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El instrumento más eficaz para concretar la declamada voluntad política de “descriminalizar la protesta” sería una amplia amnistía para los casi 3 mil imputados, procesados y condenados por distintas manifestaciones sociales. Así piensan más de 40 organizaciones que pidieron una entrevista con el presidente Néstor Kirchner para presentarle un proyecto de ley que permitiría el desprocesamiento de esos miles de militantes y activistas y fijaría las pautas a seguir por parte de las fuerzas de seguridad, funcionarios políticos y especialmente para los magistrados del Poder Judicial. Planean una masiva manifestación en Plaza de Mayo para mañana y esperan ser recibidos en la Casa Rosada para entregar una carta al Presidente y el proyecto.
La iniciativa apunta a posibilitar la amnistía de todos los hechos que ocurran a partir de reivindicaciones sociales, económicas, políticas, gremiales, de derechos humanos o estudiantiles. Estos hechos pueden ser cortes de rutas u otras vías públicas, escraches, movilizaciones contra la represión o por la libertad de personas detenidas, acciones orientadas a suspender desalojos de familias o trabajadores, movilizaciones de ahorristas, por entrega de alimentos o por reclamos gremiales, huelgas o paros, intentos de paralización de subasta de bienes de productores, especialmente rurales, y ocupaciones de inmuebles por familias carenciadas, la actividad de asambleas populares, la puesta en producción de empresas o la instalación de comedores escolares.
La amnistía fue el concepto más adecuado que encontró la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) para plasmar la propuesta. Aunque hubo quienes señalaron que tiene connotaciones negativas porque remite a la Ley de Autoamnistía dictada por la última junta militar, finalmente hubo coincidencia en que la lucha por la amnistía de presos políticos es una reivindicación histórica del movimiento popular. En las reuniones en las que se consensuó el proyecto, los participantes acordaron que “indulto” no era apropiado porque borra la pena de un delito que ya fue sentenciado y condenado. En cambio, la amnistía despenaliza un hecho, sea cual fuere el estado de la causa, elimina la criminalización de determinados hechos que tal como están descriptos pasan a no ser punibles. Además, la amnistía es general mientras que el indulto requiere individualizar los casos. Y también acordaron ampliar el concepto de “desprocesamiento” como consigna popular al de “amnistía de los luchadores”, que incluye a quienes todavía no están procesados y a quienes ya han sido condenados.
Las organizaciones redactaron una carta dirigida al presidente Néstor Kirchner en la que empezaron describiendo los efectos sociales de la implementación del modelo “neoliberal” por parte de los sucesivos gobiernos, y puntalizaron que “el pueblo” no permaneció pasivo ante la profundización de los ajustes. Estas demostraciones se plasmaron en puebladas, huelgas, escraches y cortes de ruta, tuvieron como punto de partida el llamado “Santiagazo” en 1993, y como expresión más elevada la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. La represión de las diversas manifestaciones tuvieron hasta ahora un saldo de 50 muertos, por ejemplo, en las masacres de diciembre de 1999 en Corrientes, de diciembre de 2001 en los alrededores de la Casa Rosada y del Puente Avellaneda en 2002. Víctor Choque, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Mauro Ojeda, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán son sólo algunos de los nombres de los caídos.
La mayoría de los casos corresponde a militantes, activistas o participantes en organizaciones sociales y políticas que están imputados, procesados o con pedidos de elevación a juicio. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lleva contabilizados casi tres mil procesos abiertos. Pocos ya tuvieron sentencia, como el de Marina Schiffrin, la maestra que fue procesada por cortar un puente en Bariloche durante una manifestación en defensa de la escuela pública, además de los condenados Emilio Alí y Raúl Castells, ambos presos en varias oportunidades. Pero en los próximos meses llegarán a juicio oral o quedarán firmes muchas sentencias. En tal sentido, es cada vez más frecuente que el reclamo por trabajo, comida, salarios o educación sea acompañado por la exigencia del “desprocesamiento” de los dirigentes y militantes afectados.
Los impulsores del proyecto entienden que el accionar represivo acudió al aparato judicial para sostener la continuidad de la persecución desplegada en las calles, en lo que fue denominado “criminalización de la protesta social”. El presidente Néstor Kirchner aludió en estos mismos términos al fenómeno en su discurso de asunción, para dejar sentada su enérgica oposición a que durante su gobierno siga consumándose. Y el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, repitió el compromiso cuando tomó juramento a su gabinete. Las organizaciones sociales cuyos integrantes son víctimas de esta criminalización le dirán al Presidente que hasta ahora no hubo ningún gesto concreto para materializar el declamado compromiso, y por eso presentan el proyecto de ley como una manera de aportar la que consideran una solución de fondo. Piensan que Kirchner podría hacer propio el proyecto, que dicen fue producto de un amplio consenso, y lo instarán a enviarlo al Congreso para su tratamiento y aprobación.