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El presidente Néstor Kirch-ner calificó los atentados contra la embajada de Israel y la Asociación Mutual Judía de la Argentina (AMIA) como ver-güenza nacional, los comparó con la demolición de las torres gemelas en Nueva York y prometió facilitar la revisión del rol de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, federales y provinciales. Pero las condiciones en que el gobierno nacional autorizó la declaración judicial de los funcionarios que actuaron y el uso del sumario secreto que labró la SIDE no son coherentes con la promesa presidencial.
El 12 de marzo de 2002 el encargado del Poder Ejecutivo firmó el decreto 490/02 en respuesta a un pedido del Tribunal Oral Federal 3. Como depositario de los denominados “Secretos de Estado” el senador Eduardo Duhalde dispuso que el ex jefe de la SIDE durante la década menemista, Hugo Anzorreguy, declarara como testigo. También lo autorizó a relevar del secreto a aquellos agentes de la Secretaría ya identificados por el Tribunal Oral como partícipes en la irregular investigación de los atentados. Pero el artículo 3 del decreto excluyó de la autorización los “actos o hechos que involucren a ciudadanos de terceros Estados o relacionados con servicios de inteligencia extranjera”. El 8 de enero de este año Duhalde respondió a un reclamo del Tribunal Oral con el decreto 41/2003, preparado por su ministro de inteligencia Miguel Toma. Lejos de satisfacer su pedido, introdujo nuevas restricciones. Su artículo 1 sólo autorizó a declarar como testigos a los directores y jefes de operaciones de la SIDE. Pero incluso ellos debían preservar “la clasificación de seguridad” establecida en el artículo 16 de la ley de inteligencia 25520/01. Esto cubre las actividades de inteligencia, el personal, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia. Así se protegería “la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”. El artículo 2 agregó entre las prohibiciones la divulgación de secretos que “puedan comprometer la seguridad del Estado” y “pongan en peligro las líneas investigativas actualmente en trámite”. Este apartamiento flagrante del sentido común ocultaba que nada es más pernicioso para la seguridad del Estado que la continuidad de esos secretos que impiden llegar a la verdad. Dos semanas después, el 22 de enero, un nuevo decreto ratificó una decisión previa de Toma, objetada por el Tribunal Oral Federal: todo el sumario de la SIDE seguiría clasificado como “Estrictamente secreto y confidencial”. De otro modo, dice, se dejaría indefensa a la Argentina ante la agresión del terrorismo internacional. Todo lo contrario: la Argentina ya fue golpeada y su mejor defensa es averiguar cómo y por quién. Aunque el decreto dijo que debían impedirse “daños irreparables a la comunidad informativa mundial”, ninguna limitación de este tipo fue impuesta en Estados Unidos a la comisión que investigó los fracasos de la inteligencia de aquel país que permitieron la realización de los atentados de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York. Los agentes secretos argentinos no defienden la seguridad del país sino las espaldas de quienes la vulneraron y/o permitieron que otros lo hicieran.
El 27 de mayo el Tribunal Oral ordenó desclasificar todo el sumario de la SIDE, del que tacharía aquellos datos sobre su modo de operar y la identidad de sus agentes. En su décimo día de gobierno, Kirchner firmó el decreto 146/03 que derogó el último de Duhalde. También autorizó al Tribunal a dar vista del sumario a las partes y de acuerdo con la ley de inteligencia les trasladó la responsabilidad del secreto. Su revelación puede ser penada hasta con 6 años de cárcel (artículo 222 del Código Penal). El artículo 2 del decreto encomendó a la Secretaría de Inteligencia el testado (en lugar del Tribunal Oral) y el 3 a dictar las “normas complementarias” necesarias, atribución de notable amplitud. El decreto tiene un anexo que no se publicó. El apuro fue tan grande que ensus considerandos se atribuye la clasificación de seguridad al artículo 17 de la ley de inteligencia, que en realidad corresponde al artículo 16. El 24 de junio el decreto 249/03 incrementó las restricciones anteriores. Autorizó a Anzorreguy y a los funcionarios de las dos dependencias de la SIDE que actuaron (Sala Patria y Contrainteligencia-Sector 85) a declarar sobre el movimiento de fondos en la causa en la que el juez Claudio Bonadío investiga el desempeño de su colega Juan José Galeano, cuya candidatura al juicio político gana adeptos cada día. Pero reiteró que no podrían pronunciarse acerca de las prohibiciones genéricas del ahora bien citado artículo 16 y tampoco sobre “datos relativos a las actividades de inteligencia”, la identidad del personal, detalles de las instalaciones o dependencias de la Secretaría o cualquier otra documentación. Bonadío investiga si Galeano pagó una recompensa al procesado Carlos Telleldín con fondos de la SIDE.
El 30 de junio, el decreto 291 derogó los dos primeros de Duhalde y permitió que prestaran testimonio todos los funcionarios de cualquier jerarquía de la SIDE que el Tribunal Oral ya identificó. Pero además de las prohibiciones anteriores les sumó la de identificar a otros agentes o ex agentes. El Tribunal Oral deberá tomar las medidas para que los testimonios no trasciendan más allá de las partes en el juicio. El mismo día, el decreto 292/03 ordenó al Secretario de Inteligencia poner a disposición de Bonadío todas las rendiciones de cuentas y movimientos de fondos por más de 50.000 pesos o dólares que hubieran sido utilizados en operaciones de Sala Patria y/o Contrainteligencia entre 1996 y 1997. Por último, este mes Kirchner firmó el decreto 398/03 que abre la información clasificada sobre el atentado a la AMIA que posean la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Pero la pone a disposición del cuestionado juez Galeano y previo testado por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de las partes que puedan dar pistas sobre sus modos operativos y la identidad de sus agentes. El 24 de julio, la resolución ministerial 54/03 autorizó exclusivamente a Galeano y sus secretarios a consultar los archivos. Sobre lo que el juez elija, el ministerio cumpliría con el testado que marca el Decreto. De este modo, la letra chica de los decretos y resoluciones desvirtúa la política anunciada por el presidente y por su Secretario de Inteligencia Sergio Acevedo.