La Corte Suprema a pleno junto al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ayer, luego del encuentro en Tribunales.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, intentó llevar su espíritu dialoguista a la Corte Suprema, tribunal con el que el Gobierno en los últimos tiempos tuvo una relación cargada de cortocircuitos. El funcionario fue recibido por todos los jueces, que lo convocaron a un encuentro tras su asunción. Aunque desde ambos lados dijeron que fue una reunión meramente “protocolar”, la Corte no se privó de transmitir su malestar por algunos temas recurrentes, como las vacantes pendientes en el Poder Judicial, la “parálisis” del Consejo de la Magistratura y los mecanismos para la asignación y ejecución del presupuesto judicial. Cuando habló públicamente más tarde, Capitanich también dijo que el diálogo incluyó el Código Civil y Comercial.

Desde la Corte, la única voz oficial que se escuchó fue la del juez Carlos Fayt, quien –rodeado por movileros– a la salida de Tribunales sostuvo que la reunión había sido “muy generosa y muy importante lo que se dijo”. “Escuchamos la palabra del Poder Ejecutivo y el Ejecutivo escuchó nuestros reclamos”, contó el supremo, quien aprovechó la ocasión para recomendarles a los periodistas “decir la verdad y no adulterarla”.

Sobre la reunión de ayer, que empezó pasadas las 11.30 y no duró más de cuarenta minutos, cada una de las partes puso el énfasis en temas distintos: mientras la Corte informó que planteó descontento por las vacantes en tribunales, que rondan un 30 por ciento de cargos, y deslizó cierto malestar con las listas de conjueces para subrogar promovidas por el Poder Ejecutivo, desde la Jefatura de Gabinete hicieron hincapié en que se habló de cuestiones del manejo de presupuesto. Habitualmente es la jefatura de ministros la que tiene que habilitar las partidas cuando la Corte pide una asignación específica, como para los aumentos salariales. Del reclamo del gremio, que pide un 10 por ciento más del 25 que ya recibió este año, no se habló específicamente. Tampoco del monto presupuestario, pese a que el tribunal había anunciado que lo haría. La Corte, desde hace mucho, pide autonomía financiera para manejar el destino de sus fondos.

Que la Corte invite a Capitanich y le insista con quejas sobre las vacantes es un punto que genera dudas en algunos sectores judiciales, en especial teniendo en cuenta que –por ejemplo– el presidente Ricardo Lorenzetti les negó una reunión a los diez jueces de la nueva Cámara de Casación Penal ordinaria que ya están nombrados por decreto, pero no pueden empezar a trabajar porque no tienen edificio ni les toman juramento. El problema de la sede, según Lorenzetti, lo tiene que resolver el Consejo. Como informó este diario, el problema de los cargos vacíos en el Poder Judicial es harto complejo y la ineficiencia del organismo que debe hacer los concursos, palmaria. Este año el Consejo elevó tres ternas para jueces, dos se las devolvió el Ejecutivo por mal presentadas, la tercera es para un cargo aún no habilitado. Los concursos duran más de tres años y medio y todos los estamentos del organismo colaboran para que eso suceda: el kirchnerismo está partido, el radicalismo bloquea con frecuencia y lo hace a menudo en sociedad con los abogados y también con los jueces, que no parecen tan motivados por el discurso cortesano, excepto para negociar que las subrogancias se vuelvan a hacer con secretarios como en los viejos tiempos. Así, se llegó a diciembre sin consenso para una reforma interna que cambie el escenario.

Desde la Corte dijeron también que sus integrantes insistieron en su preocupación por la cuestión del narcotráfico y las deficiencias judiciales (falta de jueces) y de infraestructura en las provincias norteñas. Capitanich comentó, sin ofrecer detalles, que se habló del Código Civil y Comercial votado en el Senado, que Lorenzetti y su vice, Elena Highton de Nolasco (redactores del anteproyecto original), cuestionan. Por la mañana, el jefe de Gabinete anunció que quería hablar con los jueces de la Corte sobre la importancia de que se investigue penalmente a las policías provinciales y los saqueos, pero después nadie dijo en qué quedó el asunto.