El juez federal Claudio Bonadío, quien investiga la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, y las posibles responsabilidades para que se produjera, tomó declaración en los últimos días a personal del Hospital Militar Cosme Argerich, que fue desde donde huyeron. Declararon ocho personas, entre médicos y personal administrativo. Del relato que hicieron surge que cuando los dejaron en el establecimiento, los fugitivos quedaron en una sala del tercer piso donde suelen esperar ser atendidos los implicados en crímenes de lesa humanidad. Es un lugar, describieron los testigos, que no tiene medidas seguridad diferentes, que permanece con la puerta abierta, sin custodia especial y los detenidos aguardan sin estar esposados. Olivera tenía turno en dermatología y De Marchi en psiquiatría a las 10.30 de la mañana. No habría registro de quién los solicitó, pero estaban asignados. A esa hora no asistieron a las consultas, pero el personal del Servicio Penitenciario recién habría notado la ausencia cerca de las 13, cuando hizo un conteo de los presos de lesa humanidad que habían llevado. Esto implicaría que tuvieron un buen rato para escaparse. Se sospecha que la esposa de Olivera, Marta Ravasi, que trabajaba como psicóloga en el hospital, estaría implicada, pero aún no está citada en el expediente. La posibilidad de imputarla o no dependerá no sólo de las pruebas, sino del delito que analice el juez: si es “encubrimiento” podría quedar exceptuada de la adjudicación de un delito; si fuera “evasión”, no habría excepción.