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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

La mayoría de los diputados interpretaba que la recusación presentada por tres ministros de la Corte Suprema era simplemente una chicana. Sin embargo, el rechazo al escrito se llevó casi dos horas de las tres que duró la reunión de la Comisión de Juicio Político. Tiempo más que extenso para los legisladores. Más si se tiene en cuenta que precisamente la estrategia de la Corte es ganar tiempo especulando con la debilidad del gobierno de Eduardo Duhalde. Finalmente hoy los cortesanos tendrán en sus manos la respuesta de la comisión en la que rechazan su presentación por “notoriamente inadmisible e improcedente”. Chicanas al margen, la comisión avanzó en el estudio de los casos sobre los que se está cerca de concluir la instrucción. Tarea que consideran que finalizará la semana que viene.
La recusación de los supremos, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López, llegó a poner nervioso a más de uno de los legisladores, “sobre todo por la inexperiencia de muchos de ellos en estas lides”, según comentó uno de los diputados de la comisión. La discusión sobre la jugada de la Corte se saldó a partir de la lectura de la Constitución Nacional. Los cortesanos habían recurrido al artículo 90 del reglamento de la Cámara baja para separar a los diputados que ejercieran la abogacía y que integren no sólo la comisión sino también el resto del cuerpo. Lo que no contaban los supremos era que la propia CN les estaba inhabilitando su jugada, porque la creación del Consejo de la Magistratura en 1998 convertía en abstracto el artículo en cuestión.
“La ignorancia de los miembros de la Corte acerca de lo que dispone la Constitución es alarmante y los haría pasibles de un pedido de juicio político por desconocimiento del derecho”, aseguró a este diario el justicialista Ricardo Falú.
La polémica en la comisión se había disparado a partir de la insistencia de la legisladora del ARI, Elisa Carrió, en plantear que no “debería haber diputados que pleitearan ante el máximo tribunal”. Su punto de vista apuntó a no dejar resquicios para algún cuestionamiento ético por parte de los miembros de la Corte. Los legisladores que vieron detrás del escrito de los cortesanos un ardid y que por lo tanto propiciaban una pronta respuesta, tuvieron que soportar largas disquisiciones en los que cada uno de los abogados que integran la comisión se explayaron sobre sus respectivas situaciones personales. Se superó la discusión luego de las gestiones componedoras de la duhaldista Graciela Camaño y de que se aceptara que la chaqueña incorporara a la respuesta un párrafo en el que dejaba a salvo su posición. Claro que antes había amenazado con dar una respuesta en minoría si no eran atendidas sus objeciones.
Así es que la respuesta de los diputados precisa que “en cuanto a los diputados abogados matriculados para intervenir ante la justicia federal, como invoca la recusación, la comisión considera que sólo alcanzaría a aquellos integrantes que tengan intervención letrada personal y con firma por ante la Corte Suprema”.
A renglón seguido, los diputados se zambulleron en el avance de los diferentes expedientes. El caso sobre el corralito se encontraba prácticamente terminado. Incluso antes de la reunión, algunos diputados especularon con dar vista a la Corte de la instrucción este mismo jueves. Pero fue la insistencia de la menemista Alejandra Oviedo la que dilataron su cierre al exigir nuevas medidas de prueba. Su reclamo se centró en la citación del titular de la SIDE, Carlos Soria, quien mantuvo un encuentro con los supremos poco después de que firmaran la controvertida acordada del corralito. De no mediar alguna nueva requisitoria del menemismo, en la comisión descuentan que a más tardar el martes estará listo el capítulo de cargo.
Mañana no sólo será el turno de Soria, de quien se supone que contestará las preguntas de Oviedo por escrito, también se presentarán ante la comisión los testigos reclamados por Carrió en el caso del atentado contrala embajada de Israel. Así será que estarán presentes Esteban Canevari y Alfredo Bisordi, funcionarios de la Corte que participaron de la instrucción de la causa.
Además de estos dos casos, los que también están a un paso del capítulo de cargo son: el manejo administrativo de la Corte, el denominado rebalanceo telefónico, la venta ilegal de armas, la jubilación de Carlos Fayt.
Para una buena parte de los integrantes de la comisión los casos del corralito y los referidos a las cuestiones administrativas del alto tribunal pueden ser determinantes. El primero por las contradicciones que posee y el segundo por “la larga lista de irregurlaridades y manejo arbitrario” de los cortesanos.