Hay represores de la dictadura que encontraron un modo sencillo y eficaz para evitar llegar a juicio: disfrutan de la excarcelación que le conceden los jueces de primera instancia y las cámaras federales durante la instrucción, que suele durar años, y se fugan semanas antes del comienzo del proceso oral, cuando los tribunales (algunos) ordenan su detención. A mediados de mayo fue el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo quien les hizo pito catalán a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que debieron comenzar el juicio sin el imputado. Esta semana siguió sus pasos el capitán retirado Angel Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29, quien desde el próximo 31 debería ocupar el banquillo de acusados del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Formosa. En ambos casos los magistrados hicieron oídos sordos a los reiterados pedidos de fiscales y/o abogados querellantes para detenerlos y asegurarse la presencia de los acusados en los juicios.

Spada es el principal de los diez imputados de la megacausa Carrillo. Llegó a juicio acusado por 74 privaciones ilegales de la libertad, 43 casos de tormentos y 4 desapariciones. Las querellas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la APDH pidieron su detención en febrero, “en razón del riesgo procesal que implica la libertad y la flagrante violación de las normas del derecho internacional humanitario que conlleva el estado de las presentes actuaciones”. El tribunal, que integran como subrogantes los misioneros Manuel Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Adolfo Sodá, ordenó las detenciones recién el 5 de junio, cuando fijó la fecha de inicio del juicio oral.

Cuando agentes de la Policía Federal fueron a buscar a Spada a su casa de Resistencia, Chaco, la esposa del militar les dijo que había viajado al interior de la provincia por asuntos de trabajo, informó ayer el sitio Misiones Online. Luego se realizaron allanamientos en los domicilios de sus hijos, titulares de la empresa Litoral Seguridad, quienes dijeron que el padre estaba en Rosario por problemas de salud. Finalmente, este miércoles, el tribunal que debe juzgarlo lo declaró prófugo y ordenó su captura en todo el territorio nacional. Los otros nueve imputados por su actuación en Formosa fueron detenidos: Félix Romero, Luis González y José Medina, con problemas de salud, gozan de arresto domiciliario; en cárceles federales están los militares Juan Carlos Camicha, Faustino Cabrera y Ernesto Ki-shimoto, el gendarme Mario Sosa y el policía Sergio Gil.

En el caso de Bahía Blanca, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani advirtieron varias veces sobre “el riesgo procesal concreto y real” de fuga, que de hecho se había dado antes del primer proceso, con la huida del capitán Miguel Angel García Moreno, quien sigue prófugo. Los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava se olvidaron de la vaca y volvieron a quemarse con leche: ordenaron la detención cuando el juicio era inminente y cuando Arroyo, igual que Spada, ya no estaba en su casa.