La Justicia afirmó una vez más que el sacerdote Julio César Grassi, fundador de Felices Los Niños y condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de dos jóvenes a su cargo, debe ir preso. Al cierre de esta edición, el cura no había sido detenido, aunque fuentes de la Policía Bonaerense aseguraron a este diario que sólo esperaban la orden judicial para hacerlo. La libertad restringida del presbítero se mantenía sólo por una cuestión formal: la sala VI de la Cámara de Casación provincial avaló la decisión del Tribunal Criminal No1 de Morón, que en abril pasado ordenó detener a Grassi luego de que violara las condiciones impuestas para permanecer en libertad; sin embargo, hasta ayer a la noche el tribunal no había emitido el pedido de captura correspondiente. Al parecer, no le había llegado aún la resolución de sus superiores de Casación. Durante la tarde de ayer, un puñado de defensores del sacerdote se congregaron a las puertas de la quinta de Hurlingham en la que vive Grassi, exactamente frente a la Fundación Felices Los Niños.

La Cámara de Casación, compuesta por los jueces Horacio Daniel Piombo y Ricardo Maidana, rechazó la impugnación que la defensa del sacerdote Grassi había presentado contra la decisión del Tribunal Criminal No1 de Morón, que el 22 de abril ordenó su detención por violentar los requisitos de su libertad morigerada. Grassi se encuentra condenado a 15 años de prisión por ser autor de abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad, pero todavía no comenzó a cumplir esa sentencia por sucesivas apelaciones de su defensa.

El miércoles, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios presentados por los abogados del sacerdote y confirmó la condena. Fue la tercera vez que la Justicia halló culpable a Grassi. De todos modos, la sentencia por abusador todavía no está firme porque puede ser recurrida una vez más, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un confuso comunicado publicado en la web causagrassi.org, se anticipó que “la defensa del padre Julio Grassi apelará a la Corte de la Nación”.

Sin embargo, el abogado Ricardo Malvicini, defensor del cura, declaró que no habían analizado “todavía los términos del fallo de Casación, si se va a disponer una prisión efectiva o una prisión atenuada”. También anticipó que intentarán dar con una instancia procesal que evite a Grassi cumplir con la prisión: “Veremos cómo podemos recurrir este fallo desde otro sector y trasladar este pedido de prisión al de un arresto domiciliario”.

Grassi había llegado a permanecer en libertad tras aceptar condiciones específicas impuestas por la Justicia. La resolución que le otorgaba el beneficio estipulaba límites: “No acercarse, referirse públicamente ni comunicarse intencionalmente con las víctimas ni con cualquier otra persona íntimamente vinculada con ellas”. Grassi violó ese acuerdo en un programa de televisión al que concurrió en octubre de 2011. En entrevista con Mauro Viale, Grassi dijo que “el relato” de un denunciante había sido “inducido”, que la víctima “mintió al tribunal” y que él mismo había sido “extorsionado” por el adolescente. Las palabras del sacerdote motivaron la denuncia de los abogados de las víctimas y, luego, la decisión de la Justicia de Morón de mandar a detenerlo por referirse al denunciante de manera “tácita”.

Los jueces Piombo y Maidana consideraron que “nombrar a alguien con nombre y apellido es una manera de referirse a su persona, pero no la única, y la prohibición claramente abarcaba otras hipótesis” y referencias, tales como las que Grassi utilizó en televisión: “este joven”, “quien me acusó”, “en el juicio tenía el pelo corto” o “el denunciante el día anterior me vino a extorsionar”. El tribunal también consideró que “no puede soslayarse, a esta altura, que las circunstancias han variado sustancialmente en la actualidad respecto del momento en que se le concedió la libertad vigilada”. Ahora, “existen sucesivos pronunciamientos adversos a sus pretensiones”, como el fallo que la Suprema Corte bonaerense dio a conocer el miércoles.

En relación con el fallo de la Corte, el fiscal de Morón Alejandro Varela advirtió que todavía “la sentencia no está firme y es susceptible de un recurso ante la Corte Suprema de la Nación. Si la Corte lo rechaza, ahí queda firme y no se discute más” porque “en la provincia ya agotó todas las instancias” de apelación.

Por otra parte, y en relación con el fallo de Casación que avaló la detención, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, aseguró que esa decisión “deja más firme la condena a Grassi pero no cierra la causa, ya que no dispone en forma explícita la detención” del presbítero. “El Tribunal de Casación rechaza los planteamientos de la defensa de Grassi, pero en ningún momento ordena la detención, sino que dispone que se anoticie al causante, oportunamente devuélvase a la Cámara de Apelaciones y que se notifique a las partes de su resolución”, señaló.

Para el fiscal general, ahora podría comenzar otro largo camino procesal. La resolución de Casación, dijo, “abre un abanico de posibilidades en el que la defensa puede presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, por lo que esta decisión deja más firme la sentencia, pero no cierra la causa”. La sala integrada por los jueces Piombo y Maidana, dijo, “rechazó el recurso de la defensa contra la prisión efectiva que había ordenado la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, pero en su parte dispositiva sólo ordena que se devuelva el expediente para que se anoticie al imputado”. Ante esta resolución, evaluó Nieva Woodgate, “lo que puede hacer la Cámara es pasar el expediente al Tribunal Oral, ya que si la Cámara ordenara la detención de Grassi por sobre una disposición que no explicitó Casación, estaría sobrepasando a su instancia superior”. Por otra parte, advirtió que “no es necesario que se notifique a las partes para ordenar una detención”. “Pareciera que el fallo de Casación estuviera esperando un recurso más y que por eso no ordena la detención en su sentencia”, agregó.

El abogado Jorge Luis Calca-gno, representante de uno de los jóvenes víctimas de Grassi, dijo a este diario que esperaba una pronta detención del cura, aunque no comprendía la demora. “El tribunal oral que lo condenó la primera vez lo dejó libre en virtud de que consideraba que no había peligro de fuga, pero Grassi ya se había fugado, el día que se conoció la denuncia: estaba en un canal de tevé y se escapó. En 45 años que tengo de profesión, es el único caso que yo recuerde en que alguien tiene 15 años de condena y está libre hasta terminar las apelaciones.”

Por su parte, Nora Schulman, directora ejecutiva de la Comisión Argentina de Seguimiento de la Comisión Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Casacidn), se esperanzó con “que esta vez lo metan preso y terminemos con esta situación irregular. Que espere la apelación preso como cualquiera. En estos años, estuvo 20 días preso en la cárcel y menos de un mes en prisión domiciliaria”. Para Schulman, “no hay derecho en que con tres instancias judiciales en contra siga dando misa, siga en contacto con chicos de la fundación y viviendo ahí enfrente, donde hoy hay 400 chicos” (ver aparte).