Al igual que lo hizo días atrás en La Rioja, el jefe del Ejército, César Milani, se presentó ayer ante la Justicia federal de Tucumán y negó haber participado en cualquier tipo de violación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Cuando faltan dos días para que empiece a tratarse en el Senado el pliego de su ascenso, Milani se acercó espontáneamente al juzgado para entrevistarse con el juez Daniel Bejas, ante quien negó estar involucrado en la desaparición del soldado Alberto Ledo. Posteriormente, el jefe del Ejército denunció “una campaña de desprestigio” para perjudicarlo a él, dañar la imagen del Ejército y del gobierno nacional. Por su parte, el ex preso político Ramón Olivera ratificó ante el juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, las denuncias sobre la responsabilidad de Milani en el secuestro de su padre y en hostigamientos sufridos por él durante un interrogatorio en sede judicial. Desde el gobierno nacional salió a defenderlo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien remarcó que Milani ya había sido ascendido en tres oportunidades sin que se generara esta situación.

El lunes a las 9 de la mañana la Comisión de Acuerdos del Senado comenzará el tratamiento del pliego de Cesar Milani, que en las últimas semanas se convirtió en blanco de críticas de la oposición y de algunos organismos de derechos humanos como el Serpaj, liderado por Adolfo Pérez Esquivel. Tras la difusión de dos testimonios, el de Olivera en La Rioja y el ex conscripto Alvaro Illanes en Tucumán, Milani salió a dar respuesta.

“Niego la veracidad de todos y cada uno de los hechos que algunos medios de comunicación (difundieron) en forma malintencionada, montando una campaña de desprestigio, difamatoria, con el objetivo de perjudicar mi trayectoria militar, mi buen nombre y honor, por consiguiente la imagen del Ejército y en última instancia persiguiendo un fin político, que es perjudicar al gobierno nacional”, aseguró el jefe del Ejército al salir de su encuentro con el juez Bejas, quien también se reunió ayer con una comitiva de diputados y senadores radicales que le pidieron la reapertura de la causa judicial por la desaparición del soldado Ledo.

Milani relató ayer que estuvo hace 36 años en la localidad de Monteros, en Tucumán. “Tenía 21 años y estaba en la Unidad de Ingenieros de Construcciones. Estábamos en una escuela en construcción en la localidad de Monteros con máquinas y equipos viales y nuestra tarea era reparar caminos cuando sacaban la caña y pintar escuelas. A eso nos dedicamos los 40 días”, sostuvo el jefe del Ejército y agregó que todos los que estuvieron con él eran ingenieros en construcción. “Nunca jamás tuvimos nada que ver con Inteligencia o con la parte operativa o con nada”, completó Milani, rechazando las acusaciones de Illanes, quien señaló que Ledo era su asistente.

Así como el jefe del Ejército se presentó espontáneamente ante el juez de La Rioja, Olivera se presentó ayer ante Herrera Piedrabuena y reiteró ante el magistrado lo declarado en 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos. En esa oportunidad, Olivera indicó que Milani había encabezado el operativo por el cual fue secuestrado su padre, liberado dos días después. Olivera sostuvo que reconoció a Milani porque, luego del allanamiento en que se secuestró a su padre, lo volvió a ver en el auto que lo trasladaba a él desde un centro clandestino de detención al juzgado de Roberto Catalán. Allí, el secretario del juzgado, de apellido Armatti, le preguntó a Milani por su ascendencia y en ese momento se mencionó el apellido del ahora jefe del Ejército. Según cuenta Olivera, en aquel interrogatorio, Milani lo hostigó para que se autoincriminara. Posteriormente estuvo detenido por cuatro años y medio.

Según la información recogida y difundida por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Milani no se encontraba hasta ahora imputado en ninguna causa. Habrá que esperar los próximos pasos del fiscal Horacio Salman y el juez Herrera Piedrabuena en La Rioja y del fiscal Pablo Camuña y el juez Bejas en Tucumán.

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Domingo Bordón, consideró que “no se trata de creer o no creer” sino que la Justicia debe investigar el caso, aunque calificó como “operación taquillera” la actitud de legisladores nacionales de la UCR y de dos dirigientes “menemistas”. “A la Justicia hay que ir con testimonios y pruebas, nadie puede exigir si no tiene pruebas, si las hay tendrá que ir al juzgado que corresponda”, concluyó Bordón. El gobierno de La Rioja, a cargo de Luis Beder Herrera, anunció que contrató al abogado Bernardo Lobo Bugeau de Tucumán para que se presente como querellante en la causa por la desaparición de Ledo, que se sigue en el juzgado tucumano.