La causa contra policías de Córdoba sospechados de tener vinculaciones con el narcotráfico y que ha generado una tormenta política en la provincia sigue sumando nombres. El fiscal federal Enrique Senestrari, quien ayer aseguró que está dispuesto a seguir investigando “hasta donde llegue, con las pruebas que aparezcan, involucren a quien involucren”, confirmó que hay un sexto imputado en la causa principal. Se trata del comisario mayor retirado Mario Rogelio Nieto, quien hasta el año pasado se desempeñó como jefe de Lucha contra el Narcotráfico, cargo en el que fue sucedido por Rafael Sosa, preso ahora en la misma causa. Además, Sosa, que estuvo al frente de esa dependencia policial hasta que estalló el escándalo, está bajo proceso en una segunda causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por la irregular actuación que tuvo en la investigación del secuestro del amigo de uno de los dueños del local nocturno Palmira. Aunque hay sospechas de que en ese caso también está el narcotráfico en el medio, por ahora son expedientes separados.

En relación con el secuestro, Sosa tiene desde ayer dos consortes de causa. Son dos agentes de Robos y Hurtos que el fiscal tiene identificados por sus apodos “de cobertura”, ya que pertenecen a las brigadas que actúan de civil. El fiscal Senestrari dijo que tenía datos que servirán para conocer los nombres de los dos agentes, pero eludió adelantar esos datos hasta tener la confirmación de las identidades. Una fuente judicial le aclaró a Página/12 que el comisario retirado Nieto está imputado en la causa principal, aunque sigue en libertad, mientras que las otras dos personas “sólo tienen relación, al parecer, con el caso de secuestro”.

El fiscal Senestrari rechazó ayer cualquier intencionalidad política y sostuvo que se trata de una investigación sobre “actividades ilegales, como la incorporación de un agente encubierto sin autorización judicial que ocasionó gravísimos problemas, porque hubo personas que llegaron a ser condenadas por información falsa, acusadas por pruebas ilegales con procedimientos que no correspondía hacer”. Aludió, de esa forma, a Juan Viarnes, alias el Francés, quien también es investigado, aunque sigue libre –por ahora–, dado que es el “arrepentido” que con su testimonio, hace unos dos meses, dio motivos a la apertura de la causa.

Senestrari insistió en que “hay pruebas suficientes contra esos policías, y no lo digo yo. El trabajo que hace un fiscal siempre es revisado y controlado por un juez federal (en este caso Ricardo Bustos Fierro), que es el que asume la mayor responsabilidad en eso porque es el que dice: ‘Vaya, rompa la puerta, intervenga ese teléfono, detenga a esa persona, retire las cosas que resulten útiles’. Yo como fiscal las pido, el juez las lleva a cabo”.

En suma, hasta ahora, en la causa principal, están presos el ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; los oficiales Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio. Todos están imputados por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica. En este mismo proceso quedó involucrado ahora el antecesor de Sosa en la misma dependencia policial, el comisario retirado Mario Rogelio Nieto, quien sigue en libertad.

A los relevos en la cúpula de Drogas Peligrosas se sumó el pedido de carpeta médica del segundo jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Daniel Gregorio Nis. Al frente de esa Dirección General quedó en forma interina el director general de Investigaciones Criminales, Nelson Carrizo, según informaron fuentes de la Jefatura de Policía. El juez federal Bustos Fierro le tomó declaración indagatoria, ayer por la mañana, a los policías involucrados en el caso que están detenidos.

El magistrado les leyó la acusación. Cuando terminó la lectura, Sosa pidió declarar y aseguró que el “arrepentido” Juan “el Francés” Viarnes era un informante que “no tenía un rol activo”. Sosa fue el único que habló. Los otros imputados se abstuvieron de declarar. La investigación sobre la presunta vinculación de policías con el narcotráfico se conoció la semana pasada, a partir de una emisión del programa ADN, del Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, pero la investigación judicial había comenzado dos meses antes.

Sobre Viarnes, el abogado defensor de Sosa, Facundo Pérez Lloveras, dijo que su representado le comentó que no era un “agente encubierto”, sino “un informante” civil, “una persona que brindaba datos para el esclarecimiento de hechos delictivos, como delincuente que era, y los proporcionaba, porque conocía el mundo del narcotráfico”. Viarnes sigue en libertad y podría ser aportando datos a la Justicia, pero no está clara la relación que tenía con los cinco policías detenidos.

Está bajo sospecha el hecho de que Viarnes, antes de su fulgurante aparición pública, había tenido una detención en la ciudad de Río Cuarto que hoy no aparece en su prontuario. En realidad, no existe prontuario, “está totalmente limpio”, confirmaron fuentes judiciales.

Viarnes, por medio de sus vinculaciones con el mundo del delito, se encargaba de comprar autos para los policías. De esa forma se blanqueaba lo que producían los negocios ilegales de los uniformados. En una ocasión, el Francés pagó con dólares falsos. Esa es la única causa que tiene. Su detención anterior “desapareció”. El abogado de Sosa dijo que su representado asegura que el Francés hizo la acusación “porque lo detuvieron por el caso de los dólares falsos”.

El comisario Sosa era considerado, dentro de la fuerza, “un gato que siempre caía parado”. Su destino anterior era la División Homicidios. En el año 2000 fue juzgado, junto con otros oficiales, acusado de formar parte de una “patota policial” que golpeó, por error, a un grupo de pescadores a los que acusaron de delitos que no habían cometido.

El operativo se produjo luego del asesinato de un policía en Villa Carlos Paz. Su amigo y referente, dentro de la policía, era el oficial Juan Dómine, ya fallecido, acusado también por la agresión contra los pescadores. Ambos fueron absueltos por el beneficio de la duda. Cuando Sosa intervino en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, en Río Cuarto, fue el que acusó al pintor Gastón Zárate, detenido y luego liberado. Para imputarlo falsamente, Sosa había “apretado” a un amigo de Zárate.