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Se preocupan por aclarar que “están frente a un juicio político”. La frase la utilizan para enfatizar que sus tareas no discurren por los andariveles de la justicia penal. Cuando hoy los diputados que integran la Comisión de Juicio Político se reúnan para analizar los sumarios en los que se investiga la actuación de los ministros de la Corte Suprema, deberán enfrentarse a un dilema político: dar curso a los expedientes más avanzados como los del corralito, la falta de ética y la venta ilegal de armas, o demorar hasta que finalicen todas las investigaciones. “Si bien no hay plazos, no podemos negar que hay un sentimiento popular que atender con urgencia”, confió a Página/12 un miembro de la comisión. Así como los legisladores no ocultan su prisa, especulan que los cortesanos quieren dilatar las actuaciones. En el trasfondo de la estrategia de los supremos, comentan, habría una apuesta a que el tiempo debilite más aún al gobierno de Eduardo Duhalde, o incluso con que éste no concluya su mandato.
En todas las actuaciones, los legisladores evitaron inmiscuirse en los aspectos jurídicos de los fallos y analizaron el comportamiento de los magistrados ante cada causa. Será en el bloque del PJ donde la discusión de avanzar o no con algunos expedientes, tendrá su primer escenario. Uno de los casos que se encuentra más avanzado es precisamente el del denominado corralito. La subcomisión que estuvo a cargo de este tema la integraron los legisladores Ricardo Falú y Eduardo Di Colla. Aquí se enfrentan dos fallos del máximo tribunal. Uno de diciembre, conocido como caso Kiper, en el que se le ordena devolver la suma retirada del banco y otro denominado Smith por el que el depositante pudo sacar sus ahorros.
“Sobre el mismo objeto jurídico dictaron dos pronunciamientos que en principio aparecen como contradictorios. Es decir que uno de ambos pronunciamientos fue jurídico y el otro político”, comentó Falú a este diario. Esto lo lleva al diputado tucumano a sugerir que se estaría frente a la figura de mal desempeño. “No ingresamos al mérito o demérito jurídico. Conceptuamos que hubo un mal desempeño porque se habría usado una sentencia para impartir justicia y la otra como objetivo político”, concluyó Falú. El legislador también admitió que “por el tema del corralito, el próximo viernes se estaría en condiciones de correrle vista a los magistrados”.
Los miembros de la comisión no se vieron preocupados por el escrito remitido ayer por algunos miembros de la Corte (ver aparte). Coincidieron en que se trataba de una habitual “chicana”. “No nos enerva, no nos paraliza, ni impide nuestro trabajo”, fue la opinión que entregó a este diario el titular de la Comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo.
Durante casi todo el fin de semana los legisladores responsables de algunos temas trabajaron contrarreloj. A pesar de no haber contado con la buena voluntad de los cortesanos, que no respondieron ningún oficio sobre las cuestiones de superintendencia del tribunal, presupuesto, cantidad de personal, viáticos y viajes, la diputada Nilda Garré responsable de la subcomisión que investiga el descrédito público y la mala fama del tribunal, está muy cerca de finalizar con su tarea. Aquí, entre otras, se acumulan investigaciones sobre manejos administrativos y el uso discrecional de autos confiscados a procesados en causas de drogas.
El sumario que investiga el comportamiento del tribunal en la venta ilegal de armas, también se encuentra muy avanzado. Tanto Franco Caviglia, como el diputado Carlos Iparraguirre y María América González concluyeron un escrito de más de cien fojas. En este punto aparece como central la no excusación de Adolfo Vázquez y Julio Nazareno a la hora de resolver el recurso de Emir Yoma que facilitó la liberación de toda la troupe detenida por la maniobra. También cuestionarían la amenaza que el tribunal realizó a los jueces inferiores y a la prensa. Un claro exceso de sus atribuciones. “Los cortesanos tienen sus propios defensores en la comisión”, comentó a este diario un legislador, en obvia referencia a la actitud del menemismo. Precisamente la diputada riojana Alejandra Oviedo aparece como la punta de lanza de esa estrategia.