El año pasado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, llevó a la Procuración General papeles con estadísticas y una lista de preocupaciones sobre fallas en las investigaciones penales sobre la apropiación de hijos de desaparecidos. La unidad especializada creada entonces cumple hoy un año y muestra una importante reducción de los tiempos desde que se inicia una causa en busca de un nieto hasta que se hacen los estudios de ADN: ese plazo se acortó de 22 meses a menos de seis. “No sólo es una cuestión de eficiencia, sino que apostamos a la celeridad para que las Abuelas tengan la posibilidad de conocer a sus nietos”, explica Pablo Parenti, el titular de la unidad. A la vez, dice que un desafío pendiente es lograr mecanismos de investigación para no tener que esperar a que lleguen, una por una, denuncias de organismos o de jóvenes que sospechan sobre su identidad.

Esos 22 meses era el tiempo que transcurría desde la recepción de una denuncia sobre una posible apropiación hasta la evaluación sobre la conveniencia de un test genético. La unidad intenta entregar al juzgado una pesquisa lo más avanzada posible, que puede incluir el estudio de legajos de miembros de las fuerzas de seguridad sospechados, las historias clínicas de las posibles apropiadoras o las partidas de nacimiento, entre otras cosas. El objetivo es poder pedirle al juez el estudio de ADN del posible hijo o hija de desaparecidos junto con la denuncia.

Según su primer informe de gestión, la unidad hizo 51 investigaciones preliminares, 12 de las cuales fueron judicializadas. De estas últimas, en un caso el estudio de ADN dio negativo, pero el resto está en plena investigación. ¿De dónde surgen las denuncias? En veintiún casos ingresaron por el Fondo de Recompensas del Ministerio de Justicia, quince las presentaron Abuelas de Plaza de Mayo, ocho provinieron de información aportada por particulares, cinco por presentaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y dos se derivaron de otras causas. A veces son los propios jóvenes los que plantean dudas sobre su origen; otra gente los conoce a ellos o a sus posibles apropiadores.

–¿Es un fracaso que en este primer año de trabajo todavía en ninguna denuncia de la unidad el estudio genético haya dado positivo? –preguntó Página/12 a Parenti.

–Para nada, lo que nosotros hacemos es trabajar en optimizar un mecanismo. No podemos asegurar resultados.

Parenti señala que es un “fenómeno criminal” único el de la apropiación de niños en el terrorismo de Estado. “Hace un tiempo los jueces no sabían ni cómo hacer para obtener una muestra de sangre o de ADN, o tenían temor de hacerlo, y ni siquiera sabían que debían mandar las muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos”, señala. La procuradora Alejandra Gils Carbó implementó un protocolo que dice, por ejemplo, que para hacer tareas de inteligencia deben apoyarse en un grupo de asistencia judicial del Ministerio de Seguridad; señala cómo se toma una muestra de ADN y los organismos que pueden dar contención psicológica a la víctima.

Hasta ahora, todas las investigaciones se basan en sospechas o denuncias “caso por caso”, pero, reflexiona Parenti, “uno no puede pensar que los 400 nietos que faltan todavía se van a poder identificar así”, por eso señala que ahora tiene la expectativa de poder generar investigaciones que vayan “de lo general a lo particular”.