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Los llaman los tipitos: están en todos lados, a toda hora, pero atienden especialmente en las marchas. Les encanta. Suelen pararse entre la gente, pispear a los que pasan, anotar sus datos y controlar banderas como las que anoche repetían la palabra “justicia” por los crímenes de La Dársena. Finalmente el jefe de la Policía de Santiago, se animó a presentarlos. Consultado por Página/12, Rodolfo Torres explicó: “Como no podemos poner gente uniformada marchando, ponemos de civil”. Bajo esa presión y vigilados por otros 600 policías, los santiagueños repitieron ayer la marcha número quince sin figuras estelares y con más de 6.000 personas. Tal vez como nunca, el juarismo hizo algún intento para frenarlos: amplió la presencia policial, apagó las luces de la Plaza y difundió un comunicado que advertía sobre la participación de supuestos activistas en la marcha. Esto sucedía a sólo dos días de un encuentro clave: la asamblea del Colegio de Abogados que decidirá el lunes su posición sobre la intervención federal al Poder Judicial, un tema que dinamita la calma del juarismo.
Las marchas son antipáticas para buena parte de la clase política santiagueña, sin embargo, hasta ahora, no había existido una intervención directa sobre ese proceso que se masificó en los últimos 30 días. “La policía de la provincia –indicó ayer el comisario Torres a través de un insólito comunicado de prensa– cumple en informar que ante la posible presencia de activistas, los derechos y las garantías de los ciudadanos están absolutamente resguardados”.
Lo que para la policía eran activistas, para la gente de Santiago eran piqueteros del interior de la provincia que habían decidido –tal como ocurre desde hace varias semanas– sumarse a la marcha. Poco antes de la movilización y enterada del comunicado, Carina Villalba, la hermana de Patricia, una de las víctimas de La Dársena, decía: “Es una estrategia del gobierno provincial para meterle miedo a la gente que quiere ir a las marchas”. Esa “estrategia” fue difundida a tiempo: antes de la marcha y cuando faltaban apenas dos días para la asamblea del Colegio de Abogados, uno de los ámbitos más críticos del gobierno juarista, con influencia en la corporación judicial e intervención directa en el Consejo de la Magistratura. Los abogados discutirán su posición sobre los proyectos que en este momento estudia el Congreso Nacional, y esa decisión puede dinamitar la base de consenso que aún sostiene al partido gobernante.
En tanto, en la causa hubo algunas novedades. Entre otras, el juzgado del crimen de La Banda ordenó la detención de Hernán Pedregal, quien hasta ahora era el testigo protegido del caso La Dársena. Fue detenido por una causa pendiente por “robo a mano armada”, pero lo hizo después de un careo con Sebastián Flores, uno de los detenidos.