El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, realizó ayer una marcha y un acto en reclamo de fondos para su obra social, con el argumento de que el Estado nacional le adeuda cerca de mil millones de pesos. Moyano, líder de la CGT opositora, aprovechó la escena para llamar a no votar a los candidatos del oficialismo y acusó al Gobierno de “atacar al sistema de salud de los trabajadores”. Su convocatoria a esta protesta fue después de que se conociera públicamente una investigación sobre el presunto vaciamiento de la obra social de los Camioneros, en la que se intenta establecer su responsabilidad y la de su entorno familiar en la sustracción de más de 570 millones de pesos que habrían sido dirigidos a cuentas de un grupo de parientes que aparecen como administradores de firmas prestatarias de salud. Las operaciones sospechosas fueron informadas por bancos a la Unidad de Información Financiera (UIF), que a la vez giró los datos a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Las columnas de manifestantes de Camioneros y otros gremios afines a la CGT moyanista se dirigieron a la Superintendencia de Salud, en Diagonal Norte al 500, y por eso hubo varias calles cerradas por la mañana en el centro porteño y contratiempos en el funcionamiento del subte. Moyano, hoy un aliado de Francisco de Narváez –pero que ya anunció que apoyará a Sergio Massa–, fue el único orador en un escenario ubicado cerca de Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada. Aprovechó la ocasión para llamar a sus seguidores a castigar con su voto al Gobierno: “El 27 de octubre tenemos la gran oportunidad de decirle basta a la soberbia del Gobierno, no les voy a decir a quién hay que votar, pero ya sabemos a quién no votar”.

En un comunicado en el que había explicado el eje de su convocatoria, Moyano decía que el gremio de los Camioneros es “rehén de una actitud déspota y represiva, que sólo termina dañando la parte más sensible, que es la familia de los compañeros”. Según Moyano, el Estado tiene una deuda con la obra social sindical de “955.580.431 pesos”. Responsabilizó a la Superintendencia de Salud de llevar al sindicato a “una situación insostenible de endeudamiento progresivo que nos hace entrar en riesgo de cesación de pagos, con graves consecuencias de no poder seguir prestando cobertura de salud a los trabajadores”. También dijo que ese organismo “en forma ilegítima pretende que las obras sociales se hagan cargo de la atención a los monotributistas con un aporte de 90 pesos por mes”.

Así, mientras en Tribunales crece la hipótesis del vaciamiento de la obra social y se investiga la presunta responsabilidad de Moyano y su familia, él atribuye las fallas del sistema de salud de su sindicato a manejos de Gobierno.

El informe de la Procelac –que Moyano descalificó al tildarlo de medida preelectoral– sobre la obra social de Camioneros señala presuntas irregularidades entre marzo de 2011 y octubre de 2012. Fue enviado al juez federal Claudio Bonadío –el mismo que procesó a Guillermo Moreno la semana pasada– para que lo incorpore a una causa ya radicada en su juzgado. La presentación de la Procuraduría, que conduce Carlos Gonella, señala en función de los datos de la UIF la triangulación de dinero de la obra social sindical que volvía al círculo familiar a la través de las firmas Iarai S.A., Ancora S.A. y Dixey S.A. Lo describe como una “ingeniería empresarial” en la que incluso señala nombres: la esposa de Moyano, Liliana Zulet; la hija de ella, Valeria Salerno; el suegro de Salerno, Vicente Asorey; el esposo de Salerno, Christian Asorey; y Pablo Moyano. La Procuraduría los vincula con prestatarias de la obra social de Camioneros.