El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se investigue penalmente a Pablo Pelazzo, el fiscal ad hoc que lleva adelante en Jujuy la acusación contra Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo, precisamente, a pedido del abogado que representa al empresario en las causas donde fue procesado por los secuestros de 29 personas entre marzo y julio de 1976, quien sostiene que la actuación de Pelazzo no es válida porque no tiene cargo de fiscal nombrado por concurso y acuerdo del Senado, sino que es secretario. La presentación de Marijuán es una ampliación de su requerimiento de investigación contra otra veintena de fiscales y contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque esta vez también incluyó a su antecesor, Luis González Warcalde.

El defensor de Blaquier, que es el ex camarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz, decidió recurrir a la Justicia federal porteña después de que fracasaran sus ataques al fiscal Pelazzo en los tribunales jujeños. Intenta evitar el juicio oral o directamente derribar la causa. El empresario está procesado en dos causas allí: una es por el secuestro de tres dirigentes sindicales, entre ellos el ex intendente Luis Arédez, que era médico y asesor de los empleados azucareos; la otra es por el secuestro de otras 26 personas en las llamadas Noches del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, algunas relacionadas con trabajadores del azúcar y movimientos sociales. Al procesarlo, el juez Fernando Poviña habló de una persecución de parte del ingenio.

El abogado de Blaquier primero recusó a Pelazzo –quien dirige la unidad fiscal de derechos humanos en Jujuy– en los tribunales locales, pero su planteo fue rechazado en primera y segunda instancia. Después pidió la nulidad de todo lo que hizo, algo que el juez Poviña rechazó y ahora está en Cámara. Sus cuestionamientos tienen tres puntos clave: que Pelazzo fue querellante en la causa; que un fiscal ad hoc no es un verdadero fiscal, sino un cargo inventado y que, por lo tanto, no valen sus actos; y que su designación se hizo para desplazar al fiscal anterior, Domingo Batule. Hasta ahora, todos los jueces que resolvieron consideraron que no es incompatible haber sido querellante (de hecho, la querella acusa en nombre de la víctima, igual que la fiscalía, en nombre de la sociedad); admitieron que los nombramientos ad hoc responden a la falta de fiscales o la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para cumplir con la obligación estatal, remarcada por la Corte Suprema, de que deben avanzar los casos contra represores; y que Batule no fue desplazado sino que sigue actuando.

Con este panorama adverso a su interés, Valerga Aráoz se presentó en la Justicia federal porteña, donde hay una causa abierta contra una veintena de fiscales y contra Gils Carbó, precisamente por nombramientos de fiscales ad hoc. Ese expediente, que está a cargo de Sebastián Casanello, se abrió por una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla. El propio Blaquier ha dicho que sus aliados políticos están en el radicalismo.

El fiscal Marijuán en su momento impulsó aquella denuncia que apuntaba a varios de sus colegas y a la gestión de la actual procuradora. Inicialmente, el juez Casanello archivó el caso al concluir que los nombramientos de interinos y ad hoc están previstos por la ley de Ministerio Público ante la falta de fiscales, de manera que no habría delito. El juez decía que el mismo mecanismo había sido aplicado por otros procuradores y que precisamente habían sido pioneros en cuestionarlo los abogados de los acusados por crímenes de lesa humanidad. De todos modos, el expediente fue reabierto por orden de la Sala I de la Cámara Federal, que le dijo que no había investigado suficiente. En teoría, todo lo que le queda por hacer a Casanello es analizar qué buscaban los legisladores cuando, al redactar la ley, previeron formas de sustitución de los fiscales en casos de necesidad.

El hecho es que con el expediente ahora abierto, Valerga Aráoz fue también al ataque allí y Marijuán decidió ampliar su requerimiento de instrucción original e imputó a González Warcalde y a Pelazzo por la presunta designación irregular e incumplimiento de los deberes de funcionario. Otro antecedente que ha envalentonado presentaciones del mismo tenor fue una resolución de la Corte Suprema que declaró la ilegalidad de la designación de una secretaria como fiscal provisoria ante ese tribunal. Los jueces supremos no anularon sus intervenciones pasadas, pero advirtieron que el cargo debía ser ocupado por alguien concursado.

Ante la novedad de la imputación en su contra, Pelazzo le dijo a Página/12 que “se trata de un intento más por deslegitimar el proceso (contra Blaquier) cuando realmente lo que hay es el cumplimiento por parte del Estado de la obligación que tiene en el avance de las causas de derechos humanos”.

En la procuración recuerdan que todas las denuncias del mismo tipo naufragaron. Entre algunas de las más recientes mencionaron la que cuestionaban al fiscal Juan Murray en su intervención en la causa contra el ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli; a Pablo Camuña y Patricio Rovira en las causas de derechos humanos en Tucumán y a José Nebbia en Bahía Blanca. Colaboradores de Gils Carbó sintetizan: “Para nosotros hay un reconocimiento jurisprudencial amplio y consolidado respecto de la actuación de fiscales ad hoc, que fueron nombrados para atender necesidades urgentes, insatisfechas, en este caso en causas de lesa humanidad y otros procesos penales. La denuncia de estas designaciones sólo tiene intencionalidad política y algunas hacen pensar que apuntarían a proteger a personajes poderosos acusados de algún delito”.