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“Nosotros vamos a actuar con racionalidad y la cabeza fría pero con el corazón caliente”, le dijo el pastor José De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Organismos de derechos humanos se entrevistaron ayer con el magistrado que ordenó cumplir con el pedido de captura internacional contra los 46 represores acusados por el juez español Baltasar Garzón. Le dejaron un escrito y le reclamaron que no dejara en libertad a los militares mientras dure el juicio de extradición.
Representantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, MEDH, Servicio Paz y Justicia, Central de Trabajadores Argentinos, Federación Universitaria de Buenos Aires y Correpi, entre otras agrupaciones, se reunieron ayer con Canicoba Corral en su despacho. Fue una reunión cordial en la que el juez les manifestó que las puertas de su juzgado estaban abiertas para las víctimas y las organizaciones no gubernamentales pero que tuvo algunos momentos ríspidos cuando se habló de una eventual libertad provisoria de los detenidos.
Los organismos –acompañados por los diputados nacionales Ariel Basteiro y Patricia Walsh, y de la Ciudad de Buenos Aires, Beatriz Baltroc y Vilma Ripoll– presentaron un “amicus curiae”. Se trata de una herramienta que permite que quienes no forman parte de una causa pero tienen interés legítimo en el caso, aporten información o hagan conocer sus posiciones. Luego de la reunión, los integrantes de las agrupaciones de derechos humanos manifestaron que evaluarán si se presentarán como parte querellante en el expediente, lo que les otorgaría mayor libertad para hacer reclamos concretos.
La principal preocupación de quienes se entrevistaron con el juez era que Canicoba Corral no dejara en libertad a los procesados por Garzón mientras dura el juicio de extradición. El magistrado señaló que el tratado entre Argentina y España establece que los requeridos pueden salir de la cárcel –o de los lugares en donde permanecen bajo arresto– hasta que se resuelva su situación. Aclaró que antes de expedirse sobre ese asunto, debería tomar recaudos para evitar que alguno de los militares se escape. En ese momento, fue cuando el clima de la reunión se tensó.
–¿Usted puede asegurar que no se van a fugar? ¿Usted lo va a encontrar a Vildoza? (el marino que está prófugo desde mediados de los ‘80) –le preguntó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Los abogados presentes, entre otros, Mónica Gonález Vivero, Rodolfo Yanzón, Juan Carlos Capurro y Raúl Schnabel, argumentaron que los represores están acusados de delitos contra la humanidad y, por lo tanto, no excarcelables. Además, indicaron que no querían que se repitiera lo que ocurrió en la causa por la masacre de Margarita Belén, en la que la Cámara Federal del Chaco dejó en libertad a los responsables directos del fusilamiento de 22 presos políticos.
Calvo también preguntó qué ocurriría si los militares optaban por ser juzgados en el país –como está establecido en la Ley de Extradición– mientras las leyes de Obediencia Debida y Punto Final seguían estando vigentes. El magistrado respondió que tenía claro que aquí, todavía, quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura aún no podían ser juzgados. De todas formas, manifestó su preferencia por que los represores sean condenados en el país. La decisión de anular definitivamente las normas que impiden la condena a los represores está en manos de la Corte Suprema.
“Buscamos que se destierre la impunidad y que el derecho, la verdad y la justicia sean para todos y no solo para algunos”, afirmó luego de la reunión el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj. Calvo estimó que “lo importante” fue que “le dejamos claro al juez que no debíadejar libre a esta gente porque podía ser interpretado por el pueblo como una forma de injusticia”.