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La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó documentos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) como prueba en juicio por delitos de lesa humanidad que incorpora el accionar represivo en el noroeste de la provincia. Claudia Bellingeri, perito del archivo de la ex Dippba y directora del programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la CPM, declaró en el juicio que se lleva adelante en el tribunal de San Martín. Se trata del octavo juicio de la Megacausa Campo de Mayo, que toma los casos de sobrevivientes de las ciudades de Escobar, Campana y Zárate.

“Se pudo documentar la existencia del trabajo coordinado de las fuerzas: Armada, Prefectura, Ejército y Policía Bonaerense en los procedimientos. Es muy importante porque los imputados en esta causa pertenecen a distintas fuerzas armadas y de seguridad. Presentamos los legajos de libertad vigilada que les otorgaban a las víctimas como constancias de su detención. Así quedaron refrendados los secuestros y qué fuerzas habían participado”, explicó Bellingeri.

En la audiencia estuvieron presentes los fiscales, Pablo Llonto, abogado representante de las víctimas; Ciro Annichiarico, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, y los integrantes del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral.

Durante más de dos horas se describió el accionar coordinado de la Policía Bonaerense y del Comando Militar Campo de Mayo. Además, se mostró documentación del archivo de la ex Dippba. Entre otras cosas, los papeles acreditaron que la Zona 4, a cargo de Santiago Omar Riveros (que contempla, entre otros, al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo), comenzó a funcionar en 1975. Este dato es importante porque en su defensa Riveros dice que entró en funcionamiento en agosto del ’76. También se señaló que de los operativos realizados en la Zona 4 participaron articuladamente diferentes fuerzas represivas, fundamentalmente el Ejército y la Policía Bonaerense. Eso ocurría tanto en acciones de espionaje, como de persecución, secuestro y derivación de las víctimas.

La documentación aportada revela que la Zona IV se encontraba en funcionamiento antes de la “orden de operaciones” que le diera entidad formal como tal y es ilustrativa del circuito represivo y de la acción conjunta de las fuerzas armadas y de seguridad en la zona Zárate-Campana-Escobar. También se aportó información sobre los centros clandestinos de la zona, especialmente el que se conoce como Tolueno.

Esta causa incluye un total de 29 víctimas y los imputados son Santiago Omar Riveros, jefe del Instituto de Comandos Militares de Campo de Mayo; el comisario Fernando Meneghini, a cargo de la comisaría de Escobar; el capitán de navío Sergio Buitrago y el prefecto Servando Ortega.