Amado Boudou y Martín Sabbatella entregaron ayer licencias, reconocimientos y subsidios.
Imagen: DyN.

El vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, y el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, reclamaron la aplicación “total” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el marco del acto que encabezaron en Tecnópolis a propósito del cuarto aniversario de la aprobación de esa norma por el Congreso de la Nación.

En el acto, el vicepresidente pidió que se aplique el criterio de “igualdad ante la ley” para la plena implementación de la norma que fue aprobada el 10 de octubre de 2009 y advirtió sobre los “mensajes mafiosos” que se envían a través de la “tapas” de los diarios. “Ya estamos acostumbrados a recibir todos los días algún golpe bajo, mentiras, pero sepamos que esas tapas, esos mensajes mafiosos, buscan maniatar a empresarios, sindicalistas, trabajadores, a todos. Es la herramienta de control de estos tiempos”, alertó.

“No hay ley que tenga la legitimidad que tiene ésta: surgió del trabajo fecundo y horizontal de miles de reuniones y luego fue una ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que fue votada por grandes mayorías en ambas cámaras. ¿Alguien me puede explicar cuál es la ilegitimidad o la inconstitucionalidad de una ley que ha pasado por todas esas instancias?”, preguntó el vicepresidente en referencia a los numerosos foros públicos en los que se debatió la norma antes de llegar al Congreso.

El proyecto de ley surgió de los “21 puntos básicos por una radiodifusión democrática”, un documento elaborado por un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil, organismos defensores de los derechos humanos y universidades, entre otros, cuyo objetivo era reemplazar la antigua Ley de Radiodifusión elaborada durante la última dictadura cívico- militar. “Esta ley deja atrás una norma oscura de la dictadura y lo hace a partir de dos ejes que son el fomento de nuevas herramientas y el antimonopolio”, porque la concentración “lesiona la libertad de expresión”, aseguró el titular de la autoridad de aplicación de la ley, Martín Sabbatella.

Inmediatamente después de la sanción de la norma –el 26 de octubre de 2009–, el Grupo Clarín presentó ante la Justicia una medida cautelar contra los artículos 41, 45, 48 y 161 por considerarlos inconstitucionales que consiguió fallos favorables en primera y segunda instancia y ahora está a la espera de la decisión de la Corte. “Sabemos que no toda la Justicia es dilatoria ni hace fallos a medida. Pedimos ni más ni menos que eso, justicia por una ley que surgió de un proceso democrático, plural, horizontal y constitucional”, planteó Boudou, presidente en funciones en tanto Cristina Kirchner se recupere de su intervención quirúrgica.

Por último, Sabbatella recordó la audiencia convocada por la Corte Suprema el 28 y 29 de agosto pasados para escuchar los argumentos del Estado, del Grupo Clarín y de organismos a favor de cada uno de ellos en torno de la norma y remarcó la necesidad de que “la aplicación de la norma sea integral”, para lo que pidió una “pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia que ponga fin a las situaciones de privilegio y concentración”.