La Cámara del Crimen decidió apartar, de hecho, al fiscal José María Campagnoli de una causa iniciada por una supuesta extorsión contra el financista Federico Elaskar, pero que el fiscal convirtió en un expediente en el que se investigaron las sociedades de Lázaro Báez y en el que hasta pidió que se allanen propiedades de la familia Kirchner, incluyendo supuestas bóvedas, cuya existencia nunca se comprobó.

Los camaristas señalan que hubo “sobreactuación” de la fiscalía y la consideraron “criticable”, pese a lo cual decidieron que no es nulo nada de lo hecho, aunque desde ahora todo el caso –la extorsión y el lavado de dinero– estarán en manos del juez federal Sebastián Casanello. La Cámara dijo que el fiscal no se concentró en la extorsión, sino que utilizó el expediente para ir mucho más allá. Por último, los magistrados sostuvieron que los vínculos de Campagnoli con el Grupo Clarín y con Elisa Carrió se investigan en otra causa, por lo cual no evaluaron ninguno de los dos temas.

El caso de Elaskar surgió en el programa televisivo Periodismo para Todos y la versión que dio el financista es que fue extorsionado por Daniel Pérez Gadin, un supuesto hombre de Báez, para que vendiera la financiera SGI. Esa financiera –de acuerdo con la denuncia mediática– armaba empresas en el exterior y Leonardo Fariña se encargaba de conseguir clientes que quisieran sacar dinero presuntamente negro del país. Campagnoli, que de manera ostensible reflejó todo lo publicado por el Grupo Clarín, puso en marcha el expediente sin que existiera denuncia del extorsionado y pese a que Elaskar dio marcha atrás con sus afirmaciones televisivas. Los jueces en el fallo de ayer no criticaron ese accionar, convalidado también por la magistrada que tenía la causa, María Gabriela Lanz. En algún tramo del fallo, los camaristas sostienen que Campagnoli debió ceñirse a lo referido a la extorsión y, en cambio, se puso a investigar las empresas de Báez y todo lo averiguado –dicen las defensas de los involucrados– aparecía de inmediato en los medios, sobre todo los del Grupo Clarín.

De todas maneras, los camaristas Gustavo Bruzzone, Rodolfo Pociello Argerich y María López González no consideraron que esa actuación del fiscal y la jueza devenga en una nulidad de lo hecho. Lo que cuestionaron es que, existiendo una causa por lavado de dinero y siendo la supuesta extorsión parte de la trama, ambas cosas corran en causas paralelas en distintos juzgados. Por ello, los jueces evaluaron que la extorsión es un incidente “dentro de una relación entre víctimas y victimarios que giraba alrededor de las presuntas maniobras de lavado de dinero que forman el objeto del proceso que se les sigue ante la Justicia federal”. Es decir que, para los camaristas, lo totalizador es la causa federal que lleva adelante Casanello. Si encima se les adjudica alguna vinculación con funcionarios nacionales con ese delito y se habla de maniobras contra el patrimonio del Estado, más todavía se justifica el fuero federal, redondearon Bruzzone, Pociello Argerich y López González.

Lo hecho por Campagnoli motivó reiterados rechazos de las defensas: investigaba viajes de los hijos de Báez al exterior, supuestas empresas y fondos en otros países, las relaciones del empresario con la familia Kirchner, todas cuestiones que no tenían vínculo con la extorsión que puso en marcha el expediente. Y, según los letrados, el trasfondo consistía en una estrecha relación del fiscal con una hermana de Elisa Carrió y un vínculo con los abogados del multimedios Clarín que, según denunciaron, le redactaron un escrito. Esto se investiga en otros expedientes.