Desde Neuquén

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén revocó el sobreseimiento del ex gobernador neuquino Jorge Omar Sobisch, quien a fines del año pasado había sido absuelto por el delito de abuso de autoridad en la causa denominada “Zona liberada en Plaza Huincul”. Se trató de una represión que –en medio de un largo conflicto salarial que se desarrolló en junio del 2006– sufrieron decenas de docentes por parte de un grupo numeroso de hombres que se hicieron pasar por obreros de la Uocra y que el sindicato docente ATEN asegura que “fueron matones mandados por el gobernador de entonces, Sobisch”. La viuda del maestro Carlos Fuentealba se mostró satisfecha y dijo que “es el primer paso que hemos visto en mucho tiempo porque desde hace más de siete años esperábamos una muestra de neutralidad por parte de la Justicia de Neuquén”.

Los jueces Guillermo Labate y Lelia Martínez ordenaron en su fallo que el ex mandatario neuquino –a quien se lo acusa de haber ordenado a la policía provincial que no intervenga en el momento en que manifestantes docentes eran violentamente desalojados en la entrada de Plaza Huincul por supuestos hombres de la Uocra, ya que llevaban los clásicos cascos amarillos que usan los obreros de la construcción– debe seguir siendo investigado por los hechos denunciados por los abogados querellantes Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña. Es importante recordar que en un discurso pronunciado en ese mismo año 2006, el entonces gobernador Sobisch admitió haber dado la orden (de no intervención policial), pidiendo al mismo tiempo que la Justicia lo investigue por los hechos que sucedieron en la represión desatada.

“Ojalá que con este fallo la Justicia de Neuquén nos habilite en todos los aspectos a garantizar nuestro derecho como querellantes y como víctimas, ya que lo que pasó en Plaza Huincul, en el 2006, fue la antesala y el aviso sobre lo que vendría en abril del 2007, cuando en Arroyito asesinaron a mi esposo, Carlos Fuentealba”, dijo a Página/12 Sandra Rodríguez. “Nosotros lo que estamos pidiendo en la llamada causa ‘Fuentealba II’ es la investigación y la indagatoria a (el ex gobernador) Sobisch”, remarcó la docente, agregando que “desde siempre insistimos en que Sobisch debe sentarse a declarar y rendir cuentas a la Justicia como lo hace cualquier ciudadano. Esperemos que eso se concrete y que se haga realidad, porque acá en Neuquén, la Justicia nos debe desde hace muchos años esa muestra de que todos tenemos los mismos derechos”.

El ex secretario general del gremio ATEN Marcelo Guagliardo, quien en el 2006 estuvo al frente de sus compañeros en la plaza Huincul cuando sucedió la golpiza, dijo a Página/12 que “esta causa, no bien sucedieron los hechos, empezamos a trabajarla y pensábamos que se iba a un juicio oral y público hace un año atrás, pero la impunidad pudo más y se trató de anularla y de que allí (en Huincul) no había pasado nada. Eso fue un cachetazo a la Justicia que todos pedimos”. “Esto nos demuestra que el juicio puede y debe hacerse todavía y habrá que tener la misma fortaleza y convicción de que es posible encontrar justicia”, remarcó Guagliardo, quien saludó también la movilización que un grupo numeroso de docentes realizó en la mañana de ayer, frente a las puertas del TSJ “y que se mantuvo todos estos años desde ese junio del 2006”.

Finalizada la lectura del fallo, Sandra Rodríguez habló desde una improvisada tribuna a los trabajadores que desde muy temprano se juntaron frente a los tribunales neuquinos. Allí, la compañera de Fuentealba volvió a insistir para que la Justicia de su provincia cumpla con el traslado del ex policía Darío Poblete de la cárcel provincial U11 a la de orden federal U9, ubicada en la misma Neuquén capital. “El autor material de la muerte de Carlos (Fuentealba) tiene privilegios en esta provincia y se lo ha visto varias veces caminando suelto por las calles de esta ciudad, a pesar de estar condenado a perpetuidad”, expresó Sandra, insistiendo en que “la Corte Suprema de la Nación ha ratificado esta condena y el no traslado de Poblete a una cárcel federal es una burla no sólo a mí y mis hijas, sino también, principalmente, a los testigos de la causa Fuentealba I”.