado a la brutalidad del Infierno. Picana eléctrica, parrilla sobre víctimas que “en ocasiones (eran) mojadas u obligadas a beber agua para mejorar la conductividad de la electricidad en el cuerpo y aumentar de esa manera el dolor”. Para el “submarino” “sumergían a los prisioneros con las manos atadas a la espalda en un tacho con agua, excrementos y orines hasta producirles asfixia, mientras los interrogaban aplicando incluso electricidad en el tacho, lo que llevó a la muerte de muchos”. Los “enterramientos”, el “arrastre” y el “colgamiento de los detenidos a una barra ubicada a unos tres metros de altura, sin poder tocar el suelo con los pies”, el desgarro de músculos. Colgaron a víctimas de ganchos en la pared, a veces de los testículos. Los golpeaban en todo el cuerpo, sometieron a las mujeres a violaciones sistemáticas.

“No es el objeto de esta presentación acumular relatos aberrantes unos sobre otros, pero para dar una idea siquiera aproximada de cuál era el trato al que eran sometidos los detenidos, baste mencionar un fragmento del relato” de un sobreviviente que señala: “Estaban torturando a otra persona, de noche, luego de un cruel sufrimiento, lo hacían correr con los pies esposados por uno de los perros más feroces”.

¿Por qué tanto en ese sitio? Camuña no lo sabe, pero dice que el lugar estaba en medio de la nada, alejado de todo, con prisioneros que no eran visibles ni físicamente ni auditivamente. Esa ausencia de todo, que implica además la ausencia de límites, reaparece distinta en otros centros clandestinos ubicados en planos más urbanos. En Arsenales se encontraron hasta ahora cinco fosas de enterramientos clandestinos. Están constatadas las ejecuciones de Leandro Fote, Ana Corral, Pedro y Jorge Osvaldo Rondoletto, Humberto Alfredo González y Trinidad Iramain. “Pero es ya casi seguro, a partir de la evidencia recolectada durante este año, que tal haya sido el destino de muchos otros cautivos.” En los fondos había un pozo de unos 6 metros de largo por 6 de ancho y 3 de profundidad “donde se arrojaban los cadáveres de los asesinados. Gendarmería cremaba y enterraba los cuerpos de los detenidos, que en más de una oportunidad eran incinerados aun estando con vida”. En los pozos colocaba leña, gomas de autos, aceite y según los cálculos “cada quince días mataban entre quince y veinte personas”. Los fusilamientos se hacían a la noche y participaron oficiales de alta jerarquía, como Antonio Domingo Bussi.

Arsenales fue a la vez un lugar de reunión de prisioneros de Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y también de Buenos Aires. Dicen que el cura José Eloy Mijalchyk todavía entra a las audiencias como un arzobispo vestido con una sotana. El sacerdote, que es uno de los 41 acusados del juicio, era conocido como el “padre Pepe” dentro del centro clandestino.