Los conflictos que se vivieron durante la última semana en la mayoría de las provincias del país van a dejar consecuencias a largo plazo, aseguraban en la Casa Rosada. Las medidas de fuerza tomadas por efectivos policiales, acompañadas por saqueos presuntamente orquestados, despertaron la alarma en el Gobierno que, advertido del potencial factor desestabilizador de las fuerzas de seguridad para la democracia, ya está evaluando “cambiar el paradigma de la seguridad pública”, según advirtió ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El funcionario sostuvo que la situación actual “amerita una reforma muy profunda” en esas instituciones, y advirtió que “es un tema de competencia provincial”, el debate debería ser amplio y abarcar a todo el país. Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ratificó que se va a investigar a los “autores materiales e intelectuales” de los actos de violencia de los últimos días y se va a “caer con todo el rigor de la ley” sobre los responsables.

En la ronda de prensa que da cada mañana en la Casa de Gobierno, Capitanich hizo referencia a comenzar un “debate profundo de ese paradigma” de seguridad y “discutir el alcance respecto de cómo organizar las fuerzas de seguridad, que se dividen en preventivas, viales o penitenciarias”, pero también “modificar a las comisarías como lugares de detención de reclusos” y revisar la política carcelaria para que las prisiones “no sean para castigo, sino para seguridad”.

El funcionario también recordó que si bien “para la opinión pública la seguridad pública es un tema de competencia nacional”, en realidad se trata de un asunto de “competencia provincial” según la Constitución y la jurisprudencia, por lo que la responsabilidad de conducir a las fuerzas policiales recae en el poder político de cada distrito. “Lo que puede hacer el Estado nacional es establecer mecanismos de cooperación por petición de los gobiernos provinciales” en casos de emergencia, agregó. En el mismo sentido, una eventual reforma de la institución también debería recaer en manos de la conducción de cada distrito, aunque la pauta baje desde el gobierno central.

En el Gobierno observaron con preocupación el efecto dominó de las protestas policiales en las últimas jornadas y, particularmente, la posibilidad de que haya habido complicidad de las fuerzas amotinadas con los grupos organizados que participaron de los saqueos y otros hechos delictivos que sucedieron en paralelo. En ese sentido, fuentes gubernamentales advirtieron a Página/12 que “ya es evidente que no alcanza con parches y hay que repensar a la policía en el marco de un funcionamiento acorde con los treinta años de democracia y el Estado de Derecho”.

Por otra parte, Capitanich pidió a los gobernadores que desarrollen las negociaciones salariales en forma “racional y con prudencia”, temiendo un contagio de las peticiones policiales a otros sectores (ver página 4). “Ha habido un proceso de extorsión hacia quienes tienen que tomar decisiones, con una modalidad de negociación que puede distorsionar la política salarial del sector público”, dijo. “Es importante que todas las negociaciones salariales sean con la prudencia de entender que la política económica debe priorizar el crecimiento de la actividad económica y el equilibrio fiscal.”

El peso de la ley

Entre los mensajes y señales que emanaban desde Casa Rosada hacia las provincias estaba el de perseguir a los responsables de los hechos delictivos de los últimos días, tanto entre los policías amotinados como entre quienes participaron de robos y disturbios. “Se debe caer con todo el rigor de la ley no sólo con los autores materiales, sino también con los intelectuales”, dijo en ese sentido Capitanich. En ese sentido ayer continuaron las detenciones de personas vinculadas con los saqueos: Salta, con 130, y la provincia de Buenos Aires, con 160, fueron los lugares donde hubo más casos. Mientras tanto, los fiscales que conforman la comisión creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó continúan con las investigaciones que apuntan contra los policías insurrectos y sus vínculos con los grupos organizados que actuaron durante las protestas.

Ahora la lupa está puesta en cómo actuará el Poder Judicial sobre estos casos. Ayer, Berni reclamó “una importantísima investigación para identificar a los autores materiales e ideológicos” tanto de los saqueos como de los acuartelamientos policiales ocurridos en distintas provincias del país. Para el secretario de Seguridad, lo que hicieron los amotinados fue “lo peor que puede hacer la policía: extorsionar al poder político y usar de rehén a la población”. Ese “es el extremo del avance de un poder policial en forma sistemática sobre algunas provincias –agregó–. Estamos confiados en que la Justicia va a trabajar acompañando las tareas de seguridad nacionales y provinciales”.