Viernes, 8 de noviembre de 2013 | Hoy
EL PAíS › BODART APELO EL FALLO QUE HABILITO LA SUBA DEL SUBTE
El legislador del MST Alejandro Bodart apeló el fallo del juez Pablo Mántaras que habilitó el aumento a 3,50 pesos del pasaje del subte. Como parte de su argumentación, el diputado utilizó el informe de la Auditoría General de la Ciudad que advierte que la tarifa técnica del subte está más cerca de los cinco pesos que de los siete que fijó el gobierno porteño. Inmune a las críticas, la vicejefa María Eugenia Vidal afirmó que la culpa la tiene el gobierno nacional: “Hay una brecha importante entre lo que realmente cuesta el servicio, que está arriba de los siete pesos por usuario, y lo que se va a empezar a cobrar”.
Vidal afirmó que “esto tiene que ver con muchos años en que no se hicieron las inversiones necesarias mientras el servicio fue administrado por el gobierno nacional”. “Además se le va a agregar una tarifa o abono social para las personas que tengan menores ingresos, que reciban planes sociales de la Ciudad o del gobierno nacional”, sostuvo la vicejefa y posible candidata a gobernadora bonaerense del PRO. La “tarifa social” será de 2,50 pesos, el actual valor del pasaje luego del primer aumento que dispuso el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
“Metrovías y el gobierno macrista inflaron la tarifa técnica a 7,47 pesos, cuando la auditoría indica un valor de 5,01 a 5,62”, remarcó el legislador Bodart, quien consideró que con el incremento de subsidios que viene enviando el macrismo a Metrovías, la tarifa social podría ser de un peso y no habría que hacer ningún aumento a la general. En su apelación, Bodart insistió en que se tome en cuenta el “reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad, de 430 páginas, para que lo considere”.
Bodart también aseveró que “hay que reducir los subsidios a Metrovías, que Mauricio Macri pretende elevar a 980 millones de pesos. Macri trabaja para la (empresa) privada, en contra de los pasajeros”.
Por su parte, la Agrupación de Trabajadores de Metrovías (ATM) rechazó el aumento porque “no se basó en ningún estudio de costos comprobable por la opinión independiente de los trabajadores y los usuarios sino en la arbitrariedad”.
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