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La triple fórmula parecía cantada. Primero, una ofensiva contra los desarmaderos, que sin dudas tenían protección policial y de funcionarios políticos municipales. A esos desarmaderos iba a parar buena parte de los autos robados. Segundo, poner más efectivos en la calle, en especial en las zonas más conflictivas, para que no resultara tan fácil andar por ahí con un auto robado. Tercero, presionar sobre la policía –lo hizo el Presidente de la Nación, el gobierno nacional, el gobernador bonaerense y su ministro de Seguridad– poniendo en marcha una investigación sobre los bienes de los comisarios, exigiendo resultados inmediatos y haciéndoles saber que “la cosa va en serio”. La triple fórmula ya produce resultados, gracias a que también el ciudadano común se empezó a enganchar y desde hace diez días crecen las denuncias de vecinos que indican dónde se cortan los coches robados y quién les da protección a los cortadores. En diez días se produjo un cambio llamativo. El intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, cuenta que en Ramos Mejía, donde robaban mil autos por mes, ahora el promedio está bajando, en proporción, a menos de 700; el intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, sostiene que el robo de autos en su distrito bajó a menos de la mitad; el de San Isidro, Gustavo Posse, cree que la reducción en los robos ronda el 30 por ciento; el comisario de Colegiales dice que antes se robaban en su jurisdicción uno o dos autos por día y ahora lo habitual –por ejemplo en los últimos cuatro días– es que no se robe ninguno y, por último, un fiscal de Lomas de Zamora evalúa que treparon al doble los autos secuestrados porque al pasar por operativos descubrieron que habían sido robados o tenían papeles falsos.
“Los desarmaderos están todos cerrados”, coinciden en afirmar intendentes, fiscales y funcionarios. O sea que el que no fue allanado resolvió bajar la persiana antes que lo allanen. “Antes, cada desarmadero tenía, por ejemplo, cien puertas de un vehículo. Para justificarse exhibían un papel de la Fiscalía de Estado –que remata los autos que quedan de los procedimientos judiciales– y con ese papel probaban la compra de cien puertas. Por supuesto que el documento era casi eterno, porque después de vender las cien puertas compradas seguían vendiendo cien robadas y después otras cien y así sucesivamente, siempre amparados en el mismo papel. Como las puertas no tienen numeración, el desarmadero hacía su negocio vendiendo casi únicamente puertas robadas”, explica el fiscal de Lomas de Zamora. Los costos son 300 pesos para los “levantadores” –los ladrones– y la cuota semanal a la comisaría, a la División de Investigaciones, a la Departamental de Seguridad y a los inspectores municipales.
Lo que cambió la situación fueron las puebladas que empezaron a extenderse por el Gran Buenos Aires y el interior provincial. Sobre todo, la de Lanús, donde la gente salió a protestar por el asesinato de dos jóvenes a los que les intentaron robar el auto. De inmediato se produjo un fuerte embate del gobierno nacional, inaugurado por una frase de Néstor Kirchner ante una formación de la Policía Federal: “La inseguridad es producto de policías infieles y políticos que no están a la altura de las necesidades”. Horas más tarde, el ministro Gustavo Beliz habló de que el gobierno bonaerense debía “tomar el toro por las astas” y al día siguiente el gobernador Felipe Solá dijo “el jefe de policía soy yo”. De la noche a la mañana, la cuestión del robo de autos, las muertes y la protección a los desarmaderos quedó en el centro de la escena.
“Hay un cambio muy notorio –señala Balestrini desde La Matanza–. Hubo una respuesta impresionante de la gente, que empezó a decir que en tal, tal y tal lugar se cortan coches. Los empleados municipales, por ejemplo, se vieron apretados y tuvieron que entrar a clausurar lugares. En la zona de Ramos Mejía, con fuerte presencia de clase media, se robaban unos mil coches por mes, tomando en cuenta no el centro sino un área enorme que vacasi de la General Paz hasta Morón. Nuestro cálculo es que el promedio mensual va a bajar a menos de 700. No sólo estuvo la ofensiva contra los desarmaderos, sino que los operativos en dos barreras de vías férreas, la avenida Rivadavia y en Díaz Vélez, ya establece un cerco que es muy difícil de atravesar con un auto robado.”
“Nuestros primeros datos indican que los robos de autos bajaron a menos de la mitad, yo diría que al 30 por ciento –evalúa Laborde desde Avellaneda–. A la clausura de los desarmaderos, que empezó antes, pero ahora tiene otro ritmo, hay que agregarle que la policía está presionada. Es obvio que han tenido que salir a la calle. ¿Cuánto durará? No lo sé. A veces pienso en que esto se parece a aquel pedido de Barrionuevo de que hay que dejar de robar dos años. Me preocupa también la cuestión judicial. En Wilde fue desmantelado el principal desarmadero de Elbio Fernández, el Rey del Corte. De los 34 detenidos, 33 gozan de prisión domiciliaria. Las comisarías de nuestra zona tienen que dedicar 18 policías a la custodia de algunos de esos presos.”
“Nosotros también registramos una baja de los robos, no sólo de autos, a la mitad –asegura Posse, en San Isidro–. Una clave han sido los operativos de saturación de la Gendarmería y Prefectura en las autopistas, porque por acá hay pocos desarmaderos. En general, los autos se cortan en otro lado, aunque tuvimos nuestro foco en la zona cercana a Tigre. Si se mantiene el respeto a los derechos individuales, la sensación de seguridad va a mejorar mucho.” Un funcionario del área de seguridad de la Municipalidad de San Isidro sostiene que los robos de autos ya empezaron a bajar cuando dejaron sus cargos los dos jefes policiales de la zona, Alberto Cánepa y Aníbal Degastaldi. En abril se robaron 268 coches, en junio 228 y en las dos primeras semanas de julio 95, lo que llevaría a un promedio de 180. Claro que de esos 15 días, sólo en los cuatro últimos empezaron los operativos contra los desarmaderos y aparecieron en la calle los gendarmes y prefectos.
La mayoría de los consultados por Página/12 coincidieron en las críticas a dos iniciativas puestas en marcha por el gobierno bonaerense. En primer lugar, que el nuevo registro de desarmaderos sea manejado por la policía, algo que contrasta con la imagen ahora instalada en la población de que todos esos negocios y galpones han funcionado con complicidad policial. La segunda medida cuestionada es la de darles más facultades a los fiscales, por ejemplo, las de allanar sin orden de un juez de garantías. La objeción funcional es que la mayoría de los fiscales delega gran parte de las investigaciones en los policías, por lo cual la medida, de hecho, significa darle más poder a la Bonaerense. Además, si se determina que estas facultades son inconstitucionales, como sostienen los críticos a esta medida, se prevé que varios jueces de garantías pondrán en libertad a los detenidos.
Justamente uno de los fiscales de Lomas de Zamora, que pidió reserva de su nombre, coincidió con ese diagnóstico: “Está claro que muchos jueces de garantías van a dejar en libertad a los detenidos porque la norma es inconstitucional. Por ahora, nosotros no tenemos menos trabajo sino más. En los operativos se secuestran muchos autos porque sucede que hay gente que compró el coche de buena fe, pero el origen es robado. En el caso de los remises es impresionante: hay una enorme cantidad que son doblados, con papeles falsos, numeración cambiada. Y también nos aumentó el trabajo porque al haber más policías y gendarmes en la calle, se chocan con ladrones que vienen huyendo”.
Más allá de la percepción de intendentes y fiscales, lo cierto es que también empiezan a trascender números oficiales. En el Ministerio de Seguridad bonaerense hablan, en forma extraoficial, de que el robo de autos bajó un 22 por ciento y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, adelantó que en la Capital Federal los robos cayeron un 30 porciento en el último mes. Aunque las cifras oficiales todavía no hablan de muertos, es evidente que la baja en la cantidad de robos debe haber producido una fuerte baja en la cantidad de asesinatos.