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El contragolpe no tardó en llegar. El mismo día en que Luis Barrionuevo inició una batalla legal contra el Gobierno, el interventor del PAMI, Juan González Gaviola, removió a la titular de la delegación porteña de la obra social, al encontrarla responsable de una serie de irregularidades del distrito.
Se trata de Silvia Bertozzi, a cargo de la Unidad de Gestión Local número 6, de la ciudad de Buenos Aires. Las observaciones de la intervención están puestas sobre la administración de esa delegación, que tiene a cargo 1500 personas, un número que se acerca al que manejan en todo el país poderosas obras sociales como Osecac, de comercio.
En Gobierno vincularon a Bertozzi con Matilde Menéndez, la ex interventora del PAMI. Página/12 reveló los negociados en la obra social durante la gestión de la ex funcionaria menemista. Y algunos prestadores fueron sorprendidos entregando sobres que decían en su dorso “PAMI 25 por ciento”.
Sin dar mayores precisiones, el Gobierno aseguró ayer que la UGL porteña realizaba contrataciones por el doble del valor, de acuerdo al parangón efectuado con otras delegaciones del país. Y que registraba un retraso, de más de dos meses, en el pago de subsidios por fallecimientos, además de
problemas en la rendición de cuentas de fondos girados para compras de medicamentos.
Para sumar argumentos, Gaviola realizó una incursión personal en un sanatorio porteño que brinda prestaciones al PAMI, y cuyo nombre por ahora la intervención decidió mantener en reserva hasta que termine la investigación.
Según fuentes oficiales, allí se registraron pacientes ocupando camas sin sábanas, pésimas condiciones de higiene, matafuegos vencidos y numerosas quejas de familiares de los internados por mal trato. Para estas situaciones especiales ya se analiza la posibilidad de implementar multas a los prestadores, según informaron a Página/12 desde la intervención.
La remoción de un jefe de delegación no es un dato del todo sorprendente. A principio de semana el Gobierno ya había desplazado al titular de la UGL de Rosario.
Anoche, Gaviola anunció la incorporación a la plantilla del PAMI de los denominados agentes gubernamentales, un equipo de elite de profesionales de la administración pública. La difusión oficial del tema no es ingenua: estos agentes dependen de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Alberto Fernández, y por lo tanto sus sueldos no saldrán de la obra social de los jubilados.
Con esa medida, el Gobierno buscó morigerar la denuncia de Barrionuevo, quien había señalado a un grupo de asesores de Gaviola por cobrar sueldos por encima del tope de 3 mil pesos. No fue esa la única aparición pública oficial para desacreditar al polémico senador. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, exigió a Rodolfo Daer que “aclare expresamente” si Barrionuevo fue autorizado a utilizar la sede de la CGT para cuestionar la intervención del PAMI.
“Yo voy a hablar con el secretario general de la CGT; quiero una expresa aclaración sobre el hecho. Lo de Barrionuevo de utilizar la representación de la CGT me parece un exceso”, consideró el ministro.
El jefe cegetista evitó ponerse al micrófono. Pero en una conversación privada con Tomada se preocupó en despegarse del sindicalista gastronómico. El gesto fue valorado a medias: representantes del Gobierno le recordaron a Daer que sus dichos tendrían verdadero sentido si se hiciesen públicos.
Tomada no fue el único que habló de Barrionuevo. Horas antes sobre él también se refirió Gaviola. Y lo hizo con la misma frase que utilizó el día anterior ante Página/12: “Nunca más cierto el dicho ‘hay que pegarle al chancho para que el dueño aparezca’”. Aludía, claro, a la defensa queejerce el sindicalista sobre los intervenidos pese a que siempre se dijo ajeno a la obra social.