El Frente para la Victoria firmó ayer el dictamen de reforma de los códigos Civil y Comercial y anunció que tratará el proyecto el próximo miércoles en el recinto del Senado. Desde la oposición, el radicalismo, el PRO y el FAP adelantaron que votarán en contra, principalmente por la exclusión de los artículos sobre la responsabilidad civil del Estado, que se está tratando paralelamente en una ley especial en la Cámara de Diputados. Producto de los cambios reclamados por la Iglesia Católica y concedidos por el kirchnerismo, algunos legisladores del peronismo disidente, como la puntana Liliana Negre de Alonso, anticiparon que votarán a favor en general. Sobre el cierre del debate en la comisión, ayer se produjo una polémica por una última modificación del artículo 19, que establece cuándo se produce el comienzo de la vida. “Los cambios que introdujo el oficialismo son inadmisibles. La eliminación de la fertilización asistida es una falta de respeto a la sociedad”, advirtió la diputada radical María Luisa Storani. Desde el kirchnerismo consideraron que el cambio no tendría consecuencias prácticas y que la fertilización asistida continúa de todas maneras regulada en artículos como el 560 del nuevo código.

“Este es un muy buen trabajo y una muy buena propuesta. Lamentamos y compartimos la frustración de no haber encontrado mayores niveles de consenso y que los legisladores de la oposición no hubieran abordado esto como política de Estado, sino como un tema de oposición rígido”, aseguró ayer el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, quien defendió los cambios realizados en el Congreso luego de más de un año de trabajo. El senador rionegrino repasó algunas de las más de 170 modificaciones realizadas por el kirchnerismo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que a su vez había revisado el texto original redactado por la comisión de juristas encabezada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer.

Entre otras cuestiones, Pichetto aseguró que en el dictamen se “fortalece” el derecho de los pueblos originarios, se incluye la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, se elimina el vínculo afectivo como requisito para la adopción y se estipula un plazo de 90 días para que el juez determine la situación de adoptabilidad. También se reconfigura el contrato de arbitraje y se introducen cambios en el reglamento de propiedad horizontal. Para no cerrar la puerta a futuras negociaciones, el jefe de la bancada oficialista explicitó que pueden producirse cambios el día de la sesión y que el dictamen se pasó a la firma para cumplir con los plazos. “Realmente es una actualización y modernización que recoge todos los cambios culturales aceptados mayoritariamente por la sociedad argentina”, sostuvo la diputada kirchnerista Diana Conti, una de las encargadas de la redacción y corrección del dictamen.

Fuera del código quedaron, además de la responsabilidad civil del Estado, la función social de la propiedad, la regulación de la fertilización post mortem, la gestación por sustitución (alquiler de vientres) y la protección del embrión no implantado, que será motivo de una ley especial. Estos tres últimos cambios fueron un reclamo de la Iglesia Católica, junto con la modificación del artículo 19, que quedó redactado así: “Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Se eliminó la segunda oración, donde establecía que “en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer”. Esa modificación fue celebrada por Negre de Alonso, vinculada con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y despertó las críticas encendidas de la UCR. En algunos integrantes del bloque del Frente para la Victoria también despertó enojo la modificación de último momento, especialmente en la jefa de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, que soltó un insulto por la bronca.

Cerca del titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (encargado de articular los reclamos de sectores de la oposición), aseguraban que las modificaciones contaban con el aval oficial.

“No vamos a acompañar el dictamen del oficialismo porque entendemos que en esta última etapa ha habido una decisión que ha roto la posibilidad de consenso”, argumentó el senador Ernesto Sanz. Mediante un comunicado, la UCR advirtió que el proyecto de ley “limita la responsabilidad del Estado y de los funcionarios” y criticó al kirchnerismo por “las concesiones que hizo con temas de fondo, como dejar sin efecto práctico la fertilización humana asistida o negar el derecho al agua”. “El oficialismo ha impuesto su vocación de unificar los Códigos Civil y Comercial cueste lo que cueste.”

Señaló que el radicalismo presentará su propio dictamen y votará en contra.

En una línea parecida, el FAP también adelantó su rechazo. “La grave mutilación que se ha hecho al Código Civil impide que nuestra fuerza política acompañe el proyecto de reforma, imposibilitando, así, la posibilidad de sancionar un nuevo código con un amplio acuerdo político y social adecuado a las nuevas exigencias de nuestro pueblo, América latina y el resto del mundo”, señalaron los diputados y senadores del socialismo, el GEN, el Frente Cívico cordobés, Libres del Sur y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.

El diputado del PRO Pablo Tonelli criticó el “apuro en el final del proceso” y advirtió sobre la “ambigüedad” de algunos artículos. “Siento que éste es el código del FpV. Que hay muchas cuestiones en las que ni siquiera hemos sido escuchados como representantes del pueblo”, se quejó la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, que por otro lado reivindicó el trabajo realizado por la comisión y rechazó las críticas por el supuesto “tratamiento exprés”. De todas maneras, Camaño anticipó que presentará su dictamen propio y enumeró una serie de diferencias, como una “peligrosa desnaturalización de la institución de la familia”.

En este contexto, el kirchnerismo quedó con muy poco respaldo por fuera de su propio bloque y sus aliados habituales. Sin embargo, en el Senado confían en que tendrán el número suficiente tanto para conseguir el quórum como para aprobar el proyecto. En Diputados se tratará el 4 de diciembre con la misma expectativa, para llegar al recambio legislativo del 10 de diciembre con el nuevo Código Civil y Comercial.