La fiscal de La Matanza Celia Cejas, quien desde abril de 2009 y hasta enero de este año investigó la desaparición de Luciano Arruga (16), tuvo “pinchados en el más estricto secreto y sin justificación alguna” los teléfonos celulares de la hermana, la madre y la abuela de la víctima, denunciaron ayer los familiares del chico, con el respaldo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de ese partido y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La intervención irregular fue renovada en quince oportunidades, durante cerca de un año y medio, por quien era el juez de la causa, Gustavo Banco, quien “no sólo no realizó ningún tipo de control sobre estas medidas, sino que las convalidó autorizándolas”. Por esa razón, los abogados de la familia y del CELS se presentaron ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para pedir el juicio político del juez y de la fiscal por “no resguardar las garantías constitucionales de las víctimas y por revictimizar a la familia Arruga”.

La desaparición de Arruga, ocurrida el 31 de enero de 2009, fue investigada al principio por Roxana Castelli, recusada por la familia y también con pedido de juicio político “por haber delegado en los propios agentes de la Bonaerense (del destacamento de Lomas del Mirador) sospechados de haber sido responsables” del hecho. Fue reemplazada por Cejas, quien tomó la causa en abril de 2009 y durante casi cuatro años “no produjo ningún avance sustantivo en la (causa) principal”. Mientras estuvo en el ámbito de la Justicia provincial, la causa fue caratulada como “averiguación de paradero”, pero este año fue recaratulada como “desaparición forzada de persona”, motivo por el cual en enero pasó a la órbita de la Justicia federal.

Para informar sobre el pedido de juicio político, se hizo una conferencia de prensa en la sede del CELS, con participación del director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier, los abogados Maximiliano Medina y Juan Manuel Combi y el dirigente de la APDH Pablo Pimentel. Estuvieron presentes la hermana de Arruga, Vanesa Orieta, y la madre, Mónica Alegre. Los teléfonos “pinchados” fueron los de ellas dos, y los de la abuela, Marta Alegre, y el de su pareja, Héctor Chapa.

Explicaron que el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal habilita a los fiscales a tener “un legajo reservado” donde resguardar algunos datos, pero las pruebas “en sí mismas de ninguna manera pueden ser producidas a través de ese legajo”. Lo que se cuestionó es que la fiscal Cejas “produjo prueba en secreto durante más de tres años”, hecho que hace presumir que “la familia de Luciano fue investigada en forma clandestina como sospechosa de conocer información sobre el paradero de Luciano y de no querer colaborar con la Justicia”.

La “pinchadura” de los teléfonos se mantuvo hasta agosto de 2010, pero cuando cesó “Cejas no comunicó a la familia o a los abogados que durante tanto tiempo había sostenido esa medida invasiva de la privacidad de los familiares de la víctima”. La existencia del “legajo secreto” recién se supo cuando la causa pasó a la Justicia federal y la fiscal Cejas tuvo que remitir –con cinco meses de demora– todo el expediente. Los abogados recalcaron que el cambio de carátula confirma lo denunciado siempre por los familiares en el sentido de que “la única línea de investigación que debía seguirse es la de la participación policial en la desaparición de Luciano”, quien antes había recibido amenazas, hostigamiento y torturas por parte de funcionarios policiales de Lomas del Mirador.

La primera intervención de los teléfonos fue solicitada en abril de 2009, cuando ya había “sobrados indicios de que la hipótesis más firme era la del involucramiento policial”. Todos los meses, en quince ocasiones, Cejas le pidió al juez que renovara el plazo de intervención telefónica. En todos los casos, según se denunció, se citaron testimonios que “son irrelevantes” o el supuesto propósito de “proteger a la familia interviniendo los teléfonos sin aviso alguno y sin disponer otro tipo de medidas de protección”.

También le reprochan a Cejas que se haya “ensañado principalmente con Mónica, la madre de Luciano, quien fue interrogada como si fuera sospechosa de algún crimen y cuya vida privada pasó a ser el centro de la curiosidad de la fiscal y su equipo”. Pablo Pimentel le dijo a Página/12 que estos hechos suman una nueva decepción, que se suma a lo ocurrido antes con la fiscal Roxana Castelli. “En la causa no hay todavía ningún imputado y sólo se ha logrado que pasaran a disponibilidad preventiva ocho policías sospechados de haber intervenido en la desaparición de Luciano”. Pimentel recordó que una prueba con perros adiestrados dio positivo “en un 80 por ciento” sobre la posibilidad de que Luciano haya sido trasladado en un móvil policial el día de su desaparición y que su cuerpo haya estado un tiempo en la zona de Monte Dorrego, en el partido de La Matanza.