@La acusación contra Julio César Grassi recorrió varios frentes: su peligrosidad en caso de permanecer en libertad, lo “irreversible” de su sentencia, el peligro de “fuga inminente” y sus antecedentes, la transparencia que –a pesar de las maniobras de “un operador judicial”– tuvo el proceso de la causa. Los argumentos para pedir que el sacerdote fuera privado de su libertad fueron aportados por los abogados de la querella Sergio Piris y Juan Pablo Gallego y el fiscal Alejandro Varela, quienes al aportarlos recorrieron, al recordar obstáculos y definir al condenado Grassi, los años de tramitación que lleva la causa.

Piris, querellante en nombre de “Gabriel”, nombre ficticio del joven por cuyo abuso el sacerdote fue condenado, denunció que Grassi gozaba de “impunidad” y había obtenido el beneficio de la libertad vigilada gracias a la presión de “sectores de la Iglesia”, “amigos empresarios” y la actuación de un “operador judicial”. El querellante también señaló que, durante todas las instancias judiciales, el acusado finalmente condenado había visto respetadas sus garantías, incluyendo el principio de inocencia. Luego el fiscal Varela señalaría que las pruebas, la condena y sus sucesivas confirmaciones habían destruido esa presunción. “La gente se pregunta por qué Grassi está en libertad. Yo la respuesta no la tengo. La respuesta la tienen que dar ustedes, señores jueces. Grassi se manejó con impunidad.” Como sucedería luego durante el alegato de la defensa, Piris mencionó al papa Francisco. El pontífice, dijo, sostiene que “todos los pedófilos, como es Julio César Grassi, tienen que estar en su lugar: la cárcel”. Sin embargo, el cura gozaba de privilegios “de un actor de cine”.

El querellante Juan Pablo Gallego, por su parte, caracterizó a Grassi como un sujeto peligroso para la vida social y al proceso como “escandaloso”. “Es un ser antisocial al que se le permitía ingresar libremente a la escena del crimen”, dijo, en relación con la libertad con que el sacerdote, aún cuestionado judicialmente, entraba y salía de la Fundación Felices Los Niños. Gallego señaló que el régimen de libertad vigilada del que gozaba el sacerdote hasta el fin de la tarde de ayer, además, permitió nuevos ilícitos: “apretar testigos y atacar a sus víctimas”. El cura, agregó, “jamás fue controlado en su acceso a la fundación”. Para Gallego, además, la confirmación de la condena por dos instancias judiciales demostró que la situación judicial del presbítero es “irreversible”.

El fiscal Varela, quien había tildado de “maniobra dilatoria” basada en “escritos temerarios” y “presentaciones intimidatorias” el pedido de la defensa de Grassi para anular la audiencia de ayer, se preguntó qué había permitido al sacerdote gozar de libertad vigilada con una condena ratificada por dos instancias. “Siento vergüenza ante la sociedad de que continúe libre quien cometió los delitos por los que se encuentra condenado. Siento vergüenza porque para la sociedad estábamos dando un mensaje de que hay miedo de meterlo preso”, razonó. Para Varela, que esa situación se perpetuara y Grassi ayer no fuera enviado a un penal sólo iba a significar que tenían razón quienes sostienen que “la justicia es sólo para los pobres que no tienen plata”. Y abundó: “No conoce este fiscal, con la humildad de su ignorancia, alguna persona defendida por un defensor oficial con una sentencia de Corte condenatoria que no haya ido preso. El imputado siempre rehusó respetar el orden. No soporta la autoridad”. “Pero esto no es una cuestión de gusto, sino de ley. Le guste al que le guste y le moleste al que le moleste. Hay que cumplir la ley”, pidió.