Desde Córdoba

Sobre las cenizas de un incendio voraz, Córdoba vuelve a estar en llamas. El gobernador José Manuel de la Sota esperó hasta la tarde de ayer para anunciar la decisión que le reclamaba desde hace días la oposición: la salida de los responsables de la policía provincial. El jefe de la fuerza, Ramón Frías, y el ministro de Seguridad, Alejo Paredes (ex jefe de la fuerza), presentaron su renuncia “indeclinable” tras el escándalo de los narcopolicías, es decir, la investigación sobre la vinculación de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia con bandas de narcotraficantes y el armado de causas para extorsionar.

En el texto de su renuncia, Frías aseguró que “los hechos que se están investigando judicialmente están suscriptos a la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, pero están pretendiendo utilizarlos para involucrar a toda la institución policial” y dijo que se salida servía para “proteger a la institución policial” y para “no permitir que se intente atacar a la acción gubernamental”.

Es que esta crisis pegó en el corazón de la gestión delasotista. El Ministerio de Seguridad fue celosamente construido. Allí se llevó al jefe de policía, Alejo Paredes. La misión fue mostrar la seguridad como una política de Estado y en la práctica funciona como herramienta publicitaria. Esto lo perciben los pobladores de los barrios periféricos que escuchan y ven por las noches el patrullaje de los helicópteros que con cámaras infrarrojas digitan todo desde el aire. El Código de Faltas habilita detenciones arbitrarias y permite exhibir estadísticas que “derrotan” al delito. Además, hace un año rige en la provincia la ley de lucha contra el narcotráfico. Mediante este instrumento se generó un fuero que se entromete en el tráfico de drogas, un terreno que siempre manejó la Justicia federal.

Paredes es uno de los ahijados predilectos del gobernador: lo acompaña desde que era un joven agente asignado a su custodia. Para muchos dirigentes corbobeses, De la Sota estaba formando a un cuadro político especializado en la seguridad.

Paredes llegó a la jefatura de la policía en 2007. Provenía del cuerpo de elite ETER. Su gestión cambió el perfil de la fuerza. Se trata de un policía vinculado con las agencias internacionales de seguridad. Cuando asumió en el ministerio, su reemplazante fue un enemigo íntimo. Frías, con perfil de policía duro y gran ascendencia sobre la tropa, prosiguió la política diseñada por Paredes. Todo indicaba que sería el jefe durante toda la gestión de De la Sota.

Paredes y Frías comparten pergaminos. Son los últimos eslabones de la jerarquía policial que egresaron de la escuela de oficiales durante la dictadura. Sus vínculos con algunos genocidas condenados son vox populi en la provincia. Resta conocer el nombre de sus reemplazantes, pero por el momento será el ministro de Gobierno, Oscar González, quien quedará a cargo de la cartera de Seguridad.

De la Sota dijo ayer que enviará un proyecto a la Legislatura para que el director del área antidrogas sea elegido con aval legislativo y para que los policías que integren el área deban presentar declaraciones juradas de bienes. Esto implica un gran cambio de estrategia frente a la crisis. Hasta ahora, el gobierno provincial había respondido a través del jefe del bloque de legisladores provinciales, Sergio Busso, quien, en conferencia de prensa, responsabilizó al fiscal de la causa, Enrique Senestrari, de ser un eslabón del kirchnerismo que está montando una “burda maniobra” para desprestigiar a la fuerza policial y al gobierno provincial. Busso no reparó en que las órdenes de los procedimientos federales las libran los jueces, no los fiscales.

Ayer, el juez federal Ricardo Bustos Fierro indagó a los cinco policías de la División Drogas que habían sido detenidos el miércoles: el comisario mayor Rafael Sosa, jefe de la división; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio. Hay otros tres implicados en una causa conexa que no fueron detenidos (ver página 2).

El escándalo saltó a la luz el miércoles 4 de septiembre. El programa periodístico ADN de Canal 10 de Córdoba puso al aire una serie de notas en las que un “arrepentido” detallaba el modus operandi de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial. Entre otras cosas, describía que los policías armaban operativos “embagayando” droga a personas inocentes. Luego amenazaban a las familias y pedían dinero para liberarlos. Por otro lado, con la droga “blanqueada” en estos operativos fraudulentos completaban el negocio. Una parte era para pagar los servicios de los “dateros” o “buchones” y otra para venderla. Todo se hacía en un supuesto acuerdo con los principales narcos de la provincia.

Conocida la denuncia periodística, Senestrari admitió que su fiscalía ya venía acumulando elementos para probar la connivencia entre los efectivos de drogas peligrosas y los narcos.

A los dos días, el jefe de la división, Rafael Sosa, pidió licencia. Lo mismo hicieron otros cuatro efectivos del área. A las 48 horas apareció muerto otro oficial de la división de drogas, Juan Alós, también mencionado en el informe periodístico. Rápidamente, se intentó instalar la versión de “suicidio”, vinculado con la “difamatoria” acusación periodística, pero la Justicia provincial aún no cerró la causa. A pesar de que Alós no murió en un acto de servicio, su velorio se transformó en un acto institucional. Allí, Frías pronunció un discurso de tono marcial y a los gritos increpó al periodismo y al fiscal.

Lejos de amedrentarse, el fiscal Senestrari solicitó la detención de los cinco policías más comprometidos. El miércoles, el juez ordenó los arrestos y una serie de allanamientos que incluyeron el propio edificio central de la policía. En un operativo que duró varias horas, se encontraron, entre otras cosas, armas con la numeración limada, diversas drogas almacenadas sin registro alguno y grilletes en las paredes.