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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral es quien debe resolver el pedido de inconstitucionalidad que presentaron la AMIA y la DAIA contra el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, firmado por los gobiernos en enero para intentar destrabar la investigación por el atentado a la mutual judía. Ahora debe resolver la Corte Suprema.

La AMIA y la DAIA le habían pedido a Gils Carbó que tomara una decisión al respecto para evitar un “inadmisible caso de denegación de Justicia, circunstancia que se agrava todavía más si se contempla la evidente trascendencia institucional del caso”. Canicoba Corral es el juez penal del atentado a la AMIA y entró en una disputa con la magistrada en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti, en la que ninguno de los dos aceptó intervenir en el caso por entender que no era de su competencia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que era Canicoba Corral quien debía intervenir, pero él volvió a rechazar la competencia y le dio intervención a la Corte Suprema.

En su dictamen, Gils Carbó sostuvo que “los conflictos de competencia habidos entre jueces nacionales de primera instancia deben ser resueltos por la alzada de que dependa el juez que primero hubiese conocido”. Y agregó que “en el caso, el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal puso fin al conflicto planteado entre aquellos jueces”.

Ahora, la cuestión está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver qué juez tiene que decidir sobre la constitucionalidad del memorándum aprobado por ley.

Por su parte, Canicoba Corral dijo estar dispuesto a viajar a Teherán si finalmente se acuerda con el gobierno iraní la puesta en marcha de una comisión, como prevé el memorándum y como quedó planteado la semana pasada tras el diálogo entablado en el marco de la ONU. “Yo estoy dispuesto a hacer lo que la ley disponga, no es un tema de voluntarismo”, declaró ayer. Pero recordó que todavía “está puesta en tela de juicio por las propias entidades” judías la validez del memorándum. Además de recordar que aún “están vigentes” las circulares rojas de Interpol pidiendo la detención de cinco ciudadanos iraníes, Canicoba Corral aclaró que no podía hacer “un pronóstico” sobre lo que pasará con la causa en función del acuerdo entre los gobiernos de Argentina e Irán: eso “no depende del juez”, dijo, porque “el manejo de las relaciones exteriores es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo”.