“La represión sufrida el miércoles por un grupo de manifestantes que se movilizaba en rechazo al acuerdo entre la empresa petrolera Chevron y el gobierno de Neuquén, exige establecer las responsabilidades penales y políticas del hecho, así como enviar un mensaje político fuerte desde el gobierno nacional para reencauzar los principios de no represión y fortalecer la gestión política de los conflictos sociales”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado. “La represión ocurrida en la capital neuquina se inscribe en una marcada posición del gobierno local contraria al ejercicio de derechos involucrados en la protesta. Neuquén es una de las cinco jurisdicciones que no adhirieron al Acta Acuerdo ‘Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas’, presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que limita y regula el uso de armas represivas y busca favorecer la gestión política”, agregó el organismo de derechos humanos.