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Tres organizaciones se presentarán hoy ante la Corte Suprema para pedirle que habilite su participación como terceras interesadas (amicus curiae) en el expediente donde se discute el sistema que utiliza la Procuración General de la Nación para nombrar fiscales subrogantes en cargos que están vacantes. Si se les diera cabida, podrían aportar su análisis y argumentos. El máximo tribunal, como informó Página/12, tiene prácticamente lista una sentencia que cuestionaría el nombramiento transitorio al frente de fiscalías de funcionarios del Ministerio Público que no tienen rango de fiscales con acuerdo del Senado. Según los alcances que tenga ese fallo, podría llegar a afectar el funcionamiento de 40 fiscalías, varias a cargo de juicios de lesa humanidad y de las procuradurías que investigan lavado de dinero y violencia institucional.

Las ONG que se presentarán con un documento compartido son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). Lo primero que harán es pedirle a la Corte que abra el caso para la presentación de amicus curiae, ya que el tribunal no habilita para eso cualquier expediente. En este planteo inicial expondrán las razones por las que consideran que se trata de un tema de interés público. Si los jueces supremos le dan cabida, es posible que esto difiera el fallo que viene con chances de salir mañana.

¿Por qué la Corte Suprema opinará sobre fiscales? Porque recibió un planteo de nulidad de un dictamen presentado ante el propio tribunal por la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello, quien reemplazó a la titular de Derecho Privado de la Procuración tras su renuncia, porque era la que le seguía en jerarquía. Antonio Conrado Martino, titular de Automóviles Saavedra, es quien cuestionó la opinión fiscal que lo desfavorecía en una causa comercial. Más allá del caso puntual, la decisión de la Corte –aunque no sea retroactiva– podría impactar en otros nombramientos similares, ya sea por las disposiciones que establezca o porque habilitaría más reclamos judiciales. También afectaría las designaciones de fiscales ad hoc, que cumplen funciones de apoyo. Y tendría un impacto político, al cuestionar la gestión de la procuradora Alejandra Gils Carbó, denunciada penalmente por fuerzas de la oposición por este tipo de designaciones, pese a que las implementaron desde hace años otros procuradores.

“La Corte se estaría metiendo con facultades propias de la Procuración”, sostuvo Paula Litvachky, del CELS. “La designación de fiscales subrogantes en causas sobre crímenes de lesa humanidad ha sido muy importante y, si la Corte afecta esos nombramientos, puede haber consecuencias para el procesos de verdad y justicia”, agregó. Agustín Carrara, de Cipce, señaló que “los cuestionamientos a los fiscales subrogantes afectan la independencia del Ministerio Público, que por ley puede decidir a quién nombra y cómo se organiza”. “Se vería afectada la organización que se conformó en los últimos meses para perseguir fenómenos de criminalidad compleja, que es una gran deuda del Estado”, explicó.