El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, insiste con salvar la imagen dañada de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). El 1º de octubre elevó un proyecto de ley para otorgarle más poder y facultades en detrimento de la Subsecretaría de Trabajo local. No lo habían logrado poniéndose de acuerdo dos de sus funcionarios, Juan José Gómez Centurión y Ezequiel Sabor, el director ejecutivo de la AGC y el responsable del organismo laboral, respectivamente. Mediante una resolución administrativa que dejó sin efecto la Justicia, consentían el traspaso del cuerpo de inspectores y funciones indelegables de la Subsecretaría a la Agencia el 29 de julio pasado. Violaban así la Constitución de la ciudad y un convenio de la OIT.

El envío reciente de esta iniciativa del Ejecutivo a la Legislatura reconoce tácitamente que la dupla no se ajustaba a derecho. En palabras de Edgardo Castro, delegado de ATE y uno de los denunciantes de la maniobra de Gómez Centurión y Sabor, “con su proyecto, Macri deja en evidencia que sus subalternos cometieron un delito”.

En el proyecto, se delegan en la AGC la “fiscalización y control del cumplimiento de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad del trabajo, la Seguridad Social y cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo, con facultades de inspección de Policía de Trabajo (...)” Con el mismo espíritu, le otorga al militar Gómez Centurión la supervisión del cumplimiento de las normas en materia ambiental. Estos cambios le quitan atribuciones a Sabor y fortalecen el papel de gendarme porteño de la AGC.

Y también dispone la transferencia de “los recursos humanos, patrimonio y presupuesto, y todo otro recurso necesario que a la fecha se encuentren afectados al cumplimiento de las competencias de fiscalización y control aquí| asignados, de la Dirección General de Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, y de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental”.

Todo el poder se le confiere al militar que combatió a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín en Malvinas, simpatizó con el movimiento carapintada en los años ’80 y se retiró del Ejército el 30 de septiembre de 1997. O por añadidura, al autor del proyecto.

La AGC se creó en 2007. Macri no quería sufrir su propia tragedia de Cromañón. Sin embargo, la agencia demostró su ineficacia para prevenir una serie de muertes por derrumbes en obras en construcción, edificios y comercios socavados por la voracidad inmobiliaria, como también en boliches sin controles adecuados. Recuérdese el caso de Beara.

El proyecto que acaba de elevar a la Legislatura Macri califica de “satisfactorio” el desempeño de la AGC, pero explica que “la calidad en la gestión pública puede y debe ser constantemente mejorada en busca de niveles de excelencia”; un modo de justificar por qué amplía las competencias que se transfieren a ese organismo.

Castro, uno de los denunciantes que acompañaron la medida cautelar, que hizo caer la resolución de la dupla Gómez Centurión-Sabor, promete volver a la Justicia. “El proyecto de Macri es inconstitucional. Son tan importantes los negocios inmobiliarios en la ciudad que ahora quiere dejarlos a resguardo mediante una ley.” El inspector del Trabajo agregó en diálogo con Página/12 que, con esta norma, “la labor inspectiva quedará en manos de la agencia, pero la capacidad sancionatoria la conservará la subsecretaría de Sabor”. Una evidente contradicción.

Gómez Centurión anunció días atrás por radio La Red que “de acá al 2015 vamos a entregar una agencia totalmente renovada”. De su afirmación se desprende que no estaba preocupado por las cinco notas que le envió la Asociación de Profesionales Perito-Verificadores (APPV) –a la que nunca recibió– con denuncias por accidentes en obras en construcción y la caída de ascensores. Tampoco dio explicaciones ni se las pidieron sobre el abogado del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, contratado por la AGC para brindarles servicios de consultoría a inspectores del organismo por 741.180 pesos y cuyos presuntos beneficiarios nunca se enteraron de esa asistencia jurídica.

Estos antecedentes al frente de la agencia poco le importan a quien lo erigió en el jefe de su guardia pretoriana para el comercio, la industria y el medio ambiente. Macri justifica en su iniciativa legislativa para qué está el organismo: “elevar el standard de eficacia, celeridad y eficiencia de los servicios brindados al administrado”. O sea, el contribuyente. O sea, por todo lo expuesto solicita “la aprobación del presente proyecto de ley”.

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