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El proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín a la cantidad de licencias permitidas por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) ya está en marcha, confirmó el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, que ayer se apersonó en la sede del multimedio para entregar la notificación correspondiente. Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del Estado determinando la completa constitucionalidad de la norma y estableciera que todos los plazos para ajustarse a lo que ella dispone ya se encuentran vencidos, la autoridad de aplicación puso en marcha los mecanismos para avanzar con el desguace del mayor conglomerado mediático del país y con la venta de sus licencias excedentes. Tal como anticipó Página/12, en su visita al edificio de la calle Piedras el funcionario dejó abierta la puerta para que Clarín presente en el corto plazo un plan de de-sinversión voluntaria basado en una propuesta realizada en tiempo y forma por Fintech, socio minoritario de Cablevisión, para que sea evaluada por el organismo. “Se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla”, manifestó Sabbatella ante la prensa que lo esperaba a la salida del edificio de la empresa.

El titular de la Afsca se presentó poco antes del mediodía en la sede de Clarín, en el barrio porteño de Constitución, con la finalidad de entregar a los abogados del multimedio la notificación del comienzo del proceso de adecuación de oficio a la LSCA, de acuerdo con lo establecido por la nueva legislación ante la ausencia de un plan voluntario presentado por la empresa para ajustarse a la ley. Esta es la segunda vez que comienza ese trámite: el 7 de diciembre del año pasado, luego de que cayera la cautelar que protegía al Grupo de la aplicación de los cuatro artículos relativos a desinversión, Sabbatella había presentado un escrito similar, aunque el proceso quedó en suspenso horas más tarde ante una nueva cautelar. Ahora, la autoridad de aplicación decidió realizar una nueva presentación para evitar posibles impugnaciones judiciales a la original.

El funcionario llegó acompañado por su habitual escolta: los directores de Administración, Gestión y Desarrollo de Servicios de Comunicación Audiovisual, Daniel Larrache, y de Asuntos Jurídicos, Sergio Zurano. Luego de algunos minutos ingresó al edificio, donde permaneció reunido durante casi dos horas con el abogado del Grupo Clarín, Damián Cassino, dos asesores y un escribano. El diálogo fue “a cara de perro pero cortés”, describió uno de los asistentes. El momento de mayor tensión fue cuando Cassino pretendió su-bordinar el cumplimiento de la ley al cumplimiento de algunos considerandos que incluyó la Corte Suprema en la parte no resolutiva de su fallo, algo considerado “improcedente” por los representantes del Estado, de acuerdo con los principios básicos del derecho.

“Intimo al representante de la Afsca para que en el plazo de 48 horas informe a mis representados cómo dará cumplimiento al obiter establecido en el considerando 74 que establece lo siguiente: ‘Ser un organismo técnico e independiente, protegido de debidas interferencias del Gobierno’”, sostuvo Cassino. “En este mismo acto rechazo por improcedente la intimación que efectuara el apoderado del Grupo Clarín SA por falaces e inexactos la totalidad de los términos que vertiera en la misma”, zanjó el asunto Zurano. Por lo demás, el intercambio se mantuvo en los canales de lo esperado y no arrojó novedades al proceso, confiaron a Página/12 fuentes de la autoridad de aplicación.

Sabbatella explicó al abogado de Clarín que de acuerdo con lo fallado por la Corte Suprema de Justicia todos los plazos para presentar un plan de adecuación voluntaria están “absolutamente vencidos” y le entregó el inventario de licencias y bienes de ese conglomerado que había confeccionado el Afsca. Ahora el multimedio tiene quince días para efectuar correcciones o ratificarlo.

Además, se informó a Cassino que sus representados aún tienen una posibilidad de meter “por la ventana” un esquema de desinversión voluntario, ya que un socio minoritario, Fintech, había presentado en tiempo y forma una propuesta, a la que podrían adherir. El tiempo límite para esta segunda oportunidad no está determinado con precisión. “Tienen que presentarlo antes de que el proceso de oficio sea irreversible. Por ejemplo, si lo hacen después de los concursos ya sería inaplicable”, explicaban desde el organismo.

De todas formas, el proceso de oficio ya está corriendo: si en quince días el Grupo no ratifica o corrige el inventario, la Afsca lo dará por bueno y procederá a la segunda etapa del plan de adecuación, que implica tasar las licencias y los bienes fundamentales necesarios para el funcionamiento de cada una de ellas, que deben ser transferidos en conjunto. A continuación, de no haber una propuesta voluntaria, la Afsca seleccionará cuáles serán los ítems que saldrán a concurso, con el criterio de minimizar el perjuicio del afectado. En principio, quedarían a disposición para transferir aquellas licencias de menor valor económico. Una vez tomada esa decisión, solo quedará concursar y completar la adjudicación, tal como lo establece la ley. En total, se estima que todo el trámite debería demorar entre seis y doce meses.

“El objetivo de la Afsca es que aquellos grupos con excedente de licencia se adecuen a lo que establece la ley, y Clarín es uno de ellos, el más importante. Si lo hacen voluntariamente o de oficio es un tema secundario para nosotros”, explican en el organismo. También aseguran que aunque el ritmo de adecuación de los otros grupos excedidos hasta ahora era “algo lento”, hay una “decisión política de avanzar con el mismo ritmo en todos los casos”.

En el mismo sentido se manifestó Sabbatella a la salida de la reunión en Clarín. “La Afsca es un organismo que trabaja con igualdad de criterio para el conjunto de las empresas”, afirmó. También recordó que, luego del fallo de fondo de la Corte Suprema, Clarín tiene derecho a litigar pero ningún paso que tome en ese sentido puede tener “carácter suspensivo” sobre el proceso de adecuación, que continuará por los cauces establecidos. “El fallo de la Corte establece la constitucionalidad de todos los artículos de la ley –recordó el funcionario–. Se terminó la incertidumbre, se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla.”