Ante cada aparición en un spot del candidato a senador Diego Santilli, de ahora en más aparecerá la leyenda “Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En el expediente 34874/9 el candidato Diego César Santilli incumple las medidas judiciales ordenadas”. Así lo dispuso el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo, en una causa en la que el gobierno porteño elude hace dos años hacer una obra de remodelación del camino de sirga donde se encuentra el complejo Costa Salguero. En la causa que instruye Gallardo, la gestión PRO ya perdió en segunda instancia, por lo que no hay efecto suspensivo de la medida. Gallardo, además, denunció penalmente al funcionario y les ordenó a las subconsesionarias de Costa Salguero que depositen en una cuenta judicial los cánones que pagan normalmente bajo apercibimiento de clausura.

El complejo Costa Salguero –donde Mauricio Macri decidió casarse y donde el PRO instala su bunker en cada elección– tiene una concesión que, como ya informó Página/12, es perjudicial para el Estado y muy beneficiosa para la empresa Telemetrix, que paga un canon mínimo a la Ciudad y subcontrata los locales a un precio mucho mayor. En este esquema, cuando Macri se casó allí, los vecinos perdían ocho millones por año de canon.

Gallardo instruye una causa que iniciaron el ex legislador Facundo Di Filippo y la diputada Rocío Sánchez Andía. Los dos reclamaban que se abriera el camino de sirga, que es como se llama a los 15 metros que se deben dejar entre la vera del río y las edificaciones. En agosto de 2011, Gallardo dispuso que se liberaran los obstáculos que existen y se reacondicionara el camino de sirga. El gobierno macrista se negó sistemáticamente a cumplir con la orden judicial y la apeló. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones falló en contra de la gestión PRO.

Desde entonces, el gobierno de Macri aseguró que ya había cumplido el fallo, aunque el juez constató que no era así en una inspección ocular. El juez citó luego a una audiencia, que se hizo el 28 de agosto de este año. Allí asistió Santilli, quien dijo que se había cumplido con hacer un camino “más allá de los desniveles”. El ministro de Espacio Público afirmó que en noventa días hizo un proyecto de reforma de luminarias y accesos, que sería parte del Presupuesto 2014. Di Filippo consideró que la medida seguía siendo incumplida y pidió que se le ordenara a Santilli que la cumpla en forma inmediata y no en 2014.

Luego de esta audiencia, Gallardo dictó su fallo –al que accedió este diario– en el que recuerda que el camino de sirga debió estar “reacondicionado, señalizado y con las condiciones de seguridad adecuadas” en noviembre de 2011. Contra lo que aseguró Santilli, Gallardo estimó que la inspección ocular dejó en claro que la medida cautelar “dista de ser cumplida”. Gallardo puntualizó uno por uno los incumplimientos: “No existen luminarias y en un vasto sector no hay vallado de contención, requisito mínimo para resguardar la integridad física de los transeúntes”, indicó el juez. En la zona de los locales Club Caix y Puerto Salguero, no hay forma de avanzar si no se baja al terraplén, que depende la crecida está o no cubierto de agua. Gallardo indicó que se encontró con un “deplorable estado de limpieza de todos los sectores recorridos, lo que da claras muestras de su abandono y desinterés en su conservación”.

El juez indicó que las afirmaciones de Santilli de que la medida está cumplida son “una clara afrenta a la inteligencia”. “Si cree que cumplió con la medida, debería revisar su permanencia en el cargo –agregó Gallardo–. Resulta peligroso que un funcionario pueda considerar habilitado para el público en general una faja de terreno desnivelado, ruinoso, sin barandas, sin iluminación y con elementos punto cortantes diseminados.” Gallardo advirtió que el gobierno porteño lleva otros 29 fallos incumplidos en materia de salud, educación o vivienda.

“La democracia participativa requiere de ciudadanos informados. Los habitantes de la Ciudad deben tener en claro al momento de elegir cuáles de sus representantes cumplen con la Justicia. Luego, si valoran dicho incumplimiento adecuadamente o no es harina de otro costal”, argumentó Gallardo, quien le ordenó a la Afsca y a la Dirección Nacional Electoral que ubique un cartel en los spots de Santilli informando del incumplimiento “con una voz en off y una leyenda en letras negras bien visibles”, junto con el logo del Poder Judicial. Además Gallardo ordenó que las facultades de Ingeniería y Arquitectura designen representantes para armar un proyecto viable. Además, dispuso que los fondos que cobra Telemetrix a sus subconsesionarios vayan a una cuenta judicial. Advirtió que, de incumplir este fallo, procederá a clausurar los locales. Por último, inició una denuncia penal por desobediencia.