“Gobernar es tomar decisiones dolorosas”, dijo ayer en su despacho el presidente José Mujica al anunciar que acababa de autorizar a UPM-Botnia aumentar su producción, pese a que el Uruguay no había llegado a un acuerdo con la Argentina. Consciente de la gravedad de la medida, buscó atemperar el anuncio y aseguró que el permiso es “provisorio”. Pero el gobierno argentino ratificó que hará una nueva denuncia ante la Corte Internacional de La Haya y, caído el compromiso de informar conjuntamente por la decisión unilateral uruguaya, por primera vez desde que la planta está funcionando dio a conocer datos sobre la contaminación.

La autorización permitirá a la empresa producir cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año. A cambio, el gobierno uruguayo le pidió que construya una torre de enfriamiento para llevar la temperatura de los efluentes a menos de 30 grados, cosa que los voceros de la transnacional de capitales finlandeses dieron por hecha.

La medida, que volverá a complicar la relación entre los dos países, fue respaldada por la mayoría del arco político uruguayo, con la solitaria excepción del fiscal Enrique Viana, que advirtió que el Estado uruguayo “está condicionado a la voluntad de Botnia” y describió la situación como “un regreso al feudalismo” (ver aparte).

“Me duele y puede generar tensión”, reconoció Mujica en la conferencia de prensa en la que comunicó su decisión. Para el público uruguayo, dijo además que se “agotaron los espacios de negociación” porque “la Argentina está en elecciones y es ahí cuando se pierde la racionalidad”.

“Rompieron el diálogo”

Dos horas más tarde y desde la Casa Rosada, el canciller Héctor Timerman y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dieron una conferencia de prensa en respuesta al anuncio. Timerman denunció que el Uruguay “rompió el diálogo” y confirmó que el Gobierno recurrirá a la Corte de La Haya. La decisión de Mujica, señaló en este sentido, “afecta la soberanía ambiental de la Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia del Tribunal” internacional.

Esto es porque el fallo de la Corte habla de una producción de un millón de toneladas. Botnia pasará ahora a producir un millón doscientas mil toneladas.

En las cien mil toneladas de diferencia (Mujica autorizó sólo cien mil más) hay una muestra de cómo son las cosas con la pastera. Aunque el fallo era sobre un millón de toneladas, hace dos años la empresa fue habilitada para fabricar un millón cien mil toneladas en función de un recálculo: “Al millón de toneladas lo dividieron por los 365 días del año, al resultado lo multiplicaron por los días laborables y eso dio 1.111.000 toneladas”, apuntó desde Gualeguaychú Gustavo Rivollier, uno de los históricos de la asamblea ambiental. Así, la empresa ya había pasado de un millón a un millón cien mil toneladas –sin consulta a la Argentina– y ahora va a un millón doscientas mil.

Timerman dio a conocer por primera vez datos concretos sobre la contaminación generada por la pastera. El canciller reveló que están probadas las siguientes violaciones al medio ambiente:

- Alta temperatura de los efluentes. UPM los vuelca a 32 grados cuando no deberían superar los 20.

- Fósforo en el agua. La pastera vuelca al río cantidades de fósforo 36 veces por encima que lo que establece la legislación uruguaya.

- Contaminación. En los efluentes y pluviales se encontró endosulfán, un pesticida de uso prohibido.

- Cromo. Se lo ha encontrado en cantidades que superan un 400 por ciento el máximo establecido.

La información es de los muestreos tomados en el monitoreo de Botnia. La vigilancia está a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos. El compromiso era hacer públicos los resultados apenas se fueran obteniendo, pero en dos años y nueve meses de monitoreo la CARU nunca llegó a hacerlo. La explicación oficial fue siempre que los técnicos argentinos y uruguayos no se ponían de acuerdo para redactar un informe conjunto, tal como prescribe el fallo de La Haya. Divulgar los datos unilateralmente habría sido romper un acuerdo logrado trabajosamente. Ayer, el gobierno argentino consideró que el acuerdo había sido roto por Uruguay y tomó la decisión de dar a conocer la información acumulada que, se descuenta, será parte de la demanda que se eleve a la Corte de La Haya.

Diez años

Ayer, Mujica justificó el permiso en la necesidad de dar trabajo a la cadena forestal, que alimenta de materia prima a la planta. Esto es porque la pastera hizo en el mes de agosto la parada que todos los años realizaba en octubre, argumentando que ya estaba cerca de alcanzar su límite de un millón cien mil toneladas al año. Y aunque el personal de la planta siguió trabajando en su mantenimiento, hace más de un mes que a Botnia no ingresa materia prima y algunas compañías de transporte comenzaron a mandar a los empleados al seguro de desempleo.

El dirigente gremial Mauricio Mendy contó que así como hubo empresas que despidieron, otras mantienen su personal pagando sueldos menores.

La situación fue también comentada por el canciller argentino: “La empresa aumentó el ritmo de producción para concluir el máximo anual permitido en el mes de agosto en vez del mes de octubre, como lo venía realizando desde la inauguración de la planta, dejando a miles de obreros sin trabajo y forzando así una decisión no permitida por los acuerdos entre los países y el fallo del tribunal internacional, lo que constituiría un accionar extorsivo al que algunos parecen haberse sometido”, dijo Timerman.

Más allá de cualquier lógica, la transnacional tiene un poder impensado sobre el Estado uruguayo, que ni siquiera puede entrar a controlar la planta sin su consentimiento.

En Gualeguaychú, anoche los vecinos analizaban qué medidas tomar. El malestar es alto. La denuncia a la Corte de La Haya sirvió en el 2006 para descomprimir la tensión social, pero habrá que ver si alcanza ahora para encarrilar el malhumor acumulado por los vecinos, que mantuvieron cortado el tránsito en el puente internacional San Martín durante tres años y medio y lo levantaron luego del fallo de La Haya, en una apuesta a que el monitoreo conjunto pudiera funcionar como garantía de una vida mínimamente segura. Desde entonces pasaron casi tres años, y diez desde que el conflicto empezó. En ese camino, cada crisis fue un tropezón en la misma piedra, la de un gobierno uruguayo anunciando medidas unilaterales para una transnacional que consigue, según parece, todo lo que se propone.