Organismos de derechos humanos y abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad expresaron su “preocupación” ante el Consejo de la Magistratura por el proceso disciplinario contra el juez federal Daniel Rafecas, al que consideran “uno de los mejores jueces de la democracia”. El Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Regional Capital, entre otros, le enviaron una carta al juez Mario Fera, presidente del Consejo, en la cual destacan el “férreo compromiso (de Rafecas) con el impulso del proceso de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado” y su “papel clave para impulsar y de-sarrollar estrategias de investigación y ordenamiento de los procesos judiciales”.

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo investiga a Rafecas por posible mal desempeño a partir de su relación con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, cercano al vicepresidente Amado Boudou. Lejos de negar la relación, el juez reconoció que data de “hace veinte años” porque era el “mejor amigo” de su hermano menor, pero que mantuvo un intercambio de mensajes “en términos estrictamente personales”. Explicó que actuó “de buena fe”, que un juez no puede ser “inaccesible”, y aclaró que nunca “filtró información” de la causa Ciccone, en la cual Danuzzo Iturraspe “nunca fue abogado defensor” de algún acusado.

El desempeño de Rafecas “ha sido fundamental para el avance de causas centrales en la política de derechos humanos desplegada en el país desde 2003”, destaca la carta que también firman la Comisión de Homenaje a las víctimas del Vesubio, Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, la Comisión Juicio Campo de Mayo, la Asociación Civil Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Memoria Abierta y los abogados Pablo Llonto, Leonel Curutchague y Rodolfo Yanzón.

Organismos y abogados elogian a Rafecas porque “mostró un empeño atípico por dar racionalidad a este proceso de juzgamiento de violaciones masivas de derechos humanos”. A cargo de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, en la que investiga crímenes contra más de 1200 víctimas en centros clandestinos de Capital y provincia de Buenos Aires, imputó a más de 160 represores, recuerdan. Entre sus méritos destacan que, a pesar de la cantidad de víctimas, supo mantener siempre “la unidad de los hechos, afirmando que se trataba de crímenes cometidos en un contexto de ataque sistemático a la población civil”, a diferencia de otros jueces que dividían la investigación por víctimas. También elogiaron su rol en “la incorporación de un concepto amplio de tortura”, el trato “especialmente cuidadoso” con las víctimas y su participación en la Comisión Interpoderes de Lesa Humanidad, tendiente a coordinar la actuación de poderes estatales.