El ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous apeló ayer su procesamiento por falso testimonio, resuelto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral debido a las declaraciones que el diplomático realizó en la causa que investiga la existencia de una presunta “embajada paralela” en tierra bolivariana.

A través de su defensor, Alejandro Carrió, el ex funcionario apeló la decisión de Canicoba Corral, que no sólo incluyó su procesamiento por falso testimonio, sino que también impuso un embargo de 10 mil pesos sobre los bienes del diplomático. Este diario intentó consultar al diplomático por los fundamentos del planteo que realizó su defensa, pero se negó a realizar declaraciones.

La decisión del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 6 llegó en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta existencia de una asociación ilícita mediante la cual funcionarios argentinos exigían dinero a empresarios locales para concretar negocios con el gobierno venezolano durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez. El caso se conoció mediáticamente como el de la “embajada paralela” en territorio bolivariano.

Durante las declaraciones que prestó al juez federal Julián Ercolini, que investiga si existió o no esa asociación ilícita, Sadous había asegurado a la Justicia que, para poder concretar importaciones de maquinaria agrícola, los interesados debían pagar sobornos del 15 al 20 por ciento del monto de la operación.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, denunció al ex embajador en Venezuela por tales afirmaciones, que lo involucraban. El expediente cayó en manos de Canicoba Corral. Luego de ordenar y evaluar medidas de prueba, entre ellas un careo, el juez, con la intervención del secretario Miguel Ambrosio, concluyó que el diplomático mintió. Varios empresarios y funcionarios desmintieron la versión de Sadous.

La presunta existencia de hechos de corrupción en los vínculos comerciales entre Argentina y Venezuela entre 2004 y 2005 ocuparon un lugar privilegiado en la agenda de algunos medios de comunicación a mediados de 2010. Entonces, además de concurrir a la Justicia, el ex embajador difundió su versión de los hechos en el Congreso nacional y fue fuente privilegiada de medios opositores del gobierno nacional.

Para agosto de 2010, el expediente a cargo de Ercolini ya perdía impulso producto de la falta de pruebas, según informaron fuentes judiciales en aquel entonces. Al mismo tiempo, avanzaba la investigación a cargo de Canicoba Corral, a instancias del fiscal Jorge Di Lello.