La expectativa por un inminente fallo sobre la constitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura siguió creciendo en Tribunales. La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, demoró el regreso a su despacho y recién hoy se reincorporará para analizar si toma una resolución de fondo. Según señalaron fuentes judiciales, la magistrada retomará su labor luego de una semana de licencia y determinará si, con los argumentos elevados por el Ejecutivo ante los planteos de amparo radicados en su juzgado, hace lugar a los reclamos de los apelantes.

Servini no sólo debe resolver si suspende la aplicación de la ley que convoca a elecciones populares de los abogados, jueces y académicos que se postulen para integrar la Magistratura sino que se espera que –más allá del amparo– defina si la ley votada en el Congreso es constitucional. Para ello, además, la jueza evaluará si convoca a la procuradora general Alejandra Gils Carbó a pronunciarse en el expediente, luego de la negativa de dos fiscales (Jorge Di Lello y Carlos Rívolo) a expedirse sobre la cuestión. Según trascendió, el Gobierno aspira a concentrar todos los planteos judiciales contra la reforma al Consejo en el juzgado de Servini de Cubría, el único al que hizo llegar su posición.

Ayer, el Ejecutivo ratificó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el 11 de agosto, más allá de la decisión que pueda tomar la Justicia sobre la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

En las últimas horas se sumó otro pronunciamiento judicial ante presentaciones judiciales que se hicieron en distintos tribunales del país para frenar la reforma. El juez federal de San Martín, Oscar Papavero, hizo lugar a un planteo del Colegio Público de Abogados de San Isidro, que pidió una acción declarativa de certeza contra la reforma por entender que los integrantes de su agrupación debían apelar a un partido político para poder ser parte del Consejo de la Magistratura.