La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló ayer el fallo del juez federal Claudio Bonadío mediante el cual se declararon nulas las disposiciones administrativas firmadas por el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, que solicitaban el congelamiento de los bienes de los militares condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se fugaron en julio del Hospital Cosme Argerich. Según la Unidad de Información Financiera, la decisión de Bonadío “atenta contra la labor propia y cotidiana del organismo en la lucha contra la financiación del terrorismo, y es de extrema gravedad”.